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Opinión

Los factores detrás de la imparable escalada de piquetes y protestas callejeras

Columnista invitado (*) | En lo que va de 2021 hubo 5.851 bloqueos y se acerca al récord de 2014 en el que hubo 6.800 cortes.

Los últimos tres meses fueron los de mayor cantidad de cortes en seis años. Hay que remontarse a junio de 2015 para encontrar un mes en el que se registraran más de 700 piquetes en Argentina. Por tercer mes consecutivo en lo que va de 2021, se ha superado esa cifra: 703 en septiembre, 708 en octubre y 723 en noviembre, revela el nuevo informe de Diagnóstico Político.

Lejos de representar casos aislados, esos récords son más bien los picos –hasta el momento- de una curva que ha ido en imparable ascenso durante un año en el que ya se cuentan 5.851 bloqueos. La notable escalada no solo implica un salto con relación al año pasado (4.504 piquetes en todo 2020), sino que, de mantenerse la progresión, el registro de 2021 quedaría muy cerca de los 6.800 cortes contabilizados en 2014, mayor cifra anual desde que se mide este indicador. La magnitud y la evolución reflejada por estos datos ponen bajo la lupa al menos dos factores relevantes.

El primero es que, al agudizarse la crisis socioeconómica -principal causa propiciadora de la conflictividad que se manifiesta en las calles-, se exacerbaron las tensiones y demandas de las organizaciones sociales.

Esto se hizo evidente, por un lado, con el incremento de las protestas de grupos piqueteros ligados a partidos de izquierda. En el marco de una prolongada campaña electoral, estos lógicamente intensificaron sus movilizaciones de oposición al gobierno, en reclamo de mayor asistencia social y bajo las habituales proclamas de lucha “contra el ajuste” y “contra el acuerdo con el FMI”.

Y por otro lado, afloraron las crecientes fisuras entre las distintas vertientes de organizaciones sociales oficialistas, algunas de las cuales incluso tienen a sus referentes en cargos relevantes dentro de la estructura gubernamental. Con la disputa, como telón de fondo, por el manejo de mayores recursos, planes y programas asistenciales concentrados en el ministerio de Desarrollo Social nacional, desde estos sectores también recurrieron a la protesta callejera para contener a sus bases ante el duro contexto.

En el interior también aumentó la protesta social y los piquetes

Además, una dinámica similar se reprodujo en distritos del interior que en los últimos años habían registrado menor propensión al conflicto piquetero. Fue el caso, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, donde mes a mes se fueron intensificando los reclamos de ayuda alimentaria o las pujas por el reparto de fondos entre distintas organizaciones, ya sea alineadas con el gobierno provincial, el nacional o con partidos de izquierda.

En consideración de lo antedicho, resultó bastante congruente que las organizaciones sociales en conjunto se consolidaran estadísticamente como el actor que ha provocado la mayor cantidad de piquetes durante todo el año en el país, muy por encima de otros actores como las organizaciones sindicales o los vecinos autoconvocados.

El segundo factor de análisis tiene que ver con la respuesta oficial ante ese ataque sistemático que sufre la mayoría de la ciudadanía a su derecho a transitar libremente por la vía pública. Hace años que la postura práctica de las autoridades al respecto alterna entre la inacción o la complicidad, según sea el signo político del que gobierne el país o el distrito en cuestión.

Lo que constituye un agravante, que torna el cuadro de situación mucho más sombrío aún, radica en el hecho de que sea el mismo Estado el que propicia y legitima la ilegalidad, alimentando así un auténtico círculo vicioso interminable.

El Puente Pueyrredón y el ministerio de Desarrollo Social sobre la 9 de Julio, puntos calientes de las protestas. (Foto: captura de TN).
El Puente Pueyrredón y el ministerio de Desarrollo Social sobre la 9 de Julio, puntos calientes de las protestas. (Foto: captura de TN).

Aquí debe enfatizarse lo ya señalado respecto a la singular lógica que ha adquirido la relación entre algunas organizaciones piqueteras y los gobiernos. Un fenómeno sin parangón en otras latitudes, por el que los líderes de las organizaciones que impiden de manera violenta a los ciudadanos ir a trabajar o a estudiar, no solo reciben como recompensa millonarias sumas de fondos públicos para administrar, sino que, además, logran ocupar cargos de máxima importancia en ministerios nacionales y provinciales.

En este sentido, sobresale la coherencia ideológica que ha identificado a los gobiernos kirchneristas en su lisa y llana colisión con el Estado de derecho y las instituciones republicanas. Haber promovido los piquetes constituye un eslabón más en la secuencia de ruptura con el ordenamiento jurídico desplegada desde los inicios de este movimiento político, en cuanto resulta nítidamente asociable con otros hechos del presente: la liberación masiva de delincuentes, la complicidad con las tomas de tierras, o con los ataques en el sur de grupos terroristas que incluso disputan la soberanía nacional.

En todas esas situaciones, de carácter similar por ser también atentatorias contra la seguridad y el orden público, el patrón es el mismo. Un gobierno cuyos propios funcionarios son partícipes de los ataques contra los fundamentos mismos del Estado.

Sin embargo, no puede soslayarse -como una parte del problema- la carencia de un verdadero contrapeso político. Los cuatro años de intervalo al extenso ciclo kirchnerista no mostraron en el gobierno de Cambiemos una voluntad política firme, que pudiera traducirse en líneas consistentes de acción acordes con la magnitud de los problemas. No solo hubo errores, sino también una inaceptable ambivalencia.

De este modo, no resultó nada sorprendente que el debate electoral en la reciente campaña haya mostrado a las dos principales fuerzas políticas con discursos que, en el mejor de los casos, poco tenían que ver con los problemas más estructurales. Y aunque es cierto que detener el plan kirchnerista de acrecentar su poder en el Congreso se presentó como un objetivo políticamente crucial, lejos se queda con ese logro de aportar algo de luz en el horizonte de un país que tiene el rumbo extraviado hace mucho.

Lo que es seguro es que ningún país puede reconstituirse desde la anomía y el caos. La señal de que resulta gratuito violar las leyes ya es inequívoca y sus consecuencias tendrán perdurabilidad.

* Roberto Chiti es director de Análisis de Diagnóstico Político

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