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Causa Sapucay: Ordenan detener al juez Soto Dávila de Corrientes

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El escándalo del narcotráfico en Itatí, en Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Pero los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos, según el expediente, también habrían estado aceitados en el Poder Judicial. Ante el conjunto de pruebas, el juez Sergio Torres ordenó la detención del titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.

Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto. Para hacer efectiva su detención debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, donde acumula a lo largo de su trayectoria diez causas por mal desempeño que nunca prosperaron.

 

Molina fue detenido hoy a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes. El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Omar Serial, Humberto “Pochi” Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos narcos que operaban en Corrientes.

El juez federal Torres y su equipo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí; participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. Se trata de 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.

 

En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis “arrepentidos”, cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el juzgado federal N°1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.

 

El juez federal N°1 de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer a través de resoluciones judiciales ­ como excarcelaciones o exenciones de prisión­ a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín. Dos de sus secretarios, Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos, según precisaron aquellas fuentes.

Soto Dávila es juez federal desde el 7 de noviembre de 1996, y a lo largo de los 22 años que lleva al frente del juzgado acumuló seis pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, uno de ellos relacionado con este entramado, que nunca prosperó. Se sospecha que el magistrado y sus secretarios transformaron el juzgado federal de Corrientes en un centro de operaciones donde desde 2010 hasta 2017 se garantizó la impunidad a esta banda narco, a los que se le secuestraron 20 toneladas de marihuana en ese lapso. En la extensa investigación se detectaron los montos que los narcos habrían pagado por medio de sus abogados a los funcionarios del juzgado federal.
También se contrastaron las resoluciones judiciales que favorecieron a los narcos después que se ejecutaron los pagos.

Más allá de los “arreglos” espurios que tejían sus secretarios Grau y Molina, en la causa se destaca que el propio Soto Dávila negociaba cara a cara con el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, que fue detenido el 19 de octubre pasado. Como publicó La Nación el 13 de noviembre pasado, un arrepentido declaró ante el juez Torres que el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone compraba cocaína “para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistía el juez (Carlos) Soto Dávila y Grau”, secretario del juzgado, que fue suspendido por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2016. El otro secretario, Molina, fue procesado por “cohecho” en abril pasado y separado del cargo por decisión de la Cámara de Apelaciones.

La banda comandada por Marín ingresaba desde Paraguay grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían en por lo menos siete provincias. Para que esta organización pudiera funcionar de manera aceitada, como lo hizo hasta 2017, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia justicia federal.

Desde que se inició esta investigación se fueron desmantelando distintas capas  estas complicidades que le daban las garantías a la banda para poder seguir operando. En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay fueron detenidos en marzo de 2017 el intendente de Itatí Natividad “Roger” Terán y el vice, Fabio Aquino, como así también el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz. Desde esa fecha hasta ahora hay 89 imputados cuyas causas fueron elevadas a juicio, 33 que están procesados y 10 personas que siguen con pedido de captura.

 

La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo. Los tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes ubicado a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay, principal productor de cannabis de

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Nito Artaza: Hay que sacar a la UCR de Cambiemos y pedirle perdón a la gente

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El referente del radicalismo aseguró que su espacio “tiene mucho para darle a la Nación, pero se acostumbró a consumir poder”. También advirtió que no habrá una separación de Cambiemos.

El ex senador por la provincia de Corrientes Eugenio “Nito” Artaza aseguró que “el radicalismo nunca tendría que haber estado con Macri” y que la UCR “tiene mucho para darle a la Nación, pero se acostumbró a consumir poder y no a construir poder”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias”, en El Destape Radio, el radical disidente aseveró que “el radicalismo nunca tendría que haber estado con Macri” y predijo que “lamentablemente, no va a haber un cambio en la Convención y el radicalismo va a seguir con Macri”.

Asimismo, el humorista aseguró que “el radicalismo no puede seguir acompañando estas políticas. Se hizo este frente para ganarle al kirchnerismo abandonando todas las banderas del radicalismo” y que “el 50% de los correntinos están en la pobreza. A esto los llevó el Gobierno de Macri, pero el Gobernador de la provincia dice que hay que seguir apoyando a Macri”.

Sobre su situación partidaria, Artaza relató: “Yo soy afiliado al radicalismo hace 20 años, pero el día que propuse una interna en Corrientes desapareció mi ficha. Sigo trabajando en el Frente Renovador dentro de Alternativa Federal”, relató.

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Cristina Kirchner recusó al perito de la causa vialidad

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó hoy al ingeniero designado para intervenir en el peritaje de cinco obras ordenado por el tribunal que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

La presentación fue realizada por el abogado de la senadora nacional, Carlos Beraldi, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que este martes dio inicio al juicio oral y público en el que está acusada la ex mandataria.

La defensa de Fernández de Kirchner recusó al perito ingeniero Pablo Eloy Bona tras asegurar que “carece de la condición de imparcialidad exigida por la ley o que, al menos, su actuación genera un temor objetivo de parcialidad”.

La presentación está basada en el hecho de que el usuario de Twitter @eloybona, creado bajo el nombre y con la foto del perito, indicó que “le gustan” múltiples mensajes publicados en esa red social que contienen afirmaciones críticas contra la ex presidenta.

La ex presidenta ilustró los tweets destacados por el perito y, con ironía, preguntó a través de la red social del pajarito a sus seguidores: “¿Ustedes opinan que este sr. es un perito imparcial?”.

“Se observan múltiples afirmaciones críticas que ponen al descubierto una situación de odio y animadversión hacia varias de las personas imputadas en este proceso”, sostuvo la ex mandataria.

Bona fue designado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) para participar del peritaje ordenado por el TOF 2.

El tribunal que juzga a la ex presidenta había solicitado que el enviaran dos peritos para llevar a cabo lo que se denomina “instrucción complementaria” que incluía, en este caso, el peritaje de 5 de las 51 obras públicas investigadas en la causa.

Los peritajes ya fueron iniciados y según fuentes judiciales, estarían terminados para el mes próximo. En ese contexto el TOF 2 deberá decidir que hace con la presentación realizada hoy por la defensa de la ex presidenta.

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La Legislatura correntina se prepara para el proceso electoral

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A una semana de las elecciones del domingo 2 de junio, teniendo en cuenta que dirigentes y candidatos priorizan las actividades de campaña, una vez más la legislatura correntina no tendrá ninguna actividad oficial durante varios días.

Esta semana no hubo sesión en Diputados y tampoco ocurriría lo mismo en el Senado. El edificio se apronta para ser entregado a la Justicia Electoral, órgano que hará base en el añejo edificio de calle Salta, frente a plaza 25 de Mayo para desarrollar las labores electorales.

Como ocurre siempre en épocas de campaña, no hubo quorum en la Cámara Baja y lo mismo ocurrió con los senadores que están enfocados en la recta final de las elecciones que en cuestiones vinculadas al tratamiento de proyectos importantes para la provincia.

La última semana de mayo, tomarán posesión de la Legislatura los funcionarios del Poder Judicial para organizar las tareas previas y complementarias a los comicios en los que se elegirán senadores, diputados y concejales. La próxima semana tampoco habrá sesiones en ninguna de los cuerpos parlamentarios.

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