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Declaró Arturo Colombi: Fuimos un gobierno transparente

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“El presupuesto es un mensaje de un gobierno a la sociedad, y ese mensaje tie­ne múltiples acciones, una de ellas es la manera en que el gobernador se presenta, eso es tarea de los publicis­tas, ellos recomiendan múl­tiples acciones que sumadas todas dan un mensaje o un posicionamiento ante la so­ciedad, a veces es un repor­taje televisivo, una publici­dad en el diario, reportajes escritos. Con la reforma constitucional me vi obli­gado a ir por la reelección y mostrar a la sociedad por qué quería ser reelecto: ese mensaje es oficial”.

Arturo Alejandro Colom­bi, ex gobernador de Co­rrientes (2005-09) decidió sentarse en el banquillo y hablar: negó los delitos -peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública- que le endilgan los fiscales Gustavo Roubineau y Gusta­vo Schmitt. Ante los jueces del Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1), manifestó: “En un año y medio de juicio sólo se demostró que fuimos un go­bierno transparente”.

En 23 minutos que duró la declaración de Colom­bi, además de rechazar los cargos en su contra, hizo afirmaciones sobre su ges­tión: “Concentramos todos los presupuestos de publi­cidad (de ministerio y entes autárquicos) en la Dirección de Información Pública, pa­sando del 0,5 por ciento a un punto en el promedio en la ejecución presupuestario”. Y agregó: “En 2007 hubo un excedente presupuestario de 260 millones de pesos. Dos o tres ministerios pi­dieron refuerzos, el resto se incorporó a 2008, por eso es que un expedien­te iniciado en noviembre puede pagarse en febre­ro o marzo porque hay continuidad del Estado y el presupuesto contempla esta situación. Acá se lo señaló como una irregularidad pero es de absoluta normalidad”.

“Uso abusivo no hubo: hoy se gasta $400 millones. Si lo nuestro fue un uso abu­sivo cómo es que los fiscales no señalan estas diferen­cias”, espetó el ex mandata­rio. Y aseguró que “un sector de la Justicia fue utilizado por la política”, refiriéndo­se explícitamente al fiscal General, César Sotelo, y táci­tamente a su primo Ricardo Colombi.

El TOP1 lo indagó por la denominada “tercerización” de la pauta oficial a través de la empresa Negocios Correntinos (casa matriz de Agencia Corrientes), del extinto Hernán González Moreno (muerto el 2 de oc­tubre de 2009, a tres del balotaje entre los Colombi), a lo que el imputado respon­dió: “Niego la tercerización, debería haber una ley para que se pueda tercerizar. Ne­gocios Correntinos no supe­ró el 5 por ciento del presu­puesto en publicidad: era un diario digital, una página de noticias”. Acotando: “No se presentó una sola factura de un medio que haya cobrado a través de Agencia Corrien­tes”.

“Otro juego”

“Un sector de la Justicia -declaró Arturo Colombi-, el fiscal general César Sotelo, fue utilizado por la política y a partir de ahí suceden estos casos y se arman estas cau­sas. Por ejemplo en 2009 encarcelaron a mi secretario privado (Diego Mosquera), que después fue sobreseído, y también a “Billy” Zampa. Pasaron 10 años. Es peligroso que un sector de la Justicia juegue a otro juego que no es el que le compete”.

Instancia final

Mayo será el mes en que el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1) dé su veredicto, fecha proba­ble: martes 14. Ayer, los jueces Ana del Carmen Figueredo, Raúl Guerín y Ariel Azcona resolvie­ron el siguiente crono­grama:

-Martes 23/4 el TOP 1 resolverá la incorpora­ción o no de la declara­ción del imputado José Barreto (apartado del juicio por su salud) y de otras probanzas.

-Martes 7/5: alegatos de la Fiscalía (mañana) y del defensor Aquino Britos (tarde).

-Miércoles 8/5: alega­tos de la restantes de­fensas. Doble turno.

Negó “tercerización” de la pauta. Dijo: “Agencia Corrientes era solo una página de noticias”.

Un consejo de la defensora oficial

La declaración de Arturo Alejandro Co­lombi fue un “consejo” de su defensora, la doc­tora Patricia Adriana Barbis, titular de la De­fensoría Oficial Penal Nº 2. El ex mandatario llegó a juicio asistido por la funcionaria ju­dicial, como cualquier otro ciudadano que no pueda solventar un abogado. Los particula­res que lo patrocinaron durante la instrucción no continuaron en la siguiente instancia del proceso: uno Armando Aquino Britos, sigue pero como defensor de otro imputado: José María Roldán; el otro, Fernando Carbajal de­bió renunciar al ser requerido como testigo por la Fiscalía: atesti­guó en la 31ª audiencia del juicio, una semana antes de asumir como juez federal en Formo­sa. “Mi defendido goza de la presunción de inocencia y en un año y medio de juicio no se ha podido mostrar ninguna prueba de car­go para derrumbar esa presunción”, dijo ayer Barbis. Otros tres im­putados son asistidos por el defensor oficial Nicolás Báez.

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Coronavirus en Argentina: el Gobierno creó un fondo para dar conectividad gratuita a los barrios que queden aislados

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El Gobierno acaba de aprobar un fondo especial para llevar conectividad de internet a más de 3.000 habitantes de Villa Azul que quedaron aislados desde la semana pasada por un brote de contagio de COVID19 que obligó al Ministerio de Salud a bloquear todo el asentamiento.

Por medio de una resolución que firmó hoy el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el presidente Alberto Fernández avaló la decisión de formar un Fondo de Emergencia para disponer de unos 100 millones de pesos destinados a dar conectividad tanto en Villa Azul como en otros barrios que queden aislados por completo ante un brote exponencial de coronavirus.

El titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, confirmó hoy a Infobae que se destinarán desde el ente que preside 3 millones de pesos para darles conectividad a más de 3.000 habitantes del barrio Villa Azul. Pero el fondo global de emergencia de $100 millones que avaló el ENACOM servirá para ofrecer acceso a la red de Internet en el caso de que haya más villas miseria aisladas por el COVID-19.

“La decisión del Presidente es que haya una presencia fuerte del Estado en los sectores vulnerables en todos los aspectos y la conectividad es un servicio esencial en un barrio que quedó aislado como el de Villa Azul”, explicó Ambrosini tras firmar un convenio para instrumentar este plan con los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

(Reuters)
(Reuters)

La decisión de ENACOM en este caso fue llevar 3.000 tarjetas telefónicas prepagas para cargar en celulares para que la mayor parte de los habitantes de Villa Azul puedan estar conectados durante los próximos 15 días. En el caso de que la cuarentena estricta se mantenga en este barrio, se extenderá esta tarjeta que sirve por igual a las tres empresas prestatarias de telefonía como son Claro, Personal y Movistar. Los intendentes serán los encargados de repartir las tarjetas y llevar un registro de quienes hayan accedido al plan.

La idea es que los habitantes de Villa Azul que se encuentran aislados por completo puedan acceder desde sus celulares a una conectividad sin límites y así sortear con mayor facilidad el encierro.

La semana pasada se detectaron más de 90 casos de COVID-19 en la Villa Azul que comparten las comunas de Avellaneda y Quilmes. A partir de ese dato se decidió aislar completamente el barrio donde ayer había más de 180 casos de coronavirus confirmados. Así, se montó un fuerte operativo de rastrillaje sanitario para detectar más contagios y todo el barrio quedó cercado por más de 300 policías.

En paralelo a esto, el Ministerio de Salud de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires avanzaron con un operativo de control sanitario en la Villa Itatí que está enfrente de Azul. Y las autoridades nacionales y provinciales no descartan que haya más barrios aislados por completo. De allí la decisión del ENACOM, cuyo directorio conformado por Ambrosini, Gustavo López y Gonzalo Quilodrán decidió crear hoy también un Fondo de Emergencia para la conectividad en el caso de que haya más barrios aislados.

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Extenderán por otros 60 días las suspensiones a trabajadores sin tareas con una rebaja salarial del 25%

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El acuerdo marco entre la UIA y la CGT para suspender trabajadores sin tareas con una rebaja del 25% del salario neto será extendido por otros 60 días desde el 1° de junio. Así lo acordaron esta tarde empresarios y sindicalistas ante el vencimiento del convenio entre ambas partes, que estipulaba un plazo de vigencia de 60 días con efectos a partir del 1º de abril de 2020. Y el fundamento que explica la prórroga es el mantenimiento de la cuarentena en el AMBA, por lo que muchos sectores seguirán sin cumplir sus tareas o con dificultades para reanudar las actividades.

La extensión de la vigencia no debería ser homologada por el Gobierno, ya que, luego del acuerdo UIA-CGT, el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 para reglamentar las suspensiones pagas, pero en esa norma no figuraba ningún plazo determinado de vencimiento.

El acuerdo marco permite que quienes no tengan tareas como producto de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una suma que no podrá ser menor del 75% del salario.

Una vez que la UIA y la CGT lo firmaron, hubo una ola de sindicatos que rubricaron convenios de estas características, como los mercantiles, los metalúrgicos y los gastronómicos, entre otros. Se calcula que en abril y mayo hubo 1.200.000 trabajadores que no tenían tareas y que fueron suspendidos, con el pago del 75% del salario neto, y que ahora podrán extender ese mismo acuerdo.

La UIA y la CGT, en la primera reunión del comité de crisis que integran con el Gobierno
La UIA y la CGT, en la primera reunión del comité de crisis que integran con el Gobierno

Según el texto que habían firmado la UIA y la CGT, quedan excluidos de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento” y también los pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes.

En el acuerdo se estableció que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrán ser inferiores al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.

También preveía que “quienes apliquen este marco normativo deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones durante un plazo igual a la vigencia de esta norma”.

El pacto UIA-CGT fue firmado el 27 de abril y dos días después el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 que reglamentó los términos de lo que habían rubricado empresarios y sindicalistas para agilizar los acuerdos a los que se llegara desde ese momento.

Las bases del acuerdo UIA-CGT se conversaron en una videollamada de la que participaron los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas
Las bases del acuerdo UIA-CGT se conversaron en una videollamada de la que participaron los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas

La norma firmada por el ministro Claudio Moroni estableció que “las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (de Contrato de Trabajo) y sus modificatorias serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación”, y agrega que “igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores”.

Cuando las presentaciones sean realizadas por el sector empleador, la resolución les otorga a los sindicatos con personería la facultad de revisar durante tres días las presentaciones de las empresas efectuadas ante el Ministerio de Trabajo, con el listado del personal afectado a las suspensiones, y el plazo puede ser prorrogado por dos días más a pedido de la representación gremial.

Vencido ese plazo de tres, o eventualmente de cinco días, el silencio de la entidad sindical permitirá que el expediente sea dado por conforme, pero si hay oposición de la parte gremial se abrirá “una instancia de diálogo y negociación” con la representación empleadora.

La conducción de la CGT negoció la extensión de la vigencia del acuerdo por suspensiones
La conducción de la CGT negoció la extensión de la vigencia del acuerdo por suspensiones

En la resolución también se aclara que las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones que “no se ajusten íntegramente” a los términos del acuerdo entre la UIA y la CGT serán sometidos al “control previo” del Ministerio de Trabajo que, en cada supuesto, “indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido”.

Por último, la norma de la cartera laboral estipula que “las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas”.

El acuerdo UIA-CGT fue criticado por Hugo Moyano y las dos CTA, entre otros sectores, pero defendido por la propia central obrera: Héctor Daer, uno de sus cotitulares, dijo que “genera certidumbre a toda esta nebulosa de gente que viene de hace 45 días sin trabajar y que va a seguir así” y destacó que “les pone un piso a todas las negociaciones”.

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Unos 300 intelectuales, científicos y periodistas aseguran que la Argentina vive “una infectadura”

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La farmacéutica y biotecnóloga Sandra Pitta Alvarez, investigadora del CONICET desde el 2002, es la primera de 300 firmas que respaldan un duro documento contra el Gobierno que sostiene que la Argentina vive “una infectadura”.

Detrás de ella, otros 30 científicos del CONICET avalan la postura de que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.

Se trata de Gabriela Niemirowicz, Mario Reta, Sebastián Linares Lejarraga, Darien Prado, Jorge Oyhenart, Alvaro Martel, Mercedes Alemán, Carlos Alfredo Scarabino, por nombrar algunos de los investigadores de la Universidad de La Plata, de La Pampa, de San Juan, de Rosario, la Nacional Tecnológica que expresaron su acuerdo con el documento titulado “La democracia está en peligro”.

Luego se sumaron Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Lilia Puig, Luis Tonelli, Fabiana Tuñez, Gabriel Palumbo, Liliana De Riz, Federico Andahazzi, Silvina Martínez, María José Demare, Daniel Sabsay, Fernando Pedrosa, Diego Bernardini, José Antonio Artusi, Maximiliano Carrillo, Marcelo Gioffre y Darío Lopérfido.

“La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”, se asegura.

Lo que el grupo denominó como una “carta-denuncia” comienza diciendo que “si bien ningún país estaba preparado (para la pandemia), la primera reacción del del Gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Agrega que “se desestimó el planteo de testear, rastraer y aislar casos” y “como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países”.

Critica que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del Gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.

Y hace hincapié en “en el desdén por el mundo productivo, que no tiene antecedentes y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza”. Para asegurar que “los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.

También los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Rosario Agostini, Eduardo Antín (Quintín), Marcelo Panozzo, Javier Navia, Luis Gasulla, Rogelio Alaniz, Pablo Ciarlero, Ricardo Benedetti, Leonardo D’Espósito, José Ignacio Sbrocco, Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá y Emilio Laferriere.

Y una importante cantidad de profesionales, ex funcionarios, ex embajadores, líderes de ONG’s, influencers de redes sociales. Por ejemplo: Leandro Querido, Mariano Caucino, Claudio Bargach, Alejandro Biongiovanni, Pablo Racioppi, Claudio Mascheroni, Emilio Perina, Marta Nercellas, Gustavo Pablo Magda, Alberto Torres, Eduardo Gerome, Carlos Canievsky, Carlos Nápoli y Camila Brancowitz, entre 300 firmantes.

El texto hace “una convocatoria amplia a la sociedad civil a contener los desbordes autoritarios del Gobierno y estar atentos para frenar los avances arbitrarios del poder gubernamental”.

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