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Detalles de las medidas del Gobierno: precios congelados por 6 meses, tarifas fijas hasta fin de año y nuevas líneas de crédito

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Luego de conocerse el “pico” de inflación de 4,7% en marzo, el gobierno lanzó medidas económicas que buscan contener los precios e impulsar el consumo. El paquete incluye beneficios fiscales para las pymes, otro de los sectores castigados por la crisis económica.

El documento oficial detalla el plan económico en 4 módulos: precios y consumo; tarifas y servicios públicos; beneficios sociales; apoyo para las pymes.

“Creemos que, habiendo empezado a estabilizar la cuestión cambiaria, llegó el momento de traer un poco de alivio a los argentinos, que tantos esfuerzos hicieron en estos meses difíciles para todos”, introduce la comunicación oficial.

Y especifica: “Hemos acordado, después de conversar con los gobernadores, los referentes principales de Cambiemos y representantes del sector productivo, una serie de medidas que tienen como objetivo profundizar la lucha contra la inflación y ayudar a reactivar la economía”.

“Seguimos convencidos de que para bajar la inflación en el largo plazo –y terminar con este problema que tenemos desde hace 75 años–, son indispensables los cambios profundos y estructurales que venimos implementando en estos años. En el corto plazo, sin embargo, tomamos medidas que protegen a los argentinos en esta etapa de transición, para que juntos podamos ganarle a la inflación. Esta reactivación nos va a seguir afianzando en el camino de salida de este gran problema, que nos viene azotando hace muchas décadas”, completó.

El Poder Ejecutivo estableció un acuerdo con 16 empresas para que 60 productos de la canasta básica mantengan sus precios durante seis meses. En la lista, hay aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yorgur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas.

Las compañías se comprometieron a asegurar disponibilidad de los productos en 2500 puntos de venta. La nómina con los nuevos precios regulados estará disponible en los súper a partir del lunes 22 de abril.

Beneficios y créditos Anses

Incluye una red de descuentos de entre el 10% y el 25% para las 18 millones de personas que reciben beneficios de Anses en supermercados, negocios de ropa, iluminación, viajes y turismo, electrodomésticos, línea blanca y materiales para la construcción.

Los descuentos alcanzan a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (la gran mayoría, por invalidez), Pensión Universal para el Adulto Mayor, titulares de la Asignación Universal por Hijo, titulares de la Prestación por Desempleo, Asignaciones Familiares (empleados formales), Becas Progresar, personal de servicio doméstico, Hacemos Futuro, Proyectos Productivos Comunitarios y el programa Más Vida de la Provincia de Buenos Aires.

Los beneficiarios podrán acceder a los descuentos con sus tarjetas de débito asociadas a ANSES.

Además, se renueva y se amplía la oferta de créditos ANSES con montos más altos y más cuotas. Los créditos ANSES están disponibles para jubilados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, de la Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares. En total son alrededor de 18 millones de personas las alcanzadas.

Ley de Lealtad Comercial

Saldrá por decreto. Su objetivo principal es evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas. La Secretaría de Comercio Interior tendrá más facultades para sancionar conductas desleales o anticompetitivas, y para proteger a comercios y pymes.

Cortes de carne a precios accesibles

Los frigoríficos exportadores acordaron vender 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo (precio final) en la feria minorista del Mercado Central y en las bocas de expendio de cada uno de los frigoríficos.

Para tener una referencia, el Mercado Central vende alrededor de unos 70.000 kilos de carne por mes. Estos cortes estarán disponibles cuando se termine de implementar el nuevo sistema, dentro de 10 o 15 días.

Tarifas de servicios públicos

Las tarifas de electricidad, gas y transporte no volverán a aumentar en lo que resta del año. En el caso de la luz los dos aumentos anunciados para el resto de 2019 serán absorbidos por el Estado nacional.

También habrá durante el invierno un descuento del 22% en el precio del gas, que los usuarios pagarán en las facturas de los meses de verano, los de menor consumo. El costo de postergar estos pagos será absorbido por el Estado Nacional. Tampoco habrá aumentos en los peajes.

Sobre el precio de la telefonía celular de las líneas prepagas el congelamiento será por cinco meses, es decir, hasta el 15 de septiembre.

Beneficios sociales

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Hacemos Futuro, Proyectos Productivos Complementarios y el programa Más Vida de la Provincia de Buenos Aires y su grupo familiar podrán acceder a descuentos de entre el 20% y el 70% en medicamentos en una red de 5000 farmacias distribuidas en todo el país. Son alrededor de cinco millones de beneficiarios.

Este beneficio permitirá a muchas familias sin cobertura médica acceder a uno de los principales beneficios de los seguros de salud: el descuento en el precio de los medicamentos.

Además, se ampliarán los créditos para conexión a la red de gas natural para llegar a 70.000 hogares que hoy todavía usan garrafas a pesar de que viven sobre la red de gas. El gas de red es más seguro, cómodo y económico, fundamentaron en el gobierno nacional.

El gobierno nacional abrirá la convocatoria para un nuevo llamado del Plan ProCreA, para que 10.000 nuevas familias puedan acceder a su vivienda y se sumen a las 30.000 que ya escrituraron.

Como en los llamados anteriores, las familias aportarán una parte del valor de la vivienda (en este caso el 10% del precio) y el Estado Nacional el 20%, con un subsidio no reembolsable. El subsidio promedio va a ser de 550.000 pesos.

Apoyo a las pymes

La AFIP lanzará un nuevo plan de pagos para regularizar deudas tributarias vencidas de todos los contribuyentes, con una tasa menor que las de planes previos y un plazo mayor para cancelarlos. Incluye las deudas de los principales impuestos como IVA, Ganancias y Bienes Personales) vencidas al 31 de enero, incluidas las retenciones y percepciones impositivas.

Serán hasta en 60 cuotas con un tope en la tasa de interés del 2,5% mensual para pymes y contribuyentes, la primera cuota recién vencerá el 16 de septiembre.

Además, se acortará el plazo en el que los comercios reciben el dinero de las ventas que hacen por tarjeta de crédito. Hoy las empresas de tarjetas de crédito tardan 19 días hábiles de efectuada la operación a 10 días hábiles en transferir el dinero. Por último, los bancos no les van a cobrar más comisión (hoy, de entre 1% y 2%) a las Pymes por recibirles el efectivo.

En cuanto a las retenciones, se eliminarán para todas las empresas que exporten por encima de su promedio de exportaciones del año pasado. La medida es aplicable para quienes exporten menos de 50 millones de dólares por año.

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Coronavirus en Argentina: el Gobierno creó un fondo para dar conectividad gratuita a los barrios que queden aislados

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El Gobierno acaba de aprobar un fondo especial para llevar conectividad de internet a más de 3.000 habitantes de Villa Azul que quedaron aislados desde la semana pasada por un brote de contagio de COVID19 que obligó al Ministerio de Salud a bloquear todo el asentamiento.

Por medio de una resolución que firmó hoy el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el presidente Alberto Fernández avaló la decisión de formar un Fondo de Emergencia para disponer de unos 100 millones de pesos destinados a dar conectividad tanto en Villa Azul como en otros barrios que queden aislados por completo ante un brote exponencial de coronavirus.

El titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, confirmó hoy a Infobae que se destinarán desde el ente que preside 3 millones de pesos para darles conectividad a más de 3.000 habitantes del barrio Villa Azul. Pero el fondo global de emergencia de $100 millones que avaló el ENACOM servirá para ofrecer acceso a la red de Internet en el caso de que haya más villas miseria aisladas por el COVID-19.

“La decisión del Presidente es que haya una presencia fuerte del Estado en los sectores vulnerables en todos los aspectos y la conectividad es un servicio esencial en un barrio que quedó aislado como el de Villa Azul”, explicó Ambrosini tras firmar un convenio para instrumentar este plan con los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

(Reuters)
(Reuters)

La decisión de ENACOM en este caso fue llevar 3.000 tarjetas telefónicas prepagas para cargar en celulares para que la mayor parte de los habitantes de Villa Azul puedan estar conectados durante los próximos 15 días. En el caso de que la cuarentena estricta se mantenga en este barrio, se extenderá esta tarjeta que sirve por igual a las tres empresas prestatarias de telefonía como son Claro, Personal y Movistar. Los intendentes serán los encargados de repartir las tarjetas y llevar un registro de quienes hayan accedido al plan.

La idea es que los habitantes de Villa Azul que se encuentran aislados por completo puedan acceder desde sus celulares a una conectividad sin límites y así sortear con mayor facilidad el encierro.

La semana pasada se detectaron más de 90 casos de COVID-19 en la Villa Azul que comparten las comunas de Avellaneda y Quilmes. A partir de ese dato se decidió aislar completamente el barrio donde ayer había más de 180 casos de coronavirus confirmados. Así, se montó un fuerte operativo de rastrillaje sanitario para detectar más contagios y todo el barrio quedó cercado por más de 300 policías.

En paralelo a esto, el Ministerio de Salud de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires avanzaron con un operativo de control sanitario en la Villa Itatí que está enfrente de Azul. Y las autoridades nacionales y provinciales no descartan que haya más barrios aislados por completo. De allí la decisión del ENACOM, cuyo directorio conformado por Ambrosini, Gustavo López y Gonzalo Quilodrán decidió crear hoy también un Fondo de Emergencia para la conectividad en el caso de que haya más barrios aislados.

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Extenderán por otros 60 días las suspensiones a trabajadores sin tareas con una rebaja salarial del 25%

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El acuerdo marco entre la UIA y la CGT para suspender trabajadores sin tareas con una rebaja del 25% del salario neto será extendido por otros 60 días desde el 1° de junio. Así lo acordaron esta tarde empresarios y sindicalistas ante el vencimiento del convenio entre ambas partes, que estipulaba un plazo de vigencia de 60 días con efectos a partir del 1º de abril de 2020. Y el fundamento que explica la prórroga es el mantenimiento de la cuarentena en el AMBA, por lo que muchos sectores seguirán sin cumplir sus tareas o con dificultades para reanudar las actividades.

La extensión de la vigencia no debería ser homologada por el Gobierno, ya que, luego del acuerdo UIA-CGT, el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 para reglamentar las suspensiones pagas, pero en esa norma no figuraba ningún plazo determinado de vencimiento.

El acuerdo marco permite que quienes no tengan tareas como producto de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una suma que no podrá ser menor del 75% del salario.

Una vez que la UIA y la CGT lo firmaron, hubo una ola de sindicatos que rubricaron convenios de estas características, como los mercantiles, los metalúrgicos y los gastronómicos, entre otros. Se calcula que en abril y mayo hubo 1.200.000 trabajadores que no tenían tareas y que fueron suspendidos, con el pago del 75% del salario neto, y que ahora podrán extender ese mismo acuerdo.

La UIA y la CGT, en la primera reunión del comité de crisis que integran con el Gobierno
La UIA y la CGT, en la primera reunión del comité de crisis que integran con el Gobierno

Según el texto que habían firmado la UIA y la CGT, quedan excluidos de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento” y también los pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes.

En el acuerdo se estableció que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrán ser inferiores al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.

También preveía que “quienes apliquen este marco normativo deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones durante un plazo igual a la vigencia de esta norma”.

El pacto UIA-CGT fue firmado el 27 de abril y dos días después el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 que reglamentó los términos de lo que habían rubricado empresarios y sindicalistas para agilizar los acuerdos a los que se llegara desde ese momento.

Las bases del acuerdo UIA-CGT se conversaron en una videollamada de la que participaron los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas
Las bases del acuerdo UIA-CGT se conversaron en una videollamada de la que participaron los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas

La norma firmada por el ministro Claudio Moroni estableció que “las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (de Contrato de Trabajo) y sus modificatorias serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación”, y agrega que “igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores”.

Cuando las presentaciones sean realizadas por el sector empleador, la resolución les otorga a los sindicatos con personería la facultad de revisar durante tres días las presentaciones de las empresas efectuadas ante el Ministerio de Trabajo, con el listado del personal afectado a las suspensiones, y el plazo puede ser prorrogado por dos días más a pedido de la representación gremial.

Vencido ese plazo de tres, o eventualmente de cinco días, el silencio de la entidad sindical permitirá que el expediente sea dado por conforme, pero si hay oposición de la parte gremial se abrirá “una instancia de diálogo y negociación” con la representación empleadora.

La conducción de la CGT negoció la extensión de la vigencia del acuerdo por suspensiones
La conducción de la CGT negoció la extensión de la vigencia del acuerdo por suspensiones

En la resolución también se aclara que las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones que “no se ajusten íntegramente” a los términos del acuerdo entre la UIA y la CGT serán sometidos al “control previo” del Ministerio de Trabajo que, en cada supuesto, “indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido”.

Por último, la norma de la cartera laboral estipula que “las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas”.

El acuerdo UIA-CGT fue criticado por Hugo Moyano y las dos CTA, entre otros sectores, pero defendido por la propia central obrera: Héctor Daer, uno de sus cotitulares, dijo que “genera certidumbre a toda esta nebulosa de gente que viene de hace 45 días sin trabajar y que va a seguir así” y destacó que “les pone un piso a todas las negociaciones”.

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Unos 300 intelectuales, científicos y periodistas aseguran que la Argentina vive “una infectadura”

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La farmacéutica y biotecnóloga Sandra Pitta Alvarez, investigadora del CONICET desde el 2002, es la primera de 300 firmas que respaldan un duro documento contra el Gobierno que sostiene que la Argentina vive “una infectadura”.

Detrás de ella, otros 30 científicos del CONICET avalan la postura de que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.

Se trata de Gabriela Niemirowicz, Mario Reta, Sebastián Linares Lejarraga, Darien Prado, Jorge Oyhenart, Alvaro Martel, Mercedes Alemán, Carlos Alfredo Scarabino, por nombrar algunos de los investigadores de la Universidad de La Plata, de La Pampa, de San Juan, de Rosario, la Nacional Tecnológica que expresaron su acuerdo con el documento titulado “La democracia está en peligro”.

Luego se sumaron Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Lilia Puig, Luis Tonelli, Fabiana Tuñez, Gabriel Palumbo, Liliana De Riz, Federico Andahazzi, Silvina Martínez, María José Demare, Daniel Sabsay, Fernando Pedrosa, Diego Bernardini, José Antonio Artusi, Maximiliano Carrillo, Marcelo Gioffre y Darío Lopérfido.

“La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”, se asegura.

Lo que el grupo denominó como una “carta-denuncia” comienza diciendo que “si bien ningún país estaba preparado (para la pandemia), la primera reacción del del Gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Agrega que “se desestimó el planteo de testear, rastraer y aislar casos” y “como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países”.

Critica que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del Gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.

Y hace hincapié en “en el desdén por el mundo productivo, que no tiene antecedentes y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza”. Para asegurar que “los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.

También los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Rosario Agostini, Eduardo Antín (Quintín), Marcelo Panozzo, Javier Navia, Luis Gasulla, Rogelio Alaniz, Pablo Ciarlero, Ricardo Benedetti, Leonardo D’Espósito, José Ignacio Sbrocco, Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá y Emilio Laferriere.

Y una importante cantidad de profesionales, ex funcionarios, ex embajadores, líderes de ONG’s, influencers de redes sociales. Por ejemplo: Leandro Querido, Mariano Caucino, Claudio Bargach, Alejandro Biongiovanni, Pablo Racioppi, Claudio Mascheroni, Emilio Perina, Marta Nercellas, Gustavo Pablo Magda, Alberto Torres, Eduardo Gerome, Carlos Canievsky, Carlos Nápoli y Camila Brancowitz, entre 300 firmantes.

El texto hace “una convocatoria amplia a la sociedad civil a contener los desbordes autoritarios del Gobierno y estar atentos para frenar los avances arbitrarios del poder gubernamental”.

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