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La oposición exige que el toque de queda vaya al Congreso y preparan una “avalancha” de amparos

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Ante la escalada de contagios Alberto Fernández anunciaría hoy un “toque de queda sanitario” que regirá en todo el país a partir de las 23 horas. Desde la oposición reclaman que la medida pase por el Congreso y empresarios del entretenimiento anunciaron que preparan presentaciones judiciales para frenar su ejecución.

El sector del entretenimiento es uno de los más golpeados desde que empezó la pandemia: los locales nocturnos solo pudieron abrir como restaurantes en algunas provincias, mientras que la gastronomía funciona con público restringido. Es por eso que quieren evitar a toda costa tener que cerrar sus puertas en el horario de mayor afluencia de clientes. Además, temen que la medida lleve a que se produzcan aglomeraciones en las puertas de los restaurantes.

Cafiero confirmó que desde el viernes rige el toque de queda nocturno

“Muchos sectores soportaron más de seis meses cerrados sin ningún tipo de ingreso, y ahora el estado parece encontrar la solución en cortar una brecha horaria en los sectores que prestan servicio de noche como si fueran los culpables, cuando claramente es mejor el ‘Control’ que el ‘Descontrol’, un hecho que ya se vivió desde el comienzo de la cuarentena, donde el gobierno no pudo poner orden en la cantidad de fiestas clandestinas y reuniones privadas”, se quejaron desde IDEAR, la cámara que nuclea a la industria del entretenimiento.

Los contagios no conocen de horas. ¿Acaso existe mayor transmisión del virus cuando cae el sol?. El toque de queda priva a las personas de su medio de vida, haciendo peligrar sus fuentes de ingreso.

“Los derechos humanos no son absolutos, todos están sujetos a reglamentación y por ende a restricciones. La restricción impone su sometimiento a un control de cuatro aristas: la excepcionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y provisionalidad”, le dijo a LPO Martín Francolino, que representa a IDEAR.

El abogado está a la espera del decreto presidencial para presentar una cautelar que le permita a los locales seguir funcionando. “Los contagios no conocen de horas. ¿Acaso existe mayor transmisión del virus cuando cae el sol?”, se preguntó Francolino. “El toque de queda priva a las personas de su medio de vida, haciendo peligrar sus fuentes de ingreso”, agregó.

En la oposición también salieron a criticar la medida, que fue consensuada con los gobernadores y reclaman que pase por el parlamento. 

“El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!”, criticó Patricia Bullrich.

La diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña también apuntó contra la medida. “El toque de queda sanitario es una medida extrema y peligrosa para las libertades. Ya hemos tenido arrestos y desapariciones durante el confinamiento dictado por el Presidente en el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”, aseguró.

“Las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo. 

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Politica

El Presidente recibió a los padres de Fernando Báez sosa a un año de su asesinato

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El Presidente recibió a los padres de Fernando Báez Sosa, el joven que perdió la vida hace un año, en la salida de un boliche de Villa Gesell.


A casi un año del fallecimiento de Fernando Báez Sosa, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió en su despacho de la Casa Rosada a Silvio Báez y Graciela Sosa, padre y madre del joven que fue asesinado a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell.


En el encuentro también estuvieron presentes el legislador Leandro Santoro y el miembro del Observatorio de Víctimas del Delito y sobreviviente de la Masacre de Flores, Matías Bagnato.


El mismo se da a casi un año del brutal crimen donde el joven estudiante de Derecho en la UBA perdió la vida, hecho por el cual hay ocho rugbiers detenidos. Para el domingo sus padres están organizando una colecta solidaria en su honor, mediante la cual se buscará útiles escolares y alimentos no perecederos. La cita es el domingo 17 de enero de 10 a 19 horas en el Parque Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito.

En el flyer oficial de la colecta se pide desinfectar todos los elementos que se vayan a donar, mientras que también se aclara: “No abrimos cuentas para depositar dinero. Tampoco convocamos a una marcha porque queremos evitar las concentraciones de gente ”. La misma está guiada bajo el lema “a vos que diste todo y te sacaron todo”.

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Politica

Fernández promulgó el aborto legal: “Estamos haciendo una sociedad más igualitaria y más justa”

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La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedó promulgada este tarde en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. “Estamos haciendo una sociedad más igualitaria y más justa”, sostuvo al hablar de la norma que amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.



“Hoy es un día de felicidad para todos porque estamos haciendo una sociedad más igualitaria y más justa y lo hicimos entre todos y todas. Para mí es un día de felicidad y algo más, porque cumplí mi palabra. Hice campaña diciendo que iba a trabajar por esta ley y hoy lo conseguimos”, afirmó el mandatario.

Acompañaron al Presidente, durante la presentación, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la Secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra y los ministros de Salud, Ginés González García y de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta.

“Hoy para muchas mujeres es la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito”, continuó y aseguró que “las mujeres son las primeras víctimas de la desigualdad”

“Muchos hombres nos sentimos muy mal con esa desigualdad y claramente no nos gusta. Hoy estamos dando un paso para que la sociedad sea un poquito más igual”, destacó Alberto Fernández.

La ceremonia reunió a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional.

Así pudo verse al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien sostuvo que la ley de legalización del aborto “era una fuerte deuda de la democracia con las mujeres”, y destacó que existe “una enorme expectativa porque una vez promulgada es un derecho que debe garantizar el sistema de salud para las mujeres en todo el país”.

También asistieron militantes de la Campaña nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y algunas de las pioneras como Dora Barrancos, también asesora presidencial, Martha Rosenberg, Nina Brugo, Marta Alanis y Nelly “Pila” Minyersky.

También dijo presente el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y legislador bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.

Impulsada por el Presidente -incluso desde antes de asumir el Gobierno-, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por el Senado el 30 de diciembre pasado, con el voto favorable de 39 legisladores y el rechazo de otros 29.

Ese día, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en disponer de una legislación de este tipo y se sumó a una lista de 66 naciones que permiten el aborto, mayoritariamente ubicadas en el hemisferio norte.

En el acto de hoy, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.

Hasta ese día Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de riesgo para la vida de la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el Plan de los 1.000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El objetivo es afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

La ley del aborto entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.

Establece que el aborto “se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional”, que fuera de ese plazo “sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

La norma avala también el derecho a ejercer la “objeción de conciencia” del profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo.

“Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación”, dispone la norma.

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Politica

Causa “Primer Cuerpo de Ejército”: once represores a juicio por crímenes de lesa humanidad

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El juez federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de once represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, investigados en el marco de la causa conocida como “Primer Cuerpo de Ejército”, informaron fuentes judiciales.

Seis de los imputados habrían actuado en el circuito represivo que tuvo por eje el centro clandestino de detención Mansión Seré; y cinco se habrían desempeñado en el centro de detención Cuatrerismo.

Los seis imputados por los crímenes del circuito represivo de lo que fuera la Subzona 16, a cargo de la Fuerza Aérea y conformada por los partidos de Morón, Merlo y Moreno, se suman a los dieciocho que ya fueron elevados a juicio por los mismos hechos y que resultaron condenados en el marco del juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.

Entre los nuevos detenidos elevados a juicio están el entonces Vicecomodoro de la Primera Brigada Aérea de Palomar Alejandro Noel Lazo, el Teniente Primero de la misma Brigada, Juan Carlos Herrera, y el entonces Cabo Primero José Juan Zyska; quienes fueron imputados por su actuación en Mansión Seré y por el cautiverio sufrido por víctimas en la Brigada Aérea de Palomar, donde también funcionó un centro de detención clandestino.

Entre los juzgados también están Ernesto Rafael Lynch, quien ocupaba el cargo de Capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno donde también se habría alojado a detenidos ilegales; el Cabo Primero Julio César Leston, y el Personal Civil de Inteligencia Arturo Rafael Giménez, ambos de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron responsabilizados como autores de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a las personas alojadas en la Comisaría de Castelar, donde funcionaba uno de los más cruentos centros de tortura del circuito represivo.

En la elevación a juicio, Rafecas tuvo por probado el cautiverio de ciento veintisiete víctimas y el funcionamiento como centro clandestino de al menos tres Brigadas Aéreas (Palomar, Morón y Moreno) y seis Comisarías, en donde las víctimas eran sometidas a salvajes torturas

En la resolución se señaló que la VIII Brigada Aérea de Moreno, que hasta el momento no tenía visibilidad concreta como centro de detención, constituyó un lugar de torturas y que también de ella dependían la Comisaría de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey la Subcomisaría de Francisco Álvarez.

Por otro lado, se hizo una descripción de la actuación de las llamadas “Tres Marías”, denominación que habría sido asignada a tres camionetas de la Fuerza Aérea que bajo el mando del Capitán Lynch patrullaban las calles y secuestraban a las víctimas.

En el marco de la misma megacausa que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura, bajo el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, el Juez Rafecas elevó a juicio el tramo referido al centro clandestino de detención Cuatrerismo, que funcionó en la llamada zona de Puente 12, en La Matanza, incluso desde antes del golpe de Estado.

Esa elevación abarca a cinco Oficiales de Policía de provincia que se desempeñaron en el centro clandestino, de los cuales uno de los imputados es el ex Oficial del Ejército, Enrique José del Pino, ya condenado por los crímenes cometidos en el circuito Atlético, Banco, Olimpo.

El juez Rafecas “tuvo por acreditado que Del Pino, como Teniente Primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, asistía a Cuatrerismo, en donde interrogaba a los detenidos bajo torturas”, señalaron fuentes judiciales.

El resto de los imputados son Enrique Osvaldo Gauna, en aquel momento Oficial Principal de la División Cuatrerismo; Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno, ambos por entonces Cabos de la misma División; y Néstor Alberto Ciaramella, por entonces Oficial de la División.

En la resolución el Juez repasó varios testimonios, a partir de los cuales pudo reconstruir que la División Cuatrerismo, funcionó bajo el mando del Comisario Inspector Juan Modesto Carabajal, fallecido en enero de 1977, exclusivamente como centro clandestino de detención, en donde los detenidos eran sometidos a condiciones inhumanas de cautiverio y a torturas físicas de tal salvajismo, que muchas víctimas murieron por la tortura.

Los cinco elevados a juicio se suman a las 16 personas procesadas por Rafecas por considerarlas responsables de los crímenes de Cuatrerismo, de los cuales 13 fueron ya elevados a juicio.

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