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Ratifican la prisión preventiva de la diputada Aída Ayala

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La Cámara Federal de Resistencia ratificó hoy la prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala en una causa en la que está procesada por lavado de dinero.

Para el tribunal hay peligro de que en libertad Ayala se fugue. “Es dable señalar la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aída Ayala en ellos, la participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia en relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad; su complejo modus operandi, y la capacidad económica y operativa acreditada en autos, como circunstancias que denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la justicia”, señaló la Cámara en un fallo de 16 páginas al que accedió Infobae.

La prisión preventiva implica que Ayala debe ser detenida, pero eso no se puede cumplir porque como diputada de la nación tiene fueros que le dan inmunidad de arresto. La Cámara de Diputados debe quitarle los fueros para que se concrete la detención. Es lo que ocurrió con el entonces diputado y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en octubre de 2017.

Ayala está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario.

Es una causa en la que se investiga un negociado que desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad.

También están procesadas otras 14 personas, entre ellas Daniel Fischer, quien fue jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Referente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Chaco, Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015). En 2015 fue la candidata de Cambiemos para la gobernación pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Mauricio Macri como presidente pasó al gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que depende de Rogelio Frigerio. Y en 2017 fue electa diputada nacional. El abogado de Ayala es Ricardo Gil Lavedra, dirigente del radicalismo.

La causa está a cargo de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, y del fiscal Patricio Sabadini que ordenaron la detención de Ayala en mayo. Entendieron que la diputada podía entorpecer la investigación por las relaciones que dejó como intendenta. La detención no se pudo concretar por los fueros.

Diputados se ha reunido para tratar el tema pero siempre se fue postergando a instancias del trámite de la causa. Desde la oposición acusan a Cambiemos de querer proteger a Ayala y de tener una vara distinta que con De Vido.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó a fin de año el procesamiento de Ayala pero revocó la prisión preventiva de ella y de otros acusados porque entendió que la decisión no estaba fundamentada. Y ordenó que se dicte un nuevo fallo.

Eso hicieron hoy los jueces de la Cámara Federal de Resistencia Eduardo Belforte, María Denogens y Roció Alcalá. Y concluyeron que la diputada nacional debe estar en prisión.

Además de la posibilidad de eludir la Justicia por la gravedad de los delitos, los camaristas señalaron que se trata de un caso de corrupción: “Y en ese entendimiento es dable destacar que nuestro país está obligado a la lucha contra el lavado de dinero, por haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo; como así también en el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo”.

“Asimismo no dejamos de valorar que a Ayala se le atribuye una activa participación en delitos realizados en ejercicio de la función pública, en un marco de criminalidad organizada y con vínculos con particulares, con un alto impacto a nivel económico e institucional”, destacaron sobre el paso de Ayala por la función pública.

La Cámara también ratificó la prisión preventiva de otras cinco personas, entre ellas Fischer y Sampayo. La defensa de Ayala puede apelar su detención para que sea revocada por Casación. Lo que la diputada no podrá evitar es el juicio oral, porque con la confirmación del procesamiento el expediente ya está en condiciones de pasar a esa instancia.

La clave para el futuro de Ayala pasa por Diputados. Esa Cámara debe resolver si le quita los fueros. Cambiemos esperaba a que la situación de Ayala fuera definida por una instancia superior a la jueza de primera instancia. Eso ocurrió cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento. Pero cuando pasó, Diputados no lo trató. Ahora la Cámara ratificó la prisión preventiva. El primer paso lo tiene que dar la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que preside Pablo Tonelli, del PRO. Diputados está en receso legislativo.

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Peppo pide a Bullrich implementar la asistencia para emergencias en Chaco

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El gobernador del Chaco, Domingo Peppo, se reunió en la tarde del lunes en Buenos Aires con la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. En el enceuntro, el mandatario chaqueño solicitó la implementación del programa de asistencia a emergencias y catástrofes para el Chaco debido a las intensas lluvias que afectan la provincia. Además el gobernador gestionó asistencia con vehículos aéreos y terrestres para poder acceder y ayudar a las familias en las zonas rurales que quedaron aisladas.

Peppo detalló que en la reunión planteó a la ministra Bullrich el acceso al crédito que tiene la Nación por parte del BID que es para emergencias y zonas de desastres y catástrofes. El gobernador dijo que falta activar el instrumento legal por parte de Jefatura de Gabinete. Al respecto, el primer mandatario chaqueño indicó que mañana se reunirá con el Jefe de Gabinete para dar celeridad al tema. Además agregó: “El miércoles va a estar en el Chaco el secretario de Protección Civil, Emilio Renda y vamos a trabajar la posibilidad de la instrumentación del mismo”.

 

También el gobernador realizó el pedido de incrementar la asistencia y extenderla hacia la zona del sudoeste. “Concretamente solicitamos ayuda con transporte aéreos y terrestres a zonas rurales que van a quedar aisladas con las lluvias de ayer y hoy. Son para la zona de Corzuela hasta General Pinedo y la zona de Coronel Du Graty”, expresó.

Peppo especificó: “en la zona del Gran Resistencia mejoró mucho la situación, las aguas han bajado y ya se está en la etapa de evaluación de la vuelta de las familias a sus casas”.

CAMIONES SANITARIOS
Más temprano el gobernador Domingo Peppo se comunicó con en el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein con quien logró que rápidamente se instrumentara la presencia de camiones sanitarios en las zonas afectadas por las inundaciones. “En Chaco funcionan dos, uno de la provincia y el otro de la Uncaus y solicitamos al secretario la presencia de más camiones”, dijo el gobernador.

Hemos ya materializado el envío del 50% de la ayuda crediticia que comprometí en la reunión con los intendentes para que puedan utilizarlos en estas emergencias hídricas.

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Casación aceptó los recursos presentados por los abogados de CFK y revisará su prisión preventiva

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La Cámara Federal de Casación Penal revisará las prisiones preventivas en la conocida causa de los cuadrenos de la corrupción, donde Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita y cohecho junto a Julio De Vido y otros ex funcionarios.

La Cámara Federal aceptó los recursos presentados por los abogados de la ex presidenta, el ex ministro de Planificación, su mano derecha Roberto Baratta, y su asesor Nelson Lazarte.

La Sala I de la Cámara de Casación está a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes ya decidieron sobre la excarcelación de varios de los protagonistas de la causa de los cuadernos.

Los miembros de la cámara deberán establecer si existen riesgos procesales como fuga o entorpecimiento de la causa, para justificar las prisiones preventivas.

Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, el ex responsable jurídico de Planificación, Rafael Llorens; del secretario de De Vido, José María Olazagasti; del ex titular del Ente Binacional Yaciretá, Oscar Thomas, se encuentran en la misma situación de revisión luego de que la cámara aceptara sus recursos.

En diciembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la actual senadora de Unidad Ciudadana, dictado por el juez federal Claudio Bonadio, quien aún no pidió su desafuero al Congreso.

A excepción de Cristina Kirchner, quien posee fueros como senadora nacional, el resto de los acusados que apelaron las prisiones preventivas se encuentran en prisión.

Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada peronista en la cámara Alta adelantó que no habilitarán el desafuero de Cristina hasta que no haya una sentencia firme.

La Cámara habilitó las apelaciones sobre las preventivas, pero no los pedidos de nulidades planteados. Así, será Casación quien también deba decidir respecto a los procesamientos y las nulidades pedidas por Ángelo Calcaterra (ex IECSA), Enrique Pescarmona (grupo Pescarmona) y Luis Bentazza (Techint), entre otros.

En cambio, la Cámara Federal aceptó que Casación revise los recursos de empresarios de segunda línea que en calidad de arrepentidos reconocieron haber pagado coimas, pero que desligaron la responsabilidad a sus superiores, como Jorge Neira y Osvaldo Acosta (ambos Electroingeniería), Héctor Javier Sánchez Caballero (IECSA), Rodolfo Poblete (grupo Romero), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Pescarmona).

En esos casos, el juez Bonadio les dictó la falta de mérito, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y los procesó como partícipes de cohecho, pero sin prisión preventiva; e incluyó entre los organizadores de la asociación ilícita a los arrepentidos: José López, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens.

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Elecciones: los argentinos que viven en el exterior podrán votar por correo

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El Gobierno habilitó la opción al voto postal o por correo para los argentinos que vivan en el extranjero, mediante el decreto 45/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La iniciativa reglamenta a la ley 24.007, de 1991, por la que se creó el Registro de Electores Residentes en el Exterior e incorpora seis capítulos que se ocupan de voto postal, el envío y recepción de sobres, la calificación de los votos, el escrutinio y la fiscalización de la elección.

“El voto de los residentes en el exterior es hoy un derecho reconocido por la mayoría de las democracias del mundo, a partir de la aceptación de que la ciudadanía no se extingue con el hecho de residir fuera de las fronteras del Estado”, se señala en los considerandos del decreto.

También considera que “teniendo en cuenta la imposibilidad de ciertos electores residentes en el exterior de presentarse en el lugar de votación” y para garantizar su derecho al voto, “resulta pertinente modificar la reglamentación vigente en la materia, otorgando la posibilidad de votar ya sea de manera presencial como postal”.

Acerca del voto opcional por correo postal, determina un plazo de inscripción de hasta 90 días antes del día de la elección, que se puede hacer personalmente en sede diplomática o por internet.

Quienes queden registrados en ese padrón recibirán en su domicilio un sobre de documentación electoral (contendrá la boleta oficial, el sobre de devolución, el sobre de resguardo del voto, el instructivo y el formulario de declaración jurada de identidad).

En el sobre de devolución el elector devolverá a la representación diplomática o consular, sin costo, el sobre de resguardo del voto y la declaración jurada de identidad. Mientras que a su vez dentro del sobre de resguardo del voto, introducirá la boleta, con el candidato de su preferencia marcado.

“En un breve plazo, el elector deberá enviarlo por correo postal, sin costo, a la representación diplomática o consular correspondiente, teniendo en cuenta que deberá ser recibido por ésas, a más tardar el miércoles anterior a la jornada electoral a llevarse a cabo” en la Argentina, señala la norma.

El sufragio en el extranjero se hará con boletas oficiales, idénticas para todos los países y con un modelo diseñado por la Cámara Nacional Electoral, indica el decreto.

“La boleta contendrá tantas divisiones iguales como agrupaciones políticas intervengan en la elección y cada una de esas divisiones establecerá al menos, el nombre y número de identificación de la agrupación política, el nombre y foto del primer candidato propuesto y un espacio destinado a la emisión del voto; asimismo podrá contener el logotipo y color de la agrupación política”, destaca el texto.

A partir de las cuarenta y ocho horas de finalizada la jornada electoral en Argentina, comenzará el escrutinio de los votos de los argentinos residentes en el extranjero.

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