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Politica

Gobierno presentó nueva ley de ética para extender control a jueces y sindicatos

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La OA dio a conocer una iniciativa en la que busca darle más autonomía al organismo que lidera Laura Alonso. Declaraciones juradas del Poder Judicial y de gremialistas, en el centro de la escena.

El Ejecutivo presentó en Diputados una nueva ley de ética pública que coloca en el centro de la escena las contrataciones del Estado.

Sin embargo, la iniciativa propone también brindarle mayor autonomía a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso a través de la inclusión dentro de su esfera de control al Poder Judicial, al Congreso y a los sindicatos.

La iniciativa es motorizada por la propia titular del organismo y por el “lilito” Fernando Sánchez, Secretario de Fortalecimiento Institucional, quienes en la actualidad son los encargados de velar por el buen comportamiento de las prácticas éticas dentro del Ejecutivo.

La presentación se realizó ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los diputados del PRO, Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky. Por lo pronto, el proyecto impulsado por Alonso y Sánchez propone modificaciones a la ley de ética pública vigente que fue sancionada en 1999 y que sufrió modificaciones en 2013.

Para el borrador, la OA realizó consultas con especialistas del Banco Mundial, la OCDE y a través de la plataforma Justicia 2020. Desde la oficina también destacaron que para la presentación de este proyecto de ley se estudiaron legislaciones similares de Méxcio, Chile, Francia y Canadá. Por lo pronto, la semana que viene comenzará el debate con la puesta en consideración de otros proyectos que ya fueron presentados con anterioridad.

Durante el plenario, el propio Sánchez defendió la iniciativa al considerar que “el mejor antídoto para la corrupción es la integridad”. En ese contexto, el funcionario sostuvo que “tenemos mucho por mejorar” y destacó las leyes del arrepentido, la de defensa de la competencia y la de extinción de dominio como herramientas de “lucha contra la corrupción”.

Por su parte, Alonso señaló que la norma de 1999 “fue una muy buena ley para la ética” pero “tuvo una implementación muy errática con una modificación muy negativa en 2013 por lo que merece una actualización”.

Entre los detalles de la nueva norma la propia Alonso destacó que la propuesta “subsana la reforma parcial de 2013” porque “perfecciona la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas de los tres poderes”.

En ese contexto, la funcionaria detalló que la presentación de las DDJJ se realizará a través de un formulario electrónico al tiempo que la información se hará pública. En caso de que un funcionario no cumpla con la presentación se le retendrá un 20% de los haberes.

“Nueve provincias no tienen una ley de ética pública. Esperemos que este debate las inspire y las invitamos a adherir si esta ley es sancionada”, señaló Alonso. Sobre el cierre la titular de la OA señaló: “Estamos ante una oportunidad histórica. Entendemos que la sanción de esta norma es imperiosa”.

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Ruta del dinero K: ratificaron la falta de mérito a Cristina

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El tribunal ratificó la decisión de primera instancia dictada por el juez Casanello. Por esa causa está preso el empresario Lázaro Báez.

La Cámara Federal porteña ratificó hoy la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

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Politica

Valdés firmó convenio para el financiamiento de obras hídricas

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El gobernador Gustavo Valdés firmó este mediodía en Casa de Corrientes en Buenos Aires el convenio que permitirá la financiación de la obra La Palmira a través del FONPLATA y con cargo 100% a la Nación. El documento fue rubricado con el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, Fernando Álvarez De Celis y será homologado por el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

Esta obra es la primera de las programadas para el drenaje de la subcuenca del Riachuelo que, con una inversión de US$ 2.500.000, consiste en la colocación de cuatro Túneles Liner por debajo de la Ruta 12, que permitirán el desagüe de los excedentes hídricos de esa zona hacia el río Paraná. La Unidad Ejecutora de la obra será el Ministerio de Producción y a partir de este convenio se está en condiciones de efectuar el correspondiente llamado a licitación.

Como contraparte, la Provincia ejecutará con fondos propios los trabajos de canalización en el Iribucuá, para desembocar en el puente que sobre Ruta 12 está siendo construído actualmente por Vialidad Nacional.

Estas obras forman parte del Plan Hídrico desarrollado por el Gobierno Provincial y están dirigidas a regular esa cuenca, que en esa zona abarca unas 700.000 hectáreas.

Puerto de Lavalle

El ministro de Producción Jorge Vara, se reunió ayer en Buenos Aires con Eduardo Jacob, director de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Ex PROSAP-UCAR), para avanzar en la finalización del puerto de Lavalle ya que se confirmó el financiamiento del Banco Internamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del muelle y las defensas costeras en la zona del puerto.

Mañana (miércoles 20), el subsecretario de Producción Jorge Fedre viaja a reunirse con el funcionario citado y sus técnicos, para cerrar los temas que ya se venían tratando y avanzar en la documentación requerida.

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Pyramis: solicitan procesamiento para tres personas por lavado de activos

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Lo solicitó la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la Procelac, respecto de tres integrantes de esa entidad, a la que se le atribuye haber funcionado como “una verdadera ‘banca de hecho’” sin autorización del Banco Central. Están acusados de darle apariencia de licitud a 3 millones de pesos obtenidos de esa actividad mediante la compraventa, en 2015, de un inmueble.

La Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitaron el procesamiento de tres personas acusadas de ingresar al mercado legal bienes provenientes del delito de intermediación financiera no autorizada, a través de la Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis.

El pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal -a través del fiscal federal correntino Flavio Ferrini y la cotitular de la Procelac, María Laura Roteta- sostuvo que los elementos probatorios recolectados “permiten confirmar -con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso- la hipótesis inicial investigada”: la aplicación de fondos de origen delictivo a la operación de compra-venta de un inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900, en la capital provincial, disimulando así la fuente real de los fondos y dándole apariencia de licitud.

Una nueva maniobra detectada

El MPF señaló que el 12 de febrero de 2015, Mario Giudici adquirió el inmueble por casi tres millones de pesos a través de la firma San Francisco Agropecuaria S.A. De acuerdo a la acusación, la actuación del hombre “permitió ocultar una relación crediticia existente” entre el vendedor “y la COOPERATIVA PYRAMIS que formaba parte del conjunto de actos ilícitos de intermediación financiera no autorizada desarrollados por la entidad. Esto es así porque la venta del bien inmueble de la calle Pago Largo a la firma SAN FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. tuvo como objeto la cancelación de una deuda” que se había contraído con la mencionada cooperativa, de la que Giudici formaba parte como síndico suplente.

Apenas once días después -el 23 de ese mes-, también mediante San Francisco Agropecuaria, la propiedad fue vendida a Mario Argentino Boschetti a cambio de 3 millones en efectivo. De acuerdo al MPF, Boschetti era vocal suplente de Pyramis. El contador Oscar Belén Cassani certificó las firmas del boleto de compra-venta.

“Esta operación de compra-venta le sirvió a la firma SAN FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. para justificar fondos ilícitos”, ya que el primer vendedor “no recibió dinero como contraprestación por la venta del inmueble, sino que se trató de un acto simulado por la suma de $1.500.000 en efectivo y la asunción de la hipoteca que pesaba sobre el bien”. Con la segunda operación, “la firma presidida por Giudici pudo generar un saldo a favor de $3.000.000, mientras que el comprador convirtió sus fondos ilícitos en el bien inmueble en cuestión”.

Por esos motivos, los fiscales pidieron los procesamientos de los imputados por el delito de lavado de activos; Giudici y Boschetti en calidad de coautores y el contador Cassani como partícipe necesario. Sobre este último, el MPF resaltó que “ha sido escribano de Pyramis en varias oportunidades, conforme la documentación agregada en la causa 6354/16 que fue elevada al Tribunal Oral de esta ciudad, por lo que mal podría desconocer cómo era el funcionamiento de la cooperativa y sus negocios ilícitos, y cuya función podría tener relevancia en un eventual juicio penal”.

“Una verdadera ‘banca de hecho’”

El dictamen recuerda que los integrantes de la Cooperativa de Crédito y Servicios PYRAMIS fueron procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada -art. 310 del Código Penal-, por haber captado, desde el año 2012 hasta al menos octubre de 2015, “fondos del público, los que fueron posteriormente utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques, la realización de operaciones cambiarias, entre otras, cuando dicha cooperativa carecía de autorización por parte del Banco Central de la República Argentina”.

“Mediante este accionar, obtuvieron alrededor de $68.500.000 provenientes de personas ajenas a la entidad y capitalizaron intereses por más de $9.500.000, lo que permitió acreditar el montaje de una verdadera ‘banca de hecho’ con, al menos, 212 clientes confirmados”, explicaron Ferrini y Roteta.

En esa línea, agregaron que los frutos de la actividad ilegal no sólo fueron empleados para sostener y retroalimentar “el funcionamiento ilícito de la Cooperativa PYRAMIS, sino que también se canalizaron hacia la economía formal con la finalidad de disimular su ilicitud de origen y así facilitar a las personas físicas investigadas su mejor disfrute”.

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