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Piden condenar y detener a Carlos Menem y Domingo Cavallo

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La fiscal Gabriel Baigún solicitó penas para el ex Presidente y el ministro de Economía por irregularidades en la venta de La Rural en 1991.

La fiscal Gabriela Baigún pidió que el senador y ex presidente Carlos Menem sea condenado a cuatro años de prisión y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a tres años y nueve meses de carcel por haber vendido a precio vil en 1991 a la Sociedad Rural el predio ferial de Palermo.

El valor de esa operación fue de 30 millones de pesos/dólares, pero el valor real era de 130 millones, según recordó este miércoles la fiscal en el juicio oral.

Baigún finalizó su alegato en el juicio oral y público en el que también solicitó que el predio sea restituido al estado nacional.

En su exposición, la fiscal pidió condena para dos ex funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y para el ex presidente de la Sociedad Rural, Ricardo Agustín de Zavalía.

“Han pasado 27 años del hecho, a pesar de lo cual no deja de ser un acto de corrupción cometido por las más altas esferas del gobierno de ese momento. Está plenamente acreditado que Menem, Cavallo junto a directivos de la Sociedad Rural sustrajeron de la esfera del estado el predio ferial de Palermo”, dijo Baigún.

Qué se ventila en el juicio: Menem firmó en diciembre de 1991 el decreto por el cual el estado le vendió de manera directa a la Sociedad el predio de Palermo y Cavallo hizo lo propio en mayo de 1992 con el boleto de compra venta. El valor de esa operación fue de 30 millones de pesos/dólares, pero el valor real era de 130 millones.

La causa se inició en 1999 con una denuncia de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y el juicio recién comenzó este año a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini.

Menem y Cavallo no estuvieron en la audiencia de este miércoles, en la que la fiscal dijo que ambos “quebrantaron un deber, una confianza como funcionarios públicos y vendieron en forma irregular y a un precio vil”.

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Rumbo a las elecciones: Valdés bajó línea a los dirigentes y habló de nuevas estrategias

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El gobernador se reunió en la mañana de hoy viernes con las principales figuras de su partido político. Allí hablaron sobre las estrategias que desarrollarán dentro de Encuentro Por Corrientes + Cambiemos en el año.

El gobernador Gustavo Valdés convocó a legisladores y presidentes de diferentes distritos de la Unión Cívica Radical. La intención del encuentro es definir la estrategia electoral a trabajar en los diferentes turnos electorales de este año. El Gobierno provincial tiene lista la agenda de campaña.

El sábado los radicales de nueve departamentos se reunirán en Caá Catí para delinear estrategias de campaña. El mitín estará encabezado por el propio Gustavo Valdés y el presidente de la UCR, Ricardo Colombi.

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El presidente Macri aceptó la renuncia de Soto Dávila

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Mediante el decreto 141/2019 el presidente de la Nación aceptó la renuncia del ex magistrado federal Carlos Vicente Soto Dávila y estaria en condiciones de ser detenido al perder sus fueros. El documento fue publicado este viernes a primera hora.

Carlos Soto Dávila ahora ex el juez federal de Corrientes está acusado de beneficiar a narcos a cambio de coimas. Presentó el pasado viernes su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, alegando “razones personales”.

 

“Si el Gobierno nacional le acepta la renuncia, inmediatamente debería quedar detenido porque pesa sobre él un pedido de prisión preventiva”, confirmó el miércoles en diálogo con La Dos el diputado Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. “En los últimos tiempos ha sido que habitual que jueces investigados por el Consejo decidan renunciar”, aseveró.

 

El ex magistrado había sido procesado en diciembre del año pasado por su par porteño Sergio Torres, luego de determinar su rol en una organización criminal de la que también eran parte dos secretarios de su juzgado, cinco abogados y la ex intendente de Itatí, Natividad Terán.

 

Como el procesamiento fue dictado con prisión preventiva pero el juez gozaba de inmunidad de arresto, el caso fue derivado al Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el 26 de febrero próximo está prevista una audiencia de interpelación a cargo de la Comisión de Disciplina.

Torres ordenó además la indagatoria de Soto Dávila y su desafuero, así como la captura de sus dos secretarios, Pablo Molina y Federico Grau; y de cinco abogados vinculados a la causa Sapucay.

 

El magistrado correntino comentó en diciembre ante la prensa que es “una persona íntegra y perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente en presentarme y lo voy a hacer”.

 

 

 

 

 

 

Renunció Soto Dávila, el juez correntino acusado de proteger narcos

 

 

 

Soto Dávila está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El Gobierno impulsaba su juicio político en el Consejo de la Magistratura.

 

Carlos Vicente Soto Dávila, el juez correntino procesado por proteger narcotraficantes, presentó su renuncia el viernes ante el Ministerio de Justicia de la Nación. El magistrado está acusado de asociación ilícita y cohecho pasivo al encubrir a narcos que traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.

 

Soto Dávila era conocido por los narcos como el “juez piola”, ya que por grandes sumas de dinero los liberaba y facilitaba los movimientos de las organizaciones delictivas. En diciembre del año pasado, el juez federal Sergio Torres lo procesó con prisión preventiva, aunque recién podría quedar detenido cuando el propio Mauricio Macri acepte su renuncia: hasta ese momento contará con fueros. Además, se fijó un embargo en su contra de 20 millones de pesos.

La investigación contra Soto Dávila -que estaba citado para el 26 de febrero a dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura- es una de las tantas causas por la cual la Justicia Federal de Capital Federal ya tiene a más de 130 personas investigadas, entre ellas, el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces vice, Fabio Aquino; gendarmes, policías federales y provinciales.
La organización narco que Soto Dávila protegía ingresaba marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y, una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó en el centro de la escena luego de que uno de los arrepentidos en la causa de los narcotraficantes confesó que le pagaban miles de pesos para tener protección y poder operar sin problemas. La Justicia investiga por lo menos una decena de casos de sobornos.
El juez correntino, además, les entregaba la libertad de manera llamativa a los narcos que eran capturados.

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Ordenan detener a Luis D’Elia

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El dirigente piquetero kirchnerista, Luis D’Elia deberá volver a prisión en el marco de la causa por la toma de una comisaría en 2004.

El cambio se debe a que la Cámara rechazó un planteo de la defensa del líder piquetero y dejó vigente el fallo que lo condenó a tres años y nueve meses de prisión.

El 11 de noviembre pasado, la Cámara había confirmó que D’Elía debe ir preso por la toma de la comisaría 24, de La Boca, un hecho sucedido en 2004, pero le redujo tres meses la pena.

A pesar de este fallo, D’Elía no fue a la cárcel en ese momento ya que estaba pendiente una revisión de la Corte Suprema, que falló en contra del dirigente.

Los autores del fallo de la Casación habían sido Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi.

El 6 de noviembre de 2017, D’Elía había sido condenado a cuatro años de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación.

La decisión de primera instancia la había tomado el Tribunal Oral Federal 6, formado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero.

El año pasado, la Sala 3 de la Cámara de Casación confirmó la condena, pero le redujo la pena a D’Elía a tres años y nueve meses. El único delito que los camaristas consideraron que podía adjudicársele es el de instigación a cometer delitos. El resto -dijeron- ya prescribió.

La toma
El hecho que se le atribuye en esta investigación consiste en haber promovido la toma de la comisaría 24, de La Boca, para reclamar la detención del asesino del dirigente Martín “Oso” Cisneros. Los hechos sucedieron el 26 de junio de 2004, cuando D’Elía era diputado provincial bonaerense.

De acuerdo con la investigación, el líder piquetero “instigó públicamente” a unas 40 personas a que tomaran la comisaría y “a romper y prender fuego los bienes que a ella pertenecían, incluidos los vehículos policiales y la seccional policial”.

Catucci, que firmó el primer voto del fallo de ayer, afirmó que “las apreciables demoras” de la causa “se debieron al desvío de la investigación, que en vez de enfocarse, como debía, en determinar los coautores de los intolerables atropellos contra una institución pública, se orientó hacia la posible responsabilidad penal de los funcionarios de la Policía Federal y del Poder Ejecutivo”. Según Catucci, se pretendió avanzar contra Norberto Quantin y José María Campagnoli, por entonces secretario y subsecretario de Seguridad Interior, y contra el titular de la comisaría, Cayetano Greco. “Esos despropósitos fueron los que perjudicaron el debido proceso”, escribió Catucci. Ahora, solo la Corte podría evitarle la cárcel a D’Elía.

En la madrugada del 26 de junio de 2004, el entonces diputado provincial bonaerense Luis D’Elía impulsó a unos 40 militantes a que tomaran la comisaría de La Boca, según la Justicia. Reclamaban que fuera arrestado el asesino del dirigente barrial Martín Cisneros. Dentro de la dependencia policial hubo destrozos y quema de muebles. Se impidieron la entrada y la salida de gente, y hubo policías que debieron escapar por los techos de las casas linderas.

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