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Sociedad

Soto Dávila: Soy una persona íntegra y consciente de mi absoluta inocencia

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Carlos Soto Dávila fue imputado por su par Sergio Torres. Adelantó a una radio que se presentará el jueves a prestar declaración indagatoria porque es “inocente”.

El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila confirmó que el jueves se presentará ante su par de Buenos Aires, Sergio Torres, quien ordenó su detención y pidió su declaración indagatoria como acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes de la ciudad correntina de Itatí.

“Debo hacer lo que corresponde: presentarme a la citación que tengo para el día jueves”, dijo hoy Soto Dávila en declaraciones radiales al programa “Corrientes en el Aire” de la AM LT7.

“Por supuesto me voy a presentar, soy una persona íntegra y aparte de eso soy perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente en presentarme y lo voy a hacer”, remarcó el magistrado, quien aún está a cargo del Juzgado Federal 1 de la capital correntina.

Soto Dávila insistió en que tiene “absoluta tranquilidad” sobre su inocencia y dijo que no puede opinar sobre las detenciones concretadas esta mañana de sus secretarios, Pablo Molina y Federico Grau. También fueron arrestados cinco abogados y el ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone que, de hecho, ya está preso desde octubre.

A su vez, el magistrado subrayó que el pedido de detención y el llamado a indagatoria lo “tomó totalmente por sorpresa”, aunque aclaró que tiene “la conciencia tranquila”, según informó Télam.

Su arresto no se consumó porque tiene fueros debido a su cargo de juez federal. Para sacárselos se requeriría un juicio político. El juez Torres ya le pidió formalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación el desafuero del magistrado para poder detenerlo.

El magistrado tiene 72 años y ejerce la magistratura hace 22 años en uno de los juzgados federales de primera instancia de la capital correntina y es juez con competencia electoral en lo federal.

Testimonios de arrepentidos, escuchas telefónicas y documentación patrimonial variada convencieron al juez federal de Capital Sergio Torres de ordenar su indagatoria en el marco de una megacausa sobre el tráfico de marihuana a traves de la ciudad de Itatí.

Todo empezó cinco años atrás. En 2013 una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.

Ese fue el comienzo de la investigación a cargo de Torres y de un grupo de fiscales: Carlos Stornelli, Diego Iglesias -de la Procunar- y los correntinos Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.

Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes.

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Causa Sapucay: Ordenan detener al juez Soto Dávila de Corrientes

El escándalo del narcotráfico en Itatí, en Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Pero los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos, según el expediente, también habrían estado aceitados en el Poder Judicial. Ante el conjunto de pruebas, el juez Sergio Torres ordenó la detención del titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.

Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto. Para hacer efectiva su detención debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, donde acumula a lo largo de su trayectoria diez causas por mal desempeño que nunca prosperaron.

Molina fue detenido hoy a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes. El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Omar Serial, Humberto “Pochi” Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos narcos que operaban en Corrientes.

El juez federal Torres y su equipo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí; participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. Se trata de 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.

En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis “arrepentidos”, cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el juzgado federal N°1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.

El juez federal N°1 de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer a través de resoluciones judiciales ­ como excarcelaciones o exenciones de prisión­ a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín. Dos de sus secretarios, Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos, según precisaron aquellas fuentes.

Soto Dávila es juez federal desde el 7 de noviembre de 1996, y a lo largo de los 22 años que lleva al frente del juzgado acumuló seis pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, uno de ellos relacionado con este entramado, que nunca prosperó. Se sospecha que el magistrado y sus secretarios transformaron el juzgado federal de Corrientes en un centro de operaciones donde desde 2010 hasta 2017 se garantizó la impunidad a esta banda narco, a los que se le secuestraron 20 toneladas de marihuana en ese lapso. En la extensa investigación se detectaron los montos que los narcos habrían pagado por medio de sus abogados a los funcionarios del juzgado federal.
También se contrastaron las resoluciones judiciales que favorecieron a los narcos después que se ejecutaron los pagos.

Más allá de los “arreglos” espurios que tejían sus secretarios Grau y Molina, en la causa se destaca que el propio Soto Dávila negociaba cara a cara con el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, que fue detenido el 19 de octubre pasado. Como publicó La Nación el 13 de noviembre pasado, un arrepentido declaró ante el juez Torres que el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone compraba cocaína “para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistía el juez (Carlos) Soto Dávila y Grau”, secretario del juzgado, que fue suspendido por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2016. El otro secretario, Molina, fue procesado por “cohecho” en abril pasado y separado del cargo por decisión de la Cámara de Apelaciones.

La banda comandada por Marín ingresaba desde Paraguay grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían en por lo menos siete provincias. Para que esta organización pudiera funcionar de manera aceitada, como lo hizo hasta 2017, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia justicia federal.

Desde que se inició esta investigación se fueron desmantelando distintas capas estas complicidades que le daban las garantías a la banda para poder seguir operando. En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay fueron detenidos en marzo de 2017 el intendente de Itatí Natividad “Roger” Terán y el vice, Fabio Aquino, como así también el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz. Desde esa fecha hasta ahora hay 89 imputados cuyas causas fueron elevadas a juicio, 33 que están procesados y 10 personas que siguen con pedido de captura.

La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo. Los tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes ubicado a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay, principal productor de cannabis de
Sudamérica.

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Causa Sapucay: Detuvieron a dos secretarios del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes

El juez federal Sergio Torres dispuso desde Buenos Aires la detención de dos secretarios del Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Carlos Soto Dávila, además de tres abogados locales. Los funcionarios judiciales habrían facilitado la libertad o morigeración de penas para supuestos narcos involucrados en el operativo Sapucay, realizado en la localidad de Itatí.

El periodista de diario Norte de Corrientes, Marcelo Burchiski, confirmó para sudamericana la detención de tres abogados y dos funcionarios judiciales. Se trata de una serie de allanamientos ordenados por el Juez Sergio Torres, quien tiene a su cargo la megacausa que inició con el operativo Sapucay, en marzo de 2017.

Los funcionarios y los abogados fueron detenidos por haber participado en “supuestos acuerdos espurios para liberar o mejorar la situación procesal de los detenidos, involucrados en causas por narcotráfico”. Todos los detenidos serán trasladados a Buenos Aires en la jornada de hoy se prevé que mañana presten declaración ante el juez Torres.

Los funcionarios judiciales detenidos son dos de los secretarios del Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau. Asimismo, los abogados apresados en los operativos tienen los apellidos Vallejos, Giménez Serial y Barboza Galeano, involucrado en la causa.

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Trágica discusión: Mataron a un hombre en un taller mecánico en el barrio Mil Viviendas

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El trágico hecho ocurrió en la mañana de este miércoles en un taller mecánico ubicado en inmediaciones del monoblock 17 de las Mil Viviendas. Hay una persona fallecida, identificada como José Antonio Montpellier, quien era el propietario del negocio. El agresor, Andrés Cufre de 46, sería un cliente y habría utilizado un arma blanca para atacar a la víctima.

 

 

 

Al parecer Andres Cufre, llegó a verificar el trabajo que solicitó al mecánico, tras un desperfecto en su automóvil.

 

 

Una acalorada discusión terminó cuando el cliente, Andrés tomó un arma blanca e hirió al dueño matándolo casi al instante. También lesionó de gravedad  al hijo que intentó intervenir en la pelea.

 

 

El supuesto homicida sufrió un corte profundo en la cabeza tras ser herido por el hijo del mecánico. Minutos más tarde Andrés Cufre fue detenido y alojado en sede policial.

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Inauguran seccional de guardaparque y enripiado en Villa Olivari

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En la jornada de este miércoles, el Gobernador Gustavo Valdés dejó formalmente inaugurado la seccional de guardaparque y un tramo de 14 kilómetros de enripiado sobre ruta provincial 22 en la localidad de Villa Olivari.

Ambas actividades tuvieron lugar en el área de conservación Camby Retá, uno de los portales de ingreso a los esteros del Iberá.

La construcción tradicional de cuatro aguas consta de tres dormitorios, sanitario, cocina – comedor y Iiving; más el equipamiento básico: luz eléctrica, cocina a gas, heladera y agua potable.
Las obras de enripiado son de 34 kilómetros en total, de los cuales 14 están consolidados y en condiciones de transitar.

Se concretan mediante el FDR Fondo de Desarrollo Rural, esto permite además del acceso al Iberá, la vinculación con la producción, la salud y educación de los pobladores de la zona.

Acompañaron al Gobernador Valdés el ministro de Turismo Ctistian Piris, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas Klaus Liebig, el Intendente de Villa Olivari Roberto Salas, la presidente de la Asociación de Productores El Pombero Catalina Corrales, entre otras autoridades provinciales y municipales.

 

Ministro Piris

“Estamos en una ocasión especial en lo que tiene que ver con el turismo, el sábado inauguramos en Pellegrini la inauguración de un sendero en un contexto de desarrollo turístico.  Hoy en Loreto con la presencia del Presidente, en un visible apoyo al turismo de naturaleza”.

 

“Inaugurando aquí esta seccional de guardaparque y vivienda de guardaparque en el Iberá que en los últimos años ha tomado relevancia a partir de una política de estado que toma al turismo como el motor que vaya traccionando al desarrollo local”.

“Esa seccional forma parte de una red de seccionales que se van inaugurando en todo el Iberá con seis seccionales que se van a ir sumando. Hemos conseguido aunar en dos aspectos: el de la conservación, el cuidado de la naturaleza y turismo. Los guardaparques no solo son guardianes de la naturaleza y conservacionistas, sino también promotores de turismo”.

“Las acciones que se llevan adelante están enmarcadas en un plan de desarrollo y por eso los resultados no son azarosos, sino que tiene que ver con esta concepción integral que venimos impulsando desde la provincia. Reconocer el compromiso del gobernador Gustavo Valdes con este aporte al turismo, con el apoyo de generar una política de estado en torno al Iberá”.

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Causa Sapucay: El abogado de Terán cuestiona las demoras de la Justicia

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El abogado Roberto Herrera, defensor de Roger Terán, ex intendente de Itatí, imputado en la causa por narcotráfico Sapucay, afirmó que le sorprende las demoras que tiene la Justicia con ciertos pedidos que realizaron todos los abogados defensores de esta causa. Además, cuestionó el hecho de que le hayan negado la excarcelación a su defendido hasta el inicio del juicio, pero que el juez Soto Dávila y los secretarios, imputados, sí estén en libertad.

El abogado Herrera, expresó que “estamos esperando que comience el juicio el 9 de agosto, esperamos las resoluciones porque no nos dejaron presentar testigos, a todos los bogados de los acusados”.

De las demoras de la Justicia, el abogado de Terán, manifestó que “son demoras que la justicia no sabría explicar, porque en otras causas que también estoy se trabaja muy rápido y en otras se tarde todo mucho, demasiado, la justicia sabía la cantidad de imputado que había, una persona no puede estar más de dos años sin juicio, ahora prorrogan por un año a partir de marzo la prisión preventiva”.

“En esta causa siempre hay un pero para cada cosa que pido, para todos en general”.

Si le sorprendió la confirmación de la prisión preventiva de Terán, el abogado mantuvo que “la justicia puede hacer lo que quiera con cualquier excusa porque es el Estado, siempre corremos con desventaja, es una causa muy engorrosa, es muy difícil investigar algo que ocurrió en Corrientes acá en Buenos Aires, pro más que el juez Soto Dávila esté imputado, y haya salido en libertad, así tiene que ser hasta el juicio, pero que sea así para todos”.

Y remarcó que “no entiendo por qué el juez Soto Dávila y los secretarios están en libertad y Roger Terán no”.

De la posibilidad de citar como testigos a Fabián Ríos y Camau Espínola, Herrera explicó que “yo pedí citar a senadores y diputados para que manifiesten cómo se utilizaba el dinero en las campañas políticas pero nunca llamaron, hicieron caso omiso, es importante porque ellos pueden dar explicaciones del uso del dinero”.

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