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Jueza Pereyra a Jury por CORRUPTA pide el Superior Tribunal de Chaco

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El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió, mediante la resolución N° 274/19 del 13 de marzo, acusar a la jueza de garantías N° 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, y encomendó al procurador general Jorge Canteros su formalización ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.

La decisión se tomó en razón de lo estipulado por la ley 33-B (Digesto Jurídico) en sus artículos 8 inciso “g” (actos reiterados de parcialidad) e “i” (reiteración de graves irregularidades en el procedimiento) y el artículo 9 que faculta al STJ a proceder de la manera antes detallada.

En sus fundamentos la resolución detalla que la magistrada “ha incurrido, en forma insistente, en graves irregularidades procesales, que motivaron la anulación de sus decisiones por parte de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la Provincia” en diversas causas tramitadas en su juzgado.

Esta conducta, “dada su arbitrariedad, revela un designio permanente de violar normas, configurando ello un patrón de conducta, indicios ciertos de mal desempeño que dañan de modo grave e irreparable la buena imagen del Poder Judicial ante la sociedad y tiñen de sospecha de que sus decisiones pueden ser encuadradas en actos reiterados de parcialidad manifiesta”.

Asimismo, señala, “ha incurrido en abusos de poder, excediendo sus facultades en detrimento del principio de imparcialidad y objetividad, invadiendo las funciones propias de los Sres. Fiscales de Investigación, obstaculizando la labor investigativa, configurando de este modo un quiebre de las reglas del proceso acusatorio”. Lo cual “revela un apartamiento de la misión confiada al Juez de Garantías, el que a diferencia del Juez de Instrucción ya no es parte, no dirige el proceso, ni colecta pruebas, siendo su función la de adoptar las medidas de control que corresponden en los procesos penales” con las excepciones previstas en los artículos 349 y 19 de la ley 965-N “supuestos que no se hallan presentes en las causas que motivan la presente actuación. Todo lo cual se erige como un daño al servicio de justicia y se traduce en un menoscabo a la investidura”.

“Los señalados despropósitos en que ha incurrido en ejercicio de sus funciones la citada integrante del cuerpo judicial, se encuentran reiterados en todas las causas objeto de este análisis”, prosigue.

“En estos casos, aun cuando se trata de cuestiones concernientes a determinados contenidos de resoluciones judiciales intermedias y no definitivas de los procesos penales, sí tienen suficiente peso y entidad para realizar la acusación de Enjuiciamiento de la magistrada y precisamente en estos casos éstas causales habilitan el pedido de jury”.

“Al mismo tiempo se detectaron irregularidades que son sintomáticas de un desvío de poder y de un abuso de autoridad que se sostiene en el tiempo, a raíz de lo cual la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional sostuvo en la resolución N° 20/17: el control jurisdiccional no puede rever la situación de privación de la libertad de un imputado, cuando ella ha sido dispuesta mediante el dictado de una Prisión Preventiva, ni en aquellos casos en que se ha producido previamente la oposición a la prisión preventiva del imputado. En este orden, verificamos que ambas circunstancias se han producido en autos, lo que impide efectuar la solicitud de libertad o de mantenimiento de libertad, por vía de control jurisdiccional… No obstante, estimamos que la Sra. Juez no debió dar curso al planteo de la defensa, en tanto ha estado revestido del ropaje del Control Jurisdiccional, y mucho menos resolver un cese de prisión que no fue planteado por la Defensa y que por otra parte, debió deducirse ante la Fiscalía de Investigaciones, y de no ser concedido por esta última, interponer la oposición ante la Magistratura”.

Lo importante es considerar las oportunidades en que, con abuso de su función incurrió en claros incumplimientos en su ejercicio al alzarse contra las claras disposiciones emanadas de la Cámara de Apelaciones que en la resolución N° 152/17 dijera: “Este accionar sin duda quebranta el principio de división de funciones inherente al sistema penal acusatorio, consagrado a través de la reforma del Código Procesal Penal de nuestra Provincia, particularmente a través de su Art. 70 –función del Ministerio Público- establecido por el 120 de la Constitución Nacional, perjudicando la situación procesal del imputado, siendo que dicha calificación legal repercute significativamente en la situación de privación de libertad de aquel que, actualmente, se encuentra en estado de libertad por disposición de una resolución cuya legalidad es cuestionable”.

Esta conducta de abuso de funciones y desvío de poder fue reiterada por la jueza tal como se advierte de la lectura de la resolución Nº228/17 (expediente N° 1057/2017-1): “Ahora bien, en este cometido, y teniendo en cuenta que lo que la Sra. Jueza ha sostenido, en audiencia de oposición a las medidas cuestionadas por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, es la circunstancia de que no ha mediado autorización ni su respectiva solicitud a la Magistrada, por parte de la Fiscalía de Investigaciones actuante, para disponer que las declaraciones testimoniales en cuestión, fueran recibidas bajo la modalidad de identidad reservada. En este sentido, fundó sus respectivos pronunciamientos de nulidad en lo dispuesto, presuntamente, por el artículo 218 del CPP”.

“Sin embargo analizando los argumentos esgrimidos por la señora juez de Garantías Nº1 y la normativa del Código Procesal Penal, en lo respectivo, encontramos que el Art.218 de dicho cuerpo legal, nada dice en el sentido de lo invocado por la A quo. (…) De tal modo afecta al Ministerio Público, en tanto pone en riesgo la actuación de la Sra. Fiscal a quien le es obstruida, sin motivo legal alguno, su función propia de investigar y disponer las medidas de prueba que estime pertinentes, así como la modalidad más adecuada a las mismas. Por otra parte, con los resolutorios dictados, se obstaculiza y dilata el proceso, también en perjuicio del querellante particular, y de los imputados, generándose el riesgo de entorpecer la investigación o de frustrar la administración de justicia, aún a pesar de encontrarse acreditados, hasta el presente, elementos que hacen presuponer, un mínimo de probabilidad del suceso investigado, así como de su presunta autoría”.

Finalmente la resolución destacada que, “el Superior Tribunal de Justicia es el órgano máximo de la justicia provincial investido en el orden jurisdiccional de las facultades definidas en los artículos 161 y 162 de la Carta Local que pautan los supuestos en que procede conocer de las causas en instancia ordinaria y exclusiva como de aquéllas en grado de apelación, mientras que encontrándose encomendado al mismo la función, como cabeza de poder, de asegurar el adecuado y efectivo servicio de justicia, le está asignado el ejercicio de facultades de superintendencia”.

Esta medida fue notificada a la magistrada y se presentó ante el Procurador General quien deberá formalizarla ante el Consejo de la Magistratura.

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ECO lanzó su campaña para ratificar el rumbo de desarrollo en la provincia

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El frente oficialista Encuentro por Corrientes (ECO) lanzó este viernes su campaña con miras a las elecciones del 2 de junio que renovará la Legislatura provincial, bajo la consigna de “no volver al pasado”. El gobernador Gustavo Valdés encabezó así un acto con dirigentes de 26 partidos, marcando la necesidad de “ratificar el rumbo” para lograr el desarrollo y la modernización, mediante la industrialización y la conectividad, “con el acompañamiento de un Gobierno nacional que haga una férrea defensa del federalismo”.

Pasadas las 19, en el complejo de eventos ubicado sobre avenida Maipú 3840 de la ciudad de Corrientes y con salón repleto de militantes, ECO presentó sus ejes electorales y los 26 partidos que ya manifestaron su integración al frente oficial. Junto al mandatario provincial, estuvieron como principales referentes, el senador provincial y ex gobernador, Ricardo Colombi (UCR); el vicegobernador Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes); el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani (Encuentro Liberal) y el senador nacional, Pedro Braillard Poccard (Partido Popular). En las primeras filas del colmado auditorio, estuvieron legisladores y funcionarios nacionales y provinciales e intendentes de 41 municipios.

Primeramente, el consultor Andrés Rabossi explicó qué es la opinión pública, qué es una estrategia electoral y qué está pensando la gente en Corrientes. En este contexto, destacó que “Valdés tiene una imagen positiva muy alta”, que alcanza el 69 por ciento y que “si se consulta si votarían a un candidato del Gobernador, un 63 por ciento responde afirmativamente”.

Luego, el dirigente radical mendocino, Raúl Baglini analizó el panorama electoral nacional, vaticinando que “lo más probable que ocurra es que se mantenga un escenario de altísima polarización”.

Seguidamente, Colombi tomó la palabra y dijo que “en este puntapié inicial de la campaña tenemos que estar convencidos de que no queremos volver al pasado”, entendiendo que “para no ser Venezuela, tenemos que estar unidos como lo estamos en Corrientes” y sobre la alianza ECO+Cambiemos, sostuvo que “hoy tenemos que ratificar ese rumbo”.

El ex gobernador destacó luego el “afianzamiento de las instituciones democráticas” que llevó adelante en la provincia, tras la intervención federal entre 1999 y 2001. “Hoy con Gustavo (Valdés) es tiempo de desarrollo”, continuó.

Colombi valoró así que “este Gobierno nacional es el que decidió devolver a las provincias sus respectivos recursos, ese 15 por ciento que se quedaba en Anses”, planteando que “en estas elecciones debemos asegurar el rumbo definitivo de Corrientes para que siga creciendo y desarrollándose”.

“Gustavo necesita del acompañamiento de la comunidad, el aporte de los legisladores para ese crecimiento que debe estar acompañado por un Gobierno nacional que haga una férrea defensa del federalismo”, sostuvo el legislador y titular del radicalismo provincial, además de sostener que “en las próximas elecciones nacionales, Corrientes debe aportar la mayor cantidad de legisladores que apoyen ese gobierno”.

En tanto, Valdés señaló que “si las fuerzas políticas que hoy componemos este espacio político (ECO) comprendemos que el desafío es la construcción del futuro de Corrientes, vamos a estar encaminados a que esta alianza social y política que constituimos en el tiempo y que perdura, va a obtener la cantidad de diputados y senadores que necesitamos para para transformar la provincia”. Y destacó la gestión de su predecesor, afirmando que “hoy podemos exhibir solidez, siempre en las crisis éramos la primer provincia en caer y ahora somos una de las tres que más aumentó los sueldos”.

“Pero tenemos potencial enorme en producción y tenemos que salir a buscar la inversión necesaria para el desarrollo, por eso estamos buscando crear puertos en Corrientes, para exportar nuestros productos al mundo”, resaltó luego.

Asimismo, el mandatario provincial aseguró que “cambió el Gobierno nacional y cambió la situación de las rutas en Corrientes”, mencionando varias obras viales realizadas para luego anunciar la repavimentación de la ruta 126 por 3.200 millones de pesos. En este marco, también valoró los “mil kilómetros de caminos rurales que enripiamos en este año y medio, que se suman a los 1.600 hechos en la gestión de Ricardo (Colombi)”.

Y agregó que “estamos haciendo nuevos parques industriales y vamos a invertir en software y fibra óptica, porque la modernización tiene que estar en nuestro lenguaje cotidiano, para conectar escuelas, municipios y hospitales”.

Por otra parte, Valdés bregó por “más igualdad para las mujeres, incluir a los jóvenes y a la comunidad ‘lgbtiq’, a todos, porque las sociedades que comenzaron a discriminar a parte de su población terminaron en fracasos”. Y entendió que “únicamente incluyendo a todos vamos a salir adelante, pero estos beneficios que construimos con el esfuerzo y el sudor del correntinos tienen que estar distribuidos de manera más justa y equitativa, para que haya progreso para todos los correntinos”.

Partidos

Entre los partidos que se presentaron como parte de ECO en este lanzamiento para las elecciones del 2 de junio, estuvieron: Movimiento Siempre Corrientes; FORJA; Partido Federal; Demócrata Progresista; Acción por Corrientes; Unidos por Corrientes; Laborista Autónomo; Encuentro Liberal (ELI); Partido Fe; Unión Popular; Encuentro Correligionario; Cambio Austeridad y Progreso; Acción Popular de los Trabajadores; ARI; Partido Liberal; Partido Autonomista; Proyecto Corrientes; Pro; Partido Nuevo, Norte Grande; Partdo Popular; Unión Celeste y Blanco; Compromiso Correntino; Trabajo y Compromiso Ciudadano; UCR; Partido Conservador Popular.

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Tassano: Gran parte de la campaña es la gestión

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Asi lo indicó el intendente Eduardo Tassano en el marco de la presentación de Encuentro por Corrientes (ECO), ante sus socios, en el salón de convenciones Espacio Andes. “Este es el puntapié inicial, sabemos que va a haber diferentes pretensiones y no va a ser fácil conformar no solo de los legisladores provinciales, sino de los concejales de las diferentes localidades”. “Siempre son negociaciones difíciles que van a requerir que pongamos todos, un poco, para llegar a la solución”, manifestó.

Tassano sostuvo que las aspiraciones de la Unión Cívica Radical (UCR), es “mantener el número de legisladores”. “Es nuestra aspiración primaria y vamos a trabajar en eso”, aseguró. En el frente siempre “primó el bien común, a organización general y no vamos a dejar de trabajar en esa línea”, dijo.

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Corrientes: piden indagar a un concejal y su pareja por irregularidades en la contratación de una sede para la Anses

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Están acusados de intervenir en la adjudicación directa de un inmueble que, apenas dos meses antes, había sido adquirido por el padre y la esposa del edil.

a Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, solicitó las indagatorias de un integrante del Concejo Deliberante de esa ciudad, de su pareja -ex titular de la ANSES Corrientes-, su padre y la esposa de éste, en el marco de una causa donde se investigan presuntas irregularidades en el alquiler de un inmueble destinado al funcionamiento de una Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De acuerdo a la investigación, en abril de 2011 la por entonces jefa de la UDAI Corrientes, Natalia de los Santos -pareja del concejal Justo Alejandro Estoup-, solicitó una nueva locación bajo la modalidad de contratación directa, por lo cual requirió de $1.152.000 para un total de 36 meses de alquiler, en cuotas mensuales de $32.000. Justificó tal modalidad en la “emergencia edilicia” en que se encontraba el organismo, ante el avance de un juicio por desalojo iniciado por el propietario del edificio donde funcionaba la sede de la capital provincial.

Dos meses después, los suegros de la funcionaria adquirieron un inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de la ciudad de Corrientes, por el cual abonaron $585.943, según se desprende de la escritura. El 18 de agosto de 2011, un día antes de que comenzara la apertura de ofertas, el matrimonio ofreció la propiedad por un valor de alquiler mensual de $98.600 ($2.366.400 total), es decir, por un valor casi cuatro veces más del monto por el cual adquirieron el inmueble. Finalmente, la comisión evaluadora de la ANSES propició que se acepte la propuesta elevada por los suegros de la funcionara, “la única propuesta” recibida. El contrato se firmó en diciembre de 2012 por un valor de $1.752.000 con la intervención, por un lado, de Natalia Soledad de los Santos en representación de la ANSES y, por la otra parte, sus suegros.

Al pedir la indagatoria de los cuatro imputados, Ferrini encuadró los hechos descriptos bajo la figura de los delitos de administración infiel, cometido en perjuicio de una administración pública (art.173, inc. 7°, en función del art.174, inc. 5). El fiscal sostuvo en su presentación que existen pruebas suficientes para afirmar que los cuatros acusados “de manera directa llevaron a cabo un complejo plan orientado a lograr la locación del inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de esta ciudad, para la ANSES (dependencia Corrientes Capital), bajo la simulación engañosa de una contratación directa”.

El representante del Ministerio Público Fiscal requirió además la inhibición general de bienes por 90 días y que se comunique la existencia y estado procesal de la causa a los jefes de la ANSES y de la Oficina Anticorrupción, Emilio Basavilbaso y Laura Alonso, respectivamente.

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