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Alberto anunció jurados populares, pero no confirmó si se usarán para casos de corrupción

No hay consenso sobre si puede aplicarse a delitos de penas bajas, como los fraudes al Estado. Un comité de expertos sugirió veredictos unánimes, pero en Cambiemos no hay acuerdo.

Alberto Fernández incluyó en el paquete de leyes judiciales que enviará al Congreso la regulación del juicio por jurados, que si bien está incorporado en la Constitución desde 1853 nunca se puso en práctica y si funciona en siete provincias para los pleitos locales.

Fue una de las propuestas que estudió el comité de expertos jurídicos convocado por el presidente, aunque no llegó a un acuerdo sobre la pena mínima para su aplicación, una definición clave para definir si se aplicará para casos de corrupción. En Cambiemos tampoco hay consenso sobre los alcances del sistema, porque un sector no quiere que haya veredictos por unanimidad, como sucede con el sistema tradicional.

La ley incorporaría el juicio por jurados en la justicia federal, que investiga delitos como el narcotráfico, daños ambientales, conflictos previsionales, o casos de delitos contra el gobierno nacional, que son los de mayor repercusión mediática pero no los de penas más altas.

Tal vez por temor a esos asuntos, ningún Gobierno impulsó los jurados y esta vez tampoco será tan fácil llegar a una ley, aunque si el oficialismo cierra filas podría llegar con respaldo de eventuales aliados como el bloque de Córdoba, una de las 7 provincias donde se aplica el sistema.

En Cambiemos persisten las diferencias que hicieron públicas en 2018, cuando eran oficialismo y no lograron ponerse de acuerdo en un plenario de comisiones que había convocado la radical Gabriela Burgos, quien propone el sistema tradicional, con voto unánime, y lo ratificó con un nuevo proyecto de ley presentado el año pasado, firmado por una decena de sus compañeros de bloque.

Pronto presentará otro el radical Martín Berhongaray, quien como legislador provincial promovió el juicio por jurados en La Pampa con el objetivo de tomar los casos de corrupción local. Nunca fue considerado y buscará mejor suerte en el Congreso.

En el Comité de expertos jurídicos no hubo acuerdo sobre si es preferible aplicar los jurados para todos los delitos. Si sólo se aplica a las penas altas, no se usaría para casos de corrupción. Un sector de Cambiemos no quiere veredictos por unanimidad.

El ex ministro de Justicia Germán Garavano no estaba de acuerdo con el proyecto de Burgos pero siguen oponiéndose Luis Petri, de la UCR; y Pablo Tonelli, del PRO, quienes prefieren una mayoría más laxa, que puede ser la mitad más uno o tres cuartos. Pero nunca la totalidad de los jurados.

Entre los expertos jurídicos primó el planteo que lo mejor es la unanimidad, a excepción de Hilda Kogan, que propuso circunscribirla a casos de penas de prisión perpetua y para el resto una mayoría de 10 de los 12 miembros, como ocurre en Buenos Aires. En Neuquén pueden salir fallos con el voto de 8 sobre 12.

Quienes defienden la unanimidad la justifican en que el 90% de los casos se logra sin problemas y en los pocos que no es posible si llama a otro jurado y por lo general se consigue. Algunos juristas sugirieron que si no hay un veredicto con velocidad intervenga el Ministerio Público, posibilidad descartada por el Gobierno mientras ocupe el cargo el interino Eduardo Casal.

Alberto Fernández con León Arslanián.

Entre los especialistas convocados por el presidente si hubo consenso en que haya entre 4 y 6 suplentes y que la única excepción serían los procesos que involucran a los adolescentes de entre 16 y 18 años. Pero no  sobre si es conveniente aplicarlo para todos los delitos, una decisión clave para saber si se usará para los que investiguen corrupción.

José Beraldi, quien fue abogado de Cristina Kirchner, planteó que en una primera etapa los jurados sólo se apliquen para los casos con una pena superior a 12 años, opinión compartida por Marisa Herrera, Claudia Beatriz Sbdar, Gustavo Ferreyra y Omar Palermo.

Es justo la pena que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la causa que investigó la corrupción con obra pública. La AFIP había pedido ocho, o sea, hubiera quedado afuera de la posibilidad de ser juzgado por un jurado popular.

León Arslanián fue más lejos y reclamó que la competencia de los jurados “no sea inferior a la pena de quince años de prisión”, como ocurre en la provincia de Buenos Aires y Neuquén. No así en Córdoba, donde se aplica para las denuncias de corrupción.

En ese sentido fue el planteo de Andrés Gil Domínguez en el comité de especialistas, donde propuso habilitar tribunales populares para delitos con condenas de 6 años, por considerar que “existe una relación directa entre la defensa del sistema democrático prevista por el artículo 36, párrafo quinto de la Constitución respecto de los ‘delitos de corrupción’ y la institución del juicio por jurado”.

Gabriela Burgos.

Una postura similar tuvo Inés Weinberg de Roca, ex candidata de Mauricio Macri para la procuración general. Los legisladores del oficialismo no están muy seguros. “Sin duda que deben juzgarse todos los delitos, pero se requiere un tiempo de adaptación. Con 6 años, entrarían todos los casos y no habrá estructura que aguante”, sostienen, mientras que esperan el texto del presidente, que nadie conoce.

Los juristas coincidieron en que los jurados tengan entre 21 y 75 años y sólo alcanzaría con saber leer y escribir, sin ningún conocimiento en derecho. Sólo Kogan y María del Carmen Battani pidieron que sea desde 18 y una instrucción básica sobre el desarrollo del proceso y las tareas que deberán realizar los jurados.

Claro que los jurados pueden ser recusados varias veces si algún antecedente lo involucra a los acusados, una situación que puede repetirse en casos con resonancia política. Por eso la ley necesita muchos recaudos. Y todavía no se conoce.

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