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Más de 500 intendentes de todo el país respaldaron a Cristina Kirchner e intentaron presionar a la Justicia

Los jefes comunales de todo el país indicaron que el caso por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz es una persecución judicial contra la vicepresidenta.

 

Previo a conocerse el alegato final del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, 509 intendentes de todo el país se manifestaron a través de un comunicado para respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Para los fiscales que llevan adelante la causa -que la tiene como principal sospechosa por el delito de corrupción en la obra pública de Santa Cruz- la presidenta del Senado es la jefa de una asociación ilícita y por lo tanto mañana solicitarán una condena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Ante ello, intendentes de todo el país manifestaron que se usó el sistema judicial “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”. Los funcionarios que firmaron este comunicado son de las provincias de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Más de 500 intendentes de todo el país respaldaron a Cristina Kirchner e intentaron presionar a la Justicia

Además, indicaron que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.

En el mismo sentido, aseguraron que “las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país”. También llamaron a la reflexión de la comunidad en su conjunto para “rechazar prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.

Causa Vialidad: el apoyo de La Cámpora a Cristina Kirchner y presión a la Justicia

La Cámpora también le brindó su apoyó a la vicepresidenta realizando pintadas en distintas partes del Conurbano con la consigna “todos con Cristina” y publicó un video en la redes sociales en la que editó comentarios de un grupo de periodistas para formar una frase: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va armar”.

También fue el Partido Justicialista (PJ) quien a principios de agosto manifestó su apoyo y aseguró que la acusada se enfrenta a “una nueva embestida de la corporación judicial”. “Los compañeros del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires queremos brindarle nuestro apoyo unánime a la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ante una nueva embestida de la corporación judicial que responde a intereses partidarios vinculados a Mauricio Macri”, expresó el comunicado.

El senador nacional K Mariano Recalde respaldó a la vice Cristina Kirchner en medio del juicio por la causa Vialidad (Foto: captura Twitter @marianorecalde).
El senador nacional K Mariano Recalde respaldó a la vice Cristina Kirchner en medio del juicio por la causa Vialidad (Foto: captura Twitter @marianorecalde).

Los integrantes del consejo provincial del Partido Justicialista de Santa Fe también se sumaron y consideraron que el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz “atenta contra nuestra democracia, nuestra República y nuestro Estado de derecho”.

Fueron muchos funcionarios quienes la respaldaron y lo expresaron a través de sus redes sociales, como es el caso del senador Mariano Recalde, quien expresó en su cuenta de Twitter que “la persiguen por sus convicciones, por defender siempre los intereses del pueblo”.

La acusación de los fiscales

Para Diego Luciani y Sergio Mola está probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que comandó, desde su gobierno y el de Néstor Kirchner, un armado ilegal para que Lázaro Báez reciba la obra pública de Santa Cruz que cobró a sobreprecios, incumpliendo normativas y que además no terminó. En ese sentido, aclararon que también defraudó al Estado Nacional.

El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”.

 

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