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Causa Correo Argentino: la Asociación de Fiscales exhortó a la dirigencia política a mantener “prudencia” sobre la actuación judicial

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) salió este martes a respaldar a la fiscal a cargo de la causa por la quiebra del Correo, Gabriela Boquín, al exhortar a “toda la dirigencia política” para que guarde una “prudencia especial” a la hora de criticar a funcionarios judiciales por su actuación en causas, y cuestionar las “acusaciones mediáticas” de la que fue objeto.

”Hemos observado que recientemente la fiscal general Gabriela Fernanda Boquín fue destinataria de acusaciones mediáticas por una supuesta persecución judicial a un referente político, ataque que aparentemente sólo tiene la intención de desacreditar su tarea”, advirtió el comunicado firmado por el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Carlos Rívolo, y la secretaria general, Susana Pernías.

Según se resaltó, el pronunciamiento contra las críticas a Boquín “en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial”. ”Por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional”, se agregó.

El ex presidente Mauricio Macri había dicho el fin de semana que se estaba buscando una venganza sobre él y su familia a través de la causa Correo y afirmó que “la fiscal Gabriela Boquín rechazó todas las propuestas de pago hechas por Correo Argentino y solo se preocupó por perseguir su quiebra. La fiscal no quiere que el Estado Nacional cobre, quiere que el Correo Argentino quiebre. Es raro, este no es el comportamiento que tiene con otras empresas. De hecho, es todo lo contrario a lo que hizo con OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López”.

Ayer la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la empresa, en el marco de la causa que lleva ya 20 años de trámite. Lo hizo al rechazar al Estado como un “acreedor hostil” como sostuvo la empresa.

En ese contexto, la Asociación de Fiscales salió a pronunciarse haciendo el foco en Boquin, pero sin identificar dirigentes políticos. Es más el texto parece aludir a los dos lados de la grieta sobre sus declaraciones en torno al rol de los funcionarios judiciales.

La entidad cuestionó “este tipo de agresiones mediáticas improcedentes, que se vienen profundizando desde hace tiempo” y “están dirigidas a crear una versión interesada de los hechos, la que muchas veces no se encuentra respaldada por las constancias obrantes en causas judiciales”. Los fiscales advirtieron que esta situación implica “una intolerable injerencia que afecta directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”.

Los fiscales resaltaron que ya han advertido que “durante el trámite de las causas judiciales sus procesos parlamentarios con particular trascendencia social distintos funcionarios públicos o dirigentes políticos no trepidan en descalificar la persona de las y los fiscales con términos degradantes adjudicándole sin tensiones parciales y hasta delictivas basándose en datos muchas veces tergiversados y que no fueron sometidos a un previo lógico tamiz de verosimilitud como lo exige un Estado de derecho”.

Mauricio MacriMauricio Macri

El comunicado afirmó que “en ese marco hemos observado que recientemente la fiscal Gabriela Fernanda Boquin fue destinataria de acusaciones mediáticas por una supuesta persecución judicial a un referente político ataque que aparentemente sólo tiene intención de desacreditar su tarea por ello exhortamos a toda la dirigencia política una provincia especial cuando deban cuestionar actuaciones procesales debiendo previamente canalizar las impugnaciones en los estrados judiciales o administrativos” pertinentes.

“Este llamado de atención en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa ningún fiscal o magistrado judicial por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de institucionalidad ilegalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional”, se agregó.

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