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Sociedad

Soto Dávila: Soy una persona íntegra y consciente de mi absoluta inocencia

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Carlos Soto Dávila fue imputado por su par Sergio Torres. Adelantó a una radio que se presentará el jueves a prestar declaración indagatoria porque es “inocente”.

El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila confirmó que el jueves se presentará ante su par de Buenos Aires, Sergio Torres, quien ordenó su detención y pidió su declaración indagatoria como acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes de la ciudad correntina de Itatí.

“Debo hacer lo que corresponde: presentarme a la citación que tengo para el día jueves”, dijo hoy Soto Dávila en declaraciones radiales al programa “Corrientes en el Aire” de la AM LT7.

“Por supuesto me voy a presentar, soy una persona íntegra y aparte de eso soy perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente en presentarme y lo voy a hacer”, remarcó el magistrado, quien aún está a cargo del Juzgado Federal 1 de la capital correntina.

Soto Dávila insistió en que tiene “absoluta tranquilidad” sobre su inocencia y dijo que no puede opinar sobre las detenciones concretadas esta mañana de sus secretarios, Pablo Molina y Federico Grau. También fueron arrestados cinco abogados y el ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone que, de hecho, ya está preso desde octubre.

A su vez, el magistrado subrayó que el pedido de detención y el llamado a indagatoria lo “tomó totalmente por sorpresa”, aunque aclaró que tiene “la conciencia tranquila”, según informó Télam.

Su arresto no se consumó porque tiene fueros debido a su cargo de juez federal. Para sacárselos se requeriría un juicio político. El juez Torres ya le pidió formalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación el desafuero del magistrado para poder detenerlo.

El magistrado tiene 72 años y ejerce la magistratura hace 22 años en uno de los juzgados federales de primera instancia de la capital correntina y es juez con competencia electoral en lo federal.

Testimonios de arrepentidos, escuchas telefónicas y documentación patrimonial variada convencieron al juez federal de Capital Sergio Torres de ordenar su indagatoria en el marco de una megacausa sobre el tráfico de marihuana a traves de la ciudad de Itatí.

Todo empezó cinco años atrás. En 2013 una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.

Ese fue el comienzo de la investigación a cargo de Torres y de un grupo de fiscales: Carlos Stornelli, Diego Iglesias -de la Procunar- y los correntinos Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.

Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes.

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Causa Sapucay: Ordenan detener al juez Soto Dávila de Corrientes

El escándalo del narcotráfico en Itatí, en Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Pero los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos, según el expediente, también habrían estado aceitados en el Poder Judicial. Ante el conjunto de pruebas, el juez Sergio Torres ordenó la detención del titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.

Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto. Para hacer efectiva su detención debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, donde acumula a lo largo de su trayectoria diez causas por mal desempeño que nunca prosperaron.

Molina fue detenido hoy a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes. El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Omar Serial, Humberto “Pochi” Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos narcos que operaban en Corrientes.

El juez federal Torres y su equipo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí; participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. Se trata de 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.

En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis “arrepentidos”, cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el juzgado federal N°1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.

El juez federal N°1 de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer a través de resoluciones judiciales ­ como excarcelaciones o exenciones de prisión­ a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín. Dos de sus secretarios, Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos, según precisaron aquellas fuentes.

Soto Dávila es juez federal desde el 7 de noviembre de 1996, y a lo largo de los 22 años que lleva al frente del juzgado acumuló seis pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, uno de ellos relacionado con este entramado, que nunca prosperó. Se sospecha que el magistrado y sus secretarios transformaron el juzgado federal de Corrientes en un centro de operaciones donde desde 2010 hasta 2017 se garantizó la impunidad a esta banda narco, a los que se le secuestraron 20 toneladas de marihuana en ese lapso. En la extensa investigación se detectaron los montos que los narcos habrían pagado por medio de sus abogados a los funcionarios del juzgado federal.
También se contrastaron las resoluciones judiciales que favorecieron a los narcos después que se ejecutaron los pagos.

Más allá de los “arreglos” espurios que tejían sus secretarios Grau y Molina, en la causa se destaca que el propio Soto Dávila negociaba cara a cara con el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, que fue detenido el 19 de octubre pasado. Como publicó La Nación el 13 de noviembre pasado, un arrepentido declaró ante el juez Torres que el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone compraba cocaína “para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistía el juez (Carlos) Soto Dávila y Grau”, secretario del juzgado, que fue suspendido por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2016. El otro secretario, Molina, fue procesado por “cohecho” en abril pasado y separado del cargo por decisión de la Cámara de Apelaciones.

La banda comandada por Marín ingresaba desde Paraguay grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían en por lo menos siete provincias. Para que esta organización pudiera funcionar de manera aceitada, como lo hizo hasta 2017, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia justicia federal.

Desde que se inició esta investigación se fueron desmantelando distintas capas estas complicidades que le daban las garantías a la banda para poder seguir operando. En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay fueron detenidos en marzo de 2017 el intendente de Itatí Natividad “Roger” Terán y el vice, Fabio Aquino, como así también el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz. Desde esa fecha hasta ahora hay 89 imputados cuyas causas fueron elevadas a juicio, 33 que están procesados y 10 personas que siguen con pedido de captura.

La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo. Los tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes ubicado a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay, principal productor de cannabis de
Sudamérica.

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Causa Sapucay: Detuvieron a dos secretarios del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes

El juez federal Sergio Torres dispuso desde Buenos Aires la detención de dos secretarios del Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Carlos Soto Dávila, además de tres abogados locales. Los funcionarios judiciales habrían facilitado la libertad o morigeración de penas para supuestos narcos involucrados en el operativo Sapucay, realizado en la localidad de Itatí.

El periodista de diario Norte de Corrientes, Marcelo Burchiski, confirmó para sudamericana la detención de tres abogados y dos funcionarios judiciales. Se trata de una serie de allanamientos ordenados por el Juez Sergio Torres, quien tiene a su cargo la megacausa que inició con el operativo Sapucay, en marzo de 2017.

Los funcionarios y los abogados fueron detenidos por haber participado en “supuestos acuerdos espurios para liberar o mejorar la situación procesal de los detenidos, involucrados en causas por narcotráfico”. Todos los detenidos serán trasladados a Buenos Aires en la jornada de hoy se prevé que mañana presten declaración ante el juez Torres.

Los funcionarios judiciales detenidos son dos de los secretarios del Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau. Asimismo, los abogados apresados en los operativos tienen los apellidos Vallejos, Giménez Serial y Barboza Galeano, involucrado en la causa.

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Secuestran 2.352 kilos de marihuana ocultos en una vivienda

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Personal de la Fuerza avanzó en una investigación, efectuando el registro de un inmueble en la ciudad de Posadas.

 

Los gendarmes hallaron el cargamento dentro de bolsas alojados en una habitación.

 

Gendarmería Nacional, en el marco de la lucha contra el narcotráfico llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, secuestró 2.352 kilos 816 gramos de “cannabis sativa” que se encontraban acopiados en el interior de una vivienda sin ocupantes. El procedimiento tuvo lugar en la ciudad de Posadas (Misiones).

 

Ayer, efectivos del Escuadrón Núcleo 8 “Alto Uruguay” en conjunto con la Unidad de Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur” y otras Unidades de la Fuerza,  luego de efectuar actividades investigativas  confirmaron las pesquisas del lugar en donde una red dedicada al narcotráfico ocultaría estupefaciente. Un inmueble ubicado en el Barrio Santa Rita.

 

Ante este hecho y por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Posadas, los funcionarios llevaron a cabo el registro de la vivienda. Al inspeccionar dentro de una habitación, detectaron debajo de una lona plástica, 2.941 paquetes envueltos en bolsas de arpillera.

 

Inmediatamente, se realizó las pruebas de campo narcotest en presencia de testigos, que arrojó como resultado un total de 2.352 kilos 816 gramos de marihuana.

 

El Magistrado interviniente dispuso el secuestro del estupefaciente y de elementos de interés para continuar con la causa.

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El sistema hospitalario correntino cuenta con un nuevo test que permite detectar el VPH

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Se trata de una nueva herramienta muy parecida a la utilizada en la realización del Papanicolaou (PAP). Permite detectar lesiones en la zona del cuello uterino y se recomienda practicarlo a mujeres a partir de los 30 años.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través del Programa Provincial de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, a cargo de Pablo Torres Jurado, informó que ya se encuentran disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la provincia el nuevo test para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH).

Torres Jurado explicó: “Con este test se puede analizar a más cantidad de población porque el método de análisis es más sensible ya que permite detectar más lesiones”.

Con respecto a la edad, agregó que “esta prueba se recomienda realizar a mujeres de 30 años en adelante, porque es a partir de esta edad que se puede desarrollar esta patología”.

Además, indicó que “el test es un cambio de paradigma en el análisis del cáncer de cuello uterino. Este tipo de cáncer generalmente está relacionado con el desarrollo socio-económico de los países. Se detectan más casos en Latinoamérica, en países desarrollados no existen casos de esta patología. Aquí, en Corrientes la estadística con la que contamos es que entre 70 a 90 mujeres fallecen por año a causa de esta patología”.

Jurado remarcó que cuando se detectan lesiones mediante el test en el cuello del útero, “se puede tratar y curar” e informó que “el test está disponible en todos los centros de salud de la provincia, tanto en hospitales como en Caps y Saps”.

Cáncer de cuello de útero

Torres Jurado detalló que “es una enfermedad prevalente, que está en íntima relación con la infección del Virus Papiloma Humano (VPH). Para el cual existen estrategias de tratamiento y prevención, desde la vacunación vigente a niñas de 11 años de edad, que es una vacuna gratuita, y lo que tiene que ver con la prevención en edades mayores que es el tamizaje a través Papanicolaou y test de VPH”.

VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

La vacuna contra el VPH se incorporó al Calendario Nacional en el año 2011 para todas las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000 y ahora en 2017 se amplía a todos los varones de 11 años nacidos a partir del año 2006. El esquema consiste en dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses. Esta vacuna es gratuita y está disponible en los vacunatorios de la Provincia.

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Sica le garantizó a los gremios del transporte que no habrá Ley de Reforma Laboral en 2019

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En una hermética reunión con la mesa chica de la CATT, el ministro aseguró que no está en la agenda del Gobierno avanzar con la ley de reforma laboral en 2019. Estuvo Viviani y no hubo presencia de Camioneros.

La mesa chica de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió en la sede del Sindicato La Fraternidad, a metros del Congreso de la Nación, al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al Secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio.

En el marco de un hermético encuentro que se gestó la semana pasada y duró poco más de tres horas el anfitrión Omar Maturano, Juan Carlos Schmid (portuarios), Mario Caligari (UTA), Andres Junor (Aeronavegantes), Roberto Coria (guincheros) intercambiaron opiniones sobre la preocupante realidad laboral del país y la agenda del sector.

El cónclave y el desembarco de los funcionarios en la sede gremial fue leído como una señal del Gobierno hacia los gremios de la actividad. Tanto el oficialismo como en la propia interna cegetista se sabe que se trata del principal músculo del movimiento obrero. que en la practica detenta el poder de hacer sentir una huelga general.

También fueron de la partida el Secretario adjunto de La Fraternidad, Ariel Coria, el taxista Omar Viviani como referente del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y el Jefe de Gabinete del Ministerio Ignacio Perez Riva. Llamó la atención la ausencia de algún representante de Camioneros, otro gremio clave de la Confederación.

Los sindicalistas confirmaron que Sica desmintió que se trabaje en un a proyecto de Reforma Laboral para que se trate en el a congreso Nacional en el periodo de sesiones ordinarios. Sin embargo el funcionario ratificó que el Gobierno continuará negociando y propiciando cambios en los convenios colectivos de distintas ramas de la economía, en mesas de negociación sectoriales. Algo que en este 2019 ya fracasó para el caso de los textiles y los metalúrgicos.

Los miembros de la CATT reiteraron, como hicieron público días atrás, que no aceptarán cambios que impulsa la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en los Regímenes Diferenciales laborales del Sector, por el impacto negativo que implica en los haberes.

Maturano manifestó que “Sica y Aparicio se comprometieron a participar en una audiencia con la Ministra avalando el reclamo gremial, lo cual fue bien recibido por la mesa”.

Las partes intercambiaron opiniones sobre el rol estratégico del transporte en la vida económica del país, planteando temas que rechazan los gremios como ser el avance de Uber en la informalidad laboral y el aval de inscripciónes gremiales funcionales a las empresas Aeronáuticas con sindicatos conocidos como “amarillos”.

Además, en la mesa se discutió la necesidad de continuar fomentando las inversiones ferroviarias, la preocupación por el efecto del último tarifazo sobre el salario de los trabajadores y los hechos de inseguridad cotidiana que sufren los colectiveros en las grandes ciudades y el conurbano.

Por último, los sindicalistas portuarios le expresaron su preocupación por la intervención de los juzgados comerciales en asuntos que habitualmente eran tratados por la justicia laboral como temas de personeria gremial e inscripciones de nuevos sindicatos. InfoGremiales

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