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CORRUPCION

Máquinas trituradoras de papel, 40 carpetas y una sospecha de espionaje ilegal conmueve a toda la política de Santa Fe

Allanaron oficinas del ministerio de Seguridad y encontraron pruebas de escuchas ilegales a empresarios, políticos y periodistas. El gobernador viajó de urgencia en helicóptero a Rosario y podría haber detenciones

Si las 40 carpetas que se incautaron de las oficinas del ministerio de Seguridad de Santa Fe son la evidencia de que funcionaba un centro de inteligencia ilegal para extorsionar a opositores políticos, la provincia está a las puertas del más grave episodio institucional de los últimos 38 años.

La única comparación que se hace en la provincia de algo parecido se remonta a los tiempos de la dictadura militar, donde la inteligencia del Estado estaba al servicio de los intereses de demolición de rivales.

“Esto recién empieza”, confió una fuente cercana a la investigación al revelar en off detalles de los documentos encontrados en la tarde del viernes, cuando desde un juzgado se decidió adelantar unos procedimientos que estaban previstos para la semana próxima.

Los allanamientos sorpresivos a las sedes del ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en Santa Fe, ubicados en las sedes de la propia Gobernación santafesina, se justificaron en la necesidad de impedir que se siguieran destruyendo documentos de lo que sería el funcionamiento de un centro de inteligencia ilegal.

La posible filtración de esas “visitas”, que nadie quiere denominar técnicamente allanamientos, habría motivado el trabajo de una máquina trituradora de papeles, que funcionaba a full cuando llegaron a las oficinas. El papel triturado hallado demostró que estaba a pleno la tarea de destrucción de documentos.

No obstante, se encontraron unas 40 carpetas con datos del perfil y detalle de conversaciones telefónicas de empresarios, políticos y periodistas. Entre los nombres aparecen dirigentes de todos los partidos, del oficialismo y de la oposición, e incluso de varios integrantes del actual gabinete del gobernador Omar Perotti“Casualmente los que se peleaban con Sain”, revelaron.

En el listado que comenzará a circular informalmente aparecen un empresario de medios de la ciudad de Rosario, otro dedicado al negocio del turismo y todos los principales referentes del principal grupo de la salud de Rosario.

Un viaje urgente en helicóptero

Los allanamientos realizados este viernes en la capital provincial y en Rosario alteraron el clima político en Santa Fe. Los allanamientos a las sedes del ministerio de Seguridad se produjeron en medio de un clima de recrudecimiento de los hechos de violencia urbana con balaceras y homicidios no esclarecidos y la convocatoria a marchas de protesta como la que habrá este domingo a las 18 en el Monumento.

El gobernador se vio sorprendido por la medida judicial y viajó de urgencia de Santa Fe a Rosario en helicóptero para involucrarse directamente en el tema.

A las pocas horas de conocido que en el allanamiento se encontraron carpetas que probarían el supuesto espionaje y que se secuestraron seis teléfonos celulares, todo el equipo del ministerio de Seguridad que había armado el ex ministro Sain fue relevado de sus funciones o presentó su renuncia. Son más de diez los que dejan sus cargos.

Ese cambio era un secreto a voces que se iba a producir de todos modos, aunque se vio apresurado por la intervención judicial. Ahora el ministro que sucedió a Sain, Jorge Lagna, deberá armar un nuevo equipo de trabajo para ese ministerio.

Mientras, la paradoja es que su antiguo jefe y responsable de esta supuesta central de espionaje ilegal fue confirmado en la semana como asesor del ministerio de Seguridad nacional que conduce Aníbal Fernández.

Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa FeMarcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe

Qué se investiga

Lo que se investiga en Santa no tiene que ver tanto con la inseguridad, como con los manejos de quienes estuvieron a cargo de esa cartera.

Puntualmente ahora un fiscal de Santa Fe ordenó allanar las oficinas por dos causas: el supuesto espionaje ilegal, que incluso viene siendo denunciado en la Legislatura por el senador Armando Traferri desde hace varios meses, y una cuestionada licitación para la compra de armas.

El procedimiento fue realizado por el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, que antes presidió Sain, a raíz de una causa que llevan adelante los fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

A poco de comenzado el procedimiento y enterado de la movida, llegó al lugar el actual ministro de Seguridad Jorge Lagna, que no estaría investigado en la causa. Distinta es la situación de los funcionarios porteños que llegaron con Sain y seguían en funciones, quienes más tarde presentaron sus renuncias.

Entre los celulares que se secuestraron en los allanamientos está el de Germán Montenegro, segundo funcionario en jerarquía del ex ministro Marcelo Sain.

Además del material físico, habría testimonios de personal del ministerio que habría admitido que eran obligados a realizaron grabaciones de comunicaciones telefónicas.

¿Qué puede pasar?

Quienes siguen de cerca la investigación aseguran que además de conocerse el detalle de las personas espiadas, en los próximos días podría haber denuncias en base a las evidencias secuestradas e incluso “detenciones múltiples”.

Los más arriesgados aseguran que, con distinto grado de responsabilidad, esto tendría que llevar a la cárcel a los mentores del espionaje, bajo la acusación de haber violado la ley nacional de inteligencia, ordenando o posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia.

Esa norma prohíbe expresamente la obtención de información, realización de tareas de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.

También podrían ser acusados de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según los cálculos que se hacen, cada uno de estos delitos en concurso real tiene penas no excarcelables que van de 3 a 10 años, con lo que si son 40 las carpetas encontradas, habría que ver cuántos delitos se consumaron.

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