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CORRUPCION

La Auditoría evalúa denunciar a Macri por el reparto de la publicidad oficial

La mayoría oficialista asegura que no hubo criterios objetivos para privilegiar a un grupo de medios y a una empresa en la promoción de vía pública. El estudio abarca 2017 y 2018.

La mayoría oficialista de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre el reparto de publicidad oficial durante 2017 y 2018 y evalúa realizar una denuncia penal ante presuntos hechos de corrupción. El informe concluye en que el jefe de Gabinete Marcos Peña no pudo determinar criterios objetivos en la distribución de fondos, los concentró en 8 medios y privilegió a una empresa en la promoción de vía pública.

 

El cuarteto que responde al Frente de Todos lo integran los auditores generales María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada. El presidente Jesús Rodríguez, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva son la minoría de Cambiemos.

 

El informe que abrió polémica en la última reunión fue el Programa 19 “Prensa y Difusión de Actos de Gobierno” en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros y la Secretaría de la Comunicación, a cargo de Marcos Peña. Abarcó el ejercicio 2017 y el primer trimestre de 2018, porque las cuentas de 2016 son las únicas que Macri tiene aprobadas por la AGN.

 

El estudio incluyó la auditoría en la contratación de servicios técnicos y profesionales y las estrategias de comunicación directa y vínculo con el ciudadano, mediante redes sociales y otras formas de comunicación electrónica (SMS; WhatsApp; email, etc.).

 

Los auditores oficialistas detectaron “imprecisiones o información incompleta” y un “análisis limitado respecto a la gestión de la entonces Subsecretaría de Vínculo Ciudadano debido a su desaparición y a la inexistencia de un sector a cargo de sus funciones”.

 

“Se evidencian incumplimientos relacionados con la planificación de la publicidad oficial, en particular, en lo referido a la inexistencia de un documento aprobado que defina la estrategia anual de comunicación, incumpliéndose de esta manera con el artículo 1° del Anexo a la Resolución 617-E/16”, señalaron.

 

Otra irregularidad fue la ausencia de un Plan Anual de Publicidad Oficial que enuncie las campañas presentadas por los organismos del Sector Público por lo que se incumplen los requisitos exigidos por los artículos 5° y 6° de la Resolución 247-E/16.

 

“De esta manera, se impide evaluar la razonabilidad del análisis que en cada caso haya efectuado la autoridad administrativa al momento de ponderar la admisión o rechazo de las propuestas presentadas por los organismos del Sector Público Nacional conforme lo establece la normativa aplicable”, destacaron.

En 2017 ocho medios recibieron el 48,9% del total de órdenes de publicidad equivalente a 1053,7 millones de pesos, siendo el principal beneficiario el grupo Clarín. En ese año, Latin American recibió el 40% del gasto total en publicidad oficial para vía pública.

 

También se verificaron también incumplimientos referidos a la aplicación de criterios objetivos para la asignación de partidas a las distintas publicaciones y/o medio por campaña, que rigen la distribución de la pauta oficial. Y se comprobó la ausencia de controles de emisión de la pauta publicitaria, siendo la certificación del servicio responsabilidad del proveedor, quien la realiza mediante una declaración jurada.

 

 

 

“El auditado informó que no efectúa controles sobre la prestación efectiva del servicio, sino controles sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación acompañada a efectos de realizar el pago. Asimismo, se pudo constatar la falta de acreditación de los criterios objetivos aplicados para la asignación de la pauta oficial a las firmas comercializadoras de espacios publicitarios en vía pública”, señala el informe.

 

De los datos relevados, se desprende que la firma Latin American Comunication SA, durante el ejercicio 2017 recibió el 40% del gasto total en publicidad oficial para vía pública, representando un monto de 118,6 millones de pesos, importe que supera en aproximadamente un 1.200 % el monto asignado a la firma proveedora ubicada en segundo orden de prelación.

 

“Se establece que fueron transgredidas las normas que rigen la ejecución presupuestaria al no registrar gastos del periodo 2017 por un monto de 584,5 millones de pesos de la Partida 3.6 “Publicidad y Propaganda”, importe que representa el 27% del presupuesto aprobado para ese año”, concluyen.

 

Del análisis efectuado surge que 14.067 órdenes de publicidad no se registraron en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 -período en el que efectivamente se emitió la Orden de Publicidad, ejecutó el servicio y facturó-, sino que fueron registradas en el año 2018 como si esos hechos hubieran ocurrido recién en ese ejercicio.

 

“Se emitieron órdenes de publicidad sin contar con crédito disponible en el presupuesto del organismo vulnerando principios de orden financiero, incumpliendo la Ley de Presupuesto, la Ley 24.156 de Administración Financiera que en su art. 33 estipula que: ‘no se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios'”.

 

También se relevó que en la campaña “Haciendo lo que Hay que Hacer”, la cual representó el 45% de la ejecución presupuestaria del año 2017, se emitieron órdenes de publicidad sin contar con la aprobación del crédito presupuestario.

 

El informe destaca que se evidencian imprecisiones y vacíos normativos de la Resolución 617-E/16 que regula el procedimiento para el trámite de la contratación de publicidad institucional limitando la posibilidad de realizar una gestión eficaz y efectiva, además de dar lugar a una mayor discrecionalidad, así como las debilidades y deficiencias detectadas en las contrataciones del auditado.

 

En el marco de las irregularidades expuestas previamente, por decisión administrativa 448/09, en el año 2017, ocho medios recibieron el 48,9% del total de órdenes de publicidad equivalente a 1053,7 millones de pesos, siendo el principal beneficiario el grupo Clarín.

 

Una vez aprobado el informe, por la totalidad del Colegio de Auditores Generales, fue remitido a la Secretaría Legal e Institucional de la AGN para que evalúe la posible presentación de una denuncia penal ante la Justicia.

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