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Politica

La baja de edad de imputabilidad, un debate que divide a todos los bloques del Congreso

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El debate por una baja de la imputabilidad volverá a reactivarse estos días a partir del próximo envío al Parlamento de un proyecto del Gobierno nacional para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que contempla una disminución de 16 a 15 años en la edad para ser imputado por delitos graves.

El Congreso intentó durante los últimos veinte años avanzar en la discusión de bajar la edad de imputabilidad, pero el tema nunca pudo llegar al recinto debido a la falta de acuerdo político.
Es más: tanto en Diputados como en el Senado siguen vigentes distintos proyectos sobre esta cuestión, pero aún no fueron debatidos en las comisiones respectivas.

En cualquier caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó hoy que el Gobierno enviará al Congreso, para debatir posiblemente en sesiones extraordinarias, un proyecto que crea un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.

Si bien, el Ministerio de Seguridad y el de Justicia trabajaban desde hace dos años en un proyecto para establecer un Régimen Penal Juvenil, que incluía una escala de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años (dos años menos que la edad actual) para delitos realmente graves, como homicidios, violaciones y eventualmente robos con armas.

La actual iniciativa finalmente fija en 15 años la edad de imputabilidad. Sin embargo, a pesar de los intentos de diferentes gestiones, las discusiones sobre la baja de imputabilidad a menores siempre se trabaron en el Congreso por las divisiones políticas, que atraviesan a la mayoría de los bloques parlamentarios sobre esta materia.

Sólo el Senado pudo aprobar en 2009 un proyecto para bajar la imputabilidad, pero luego se empantanó en Diputados por las críticas de los legisladores kirchneristas, del radicalismo, la izquierda y del socialismo, y la norma en debate perdió finalmente estado parlamentario.

En la actualidad hay al menos una docena de proyectos en Diputados para establecer un nuevo régimen penal juvenil, aunque sólo tres proponen bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que fueron elaborados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el salteño Alfredo Olmedo y la puntana Ivana Bianchi.

Las divisiones en torno a la cuestión atraviesan a diferentes bloques, incluyendo a Cambiemos, el Frente Renovador y el kirchnerismo; en 2013, por ejemplo, el entonces candidato a diputado bonaerense por el FPV-PJ e intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad, y tuvo que soportar duras críticas de sus pares.

En el Senado, en tanto, sólo dos proyectos de ley aún tienen vigencia, y fueron presentados por el Partido Renovador de Salta y el kirchnerismo.

La iniciativa de la salteña María Fiore Viñuales, que remite a un proyecto presentado en 2016, tiene como objetivo establecer un sistema penal para contener a menores de entre 13 y 18 años que cometan delitos.

El expediente, además, se afirma en la sanción de un proyecto de similares características al de 2009, que perdió estado parlamentario en Diputados en 2012.

El proyecto de la ex senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, finalmente, está basado en la discusión original; aunque esa iniciativa no resultara sancionada en febrero, perderá estado parlamentario a partir del 1º de marzo.

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Peppo pide a Bullrich implementar la asistencia para emergencias en Chaco

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El gobernador del Chaco, Domingo Peppo, se reunió en la tarde del lunes en Buenos Aires con la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. En el enceuntro, el mandatario chaqueño solicitó la implementación del programa de asistencia a emergencias y catástrofes para el Chaco debido a las intensas lluvias que afectan la provincia. Además el gobernador gestionó asistencia con vehículos aéreos y terrestres para poder acceder y ayudar a las familias en las zonas rurales que quedaron aisladas.

Peppo detalló que en la reunión planteó a la ministra Bullrich el acceso al crédito que tiene la Nación por parte del BID que es para emergencias y zonas de desastres y catástrofes. El gobernador dijo que falta activar el instrumento legal por parte de Jefatura de Gabinete. Al respecto, el primer mandatario chaqueño indicó que mañana se reunirá con el Jefe de Gabinete para dar celeridad al tema. Además agregó: “El miércoles va a estar en el Chaco el secretario de Protección Civil, Emilio Renda y vamos a trabajar la posibilidad de la instrumentación del mismo”.

 

También el gobernador realizó el pedido de incrementar la asistencia y extenderla hacia la zona del sudoeste. “Concretamente solicitamos ayuda con transporte aéreos y terrestres a zonas rurales que van a quedar aisladas con las lluvias de ayer y hoy. Son para la zona de Corzuela hasta General Pinedo y la zona de Coronel Du Graty”, expresó.

Peppo especificó: “en la zona del Gran Resistencia mejoró mucho la situación, las aguas han bajado y ya se está en la etapa de evaluación de la vuelta de las familias a sus casas”.

CAMIONES SANITARIOS
Más temprano el gobernador Domingo Peppo se comunicó con en el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein con quien logró que rápidamente se instrumentara la presencia de camiones sanitarios en las zonas afectadas por las inundaciones. “En Chaco funcionan dos, uno de la provincia y el otro de la Uncaus y solicitamos al secretario la presencia de más camiones”, dijo el gobernador.

Hemos ya materializado el envío del 50% de la ayuda crediticia que comprometí en la reunión con los intendentes para que puedan utilizarlos en estas emergencias hídricas.

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Casación aceptó los recursos presentados por los abogados de CFK y revisará su prisión preventiva

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La Cámara Federal de Casación Penal revisará las prisiones preventivas en la conocida causa de los cuadrenos de la corrupción, donde Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita y cohecho junto a Julio De Vido y otros ex funcionarios.

La Cámara Federal aceptó los recursos presentados por los abogados de la ex presidenta, el ex ministro de Planificación, su mano derecha Roberto Baratta, y su asesor Nelson Lazarte.

La Sala I de la Cámara de Casación está a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes ya decidieron sobre la excarcelación de varios de los protagonistas de la causa de los cuadernos.

Los miembros de la cámara deberán establecer si existen riesgos procesales como fuga o entorpecimiento de la causa, para justificar las prisiones preventivas.

Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, el ex responsable jurídico de Planificación, Rafael Llorens; del secretario de De Vido, José María Olazagasti; del ex titular del Ente Binacional Yaciretá, Oscar Thomas, se encuentran en la misma situación de revisión luego de que la cámara aceptara sus recursos.

En diciembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la actual senadora de Unidad Ciudadana, dictado por el juez federal Claudio Bonadio, quien aún no pidió su desafuero al Congreso.

A excepción de Cristina Kirchner, quien posee fueros como senadora nacional, el resto de los acusados que apelaron las prisiones preventivas se encuentran en prisión.

Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada peronista en la cámara Alta adelantó que no habilitarán el desafuero de Cristina hasta que no haya una sentencia firme.

La Cámara habilitó las apelaciones sobre las preventivas, pero no los pedidos de nulidades planteados. Así, será Casación quien también deba decidir respecto a los procesamientos y las nulidades pedidas por Ángelo Calcaterra (ex IECSA), Enrique Pescarmona (grupo Pescarmona) y Luis Bentazza (Techint), entre otros.

En cambio, la Cámara Federal aceptó que Casación revise los recursos de empresarios de segunda línea que en calidad de arrepentidos reconocieron haber pagado coimas, pero que desligaron la responsabilidad a sus superiores, como Jorge Neira y Osvaldo Acosta (ambos Electroingeniería), Héctor Javier Sánchez Caballero (IECSA), Rodolfo Poblete (grupo Romero), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Pescarmona).

En esos casos, el juez Bonadio les dictó la falta de mérito, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y los procesó como partícipes de cohecho, pero sin prisión preventiva; e incluyó entre los organizadores de la asociación ilícita a los arrepentidos: José López, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens.

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Elecciones: los argentinos que viven en el exterior podrán votar por correo

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El Gobierno habilitó la opción al voto postal o por correo para los argentinos que vivan en el extranjero, mediante el decreto 45/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La iniciativa reglamenta a la ley 24.007, de 1991, por la que se creó el Registro de Electores Residentes en el Exterior e incorpora seis capítulos que se ocupan de voto postal, el envío y recepción de sobres, la calificación de los votos, el escrutinio y la fiscalización de la elección.

“El voto de los residentes en el exterior es hoy un derecho reconocido por la mayoría de las democracias del mundo, a partir de la aceptación de que la ciudadanía no se extingue con el hecho de residir fuera de las fronteras del Estado”, se señala en los considerandos del decreto.

También considera que “teniendo en cuenta la imposibilidad de ciertos electores residentes en el exterior de presentarse en el lugar de votación” y para garantizar su derecho al voto, “resulta pertinente modificar la reglamentación vigente en la materia, otorgando la posibilidad de votar ya sea de manera presencial como postal”.

Acerca del voto opcional por correo postal, determina un plazo de inscripción de hasta 90 días antes del día de la elección, que se puede hacer personalmente en sede diplomática o por internet.

Quienes queden registrados en ese padrón recibirán en su domicilio un sobre de documentación electoral (contendrá la boleta oficial, el sobre de devolución, el sobre de resguardo del voto, el instructivo y el formulario de declaración jurada de identidad).

En el sobre de devolución el elector devolverá a la representación diplomática o consular, sin costo, el sobre de resguardo del voto y la declaración jurada de identidad. Mientras que a su vez dentro del sobre de resguardo del voto, introducirá la boleta, con el candidato de su preferencia marcado.

“En un breve plazo, el elector deberá enviarlo por correo postal, sin costo, a la representación diplomática o consular correspondiente, teniendo en cuenta que deberá ser recibido por ésas, a más tardar el miércoles anterior a la jornada electoral a llevarse a cabo” en la Argentina, señala la norma.

El sufragio en el extranjero se hará con boletas oficiales, idénticas para todos los países y con un modelo diseñado por la Cámara Nacional Electoral, indica el decreto.

“La boleta contendrá tantas divisiones iguales como agrupaciones políticas intervengan en la elección y cada una de esas divisiones establecerá al menos, el nombre y número de identificación de la agrupación política, el nombre y foto del primer candidato propuesto y un espacio destinado a la emisión del voto; asimismo podrá contener el logotipo y color de la agrupación política”, destaca el texto.

A partir de las cuarenta y ocho horas de finalizada la jornada electoral en Argentina, comenzará el escrutinio de los votos de los argentinos residentes en el extranjero.

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