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Causa Sapucay: Ordenan detener al juez Soto Dávila de Corrientes

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El escándalo del narcotráfico en Itatí, en Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Pero los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos, según el expediente, también habrían estado aceitados en el Poder Judicial. Ante el conjunto de pruebas, el juez Sergio Torres ordenó la detención del titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.

Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto. Para hacer efectiva su detención debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, donde acumula a lo largo de su trayectoria diez causas por mal desempeño que nunca prosperaron.

 

Molina fue detenido hoy a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes. El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Omar Serial, Humberto “Pochi” Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos narcos que operaban en Corrientes.

El juez federal Torres y su equipo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí; participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. Se trata de 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.

 

En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis “arrepentidos”, cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el juzgado federal N°1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.

 

El juez federal N°1 de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer a través de resoluciones judiciales ­ como excarcelaciones o exenciones de prisión­ a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín. Dos de sus secretarios, Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos, según precisaron aquellas fuentes.

Soto Dávila es juez federal desde el 7 de noviembre de 1996, y a lo largo de los 22 años que lleva al frente del juzgado acumuló seis pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, uno de ellos relacionado con este entramado, que nunca prosperó. Se sospecha que el magistrado y sus secretarios transformaron el juzgado federal de Corrientes en un centro de operaciones donde desde 2010 hasta 2017 se garantizó la impunidad a esta banda narco, a los que se le secuestraron 20 toneladas de marihuana en ese lapso. En la extensa investigación se detectaron los montos que los narcos habrían pagado por medio de sus abogados a los funcionarios del juzgado federal.
También se contrastaron las resoluciones judiciales que favorecieron a los narcos después que se ejecutaron los pagos.

Más allá de los “arreglos” espurios que tejían sus secretarios Grau y Molina, en la causa se destaca que el propio Soto Dávila negociaba cara a cara con el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, que fue detenido el 19 de octubre pasado. Como publicó La Nación el 13 de noviembre pasado, un arrepentido declaró ante el juez Torres que el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone compraba cocaína “para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistía el juez (Carlos) Soto Dávila y Grau”, secretario del juzgado, que fue suspendido por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2016. El otro secretario, Molina, fue procesado por “cohecho” en abril pasado y separado del cargo por decisión de la Cámara de Apelaciones.

La banda comandada por Marín ingresaba desde Paraguay grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían en por lo menos siete provincias. Para que esta organización pudiera funcionar de manera aceitada, como lo hizo hasta 2017, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia justicia federal.

Desde que se inició esta investigación se fueron desmantelando distintas capas  estas complicidades que le daban las garantías a la banda para poder seguir operando. En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay fueron detenidos en marzo de 2017 el intendente de Itatí Natividad “Roger” Terán y el vice, Fabio Aquino, como así también el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz. Desde esa fecha hasta ahora hay 89 imputados cuyas causas fueron elevadas a juicio, 33 que están procesados y 10 personas que siguen con pedido de captura.

 

La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo. Los tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes ubicado a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay, principal productor de cannabis de

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El massismo pidió una sesión especial en la legislatura bonaerense para aprobar la intervención de IOMA

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El Bloque del Frente Renovador en la Legislatura de de la Provincia de Buenos Aires pidió una sesión especial para el miércoles, a fin de tratar el el pedido de intervención de IOMA, a partir de la investigación periodística publicada hoy en en Infobae en el marco de The Implant Files. El trabajo reveló sobreprecios y el pago de coimas a médicos prestadores de la mayor obra social de la Provincia de Buenos Aires por parte de empresas proveedoras para que operen con sus prótesis, bajo la amenaza de que, si no llegaban a un acuerdo, los profesionales rechazarían las prótesis de dichas empresas.

El bloque massista recordó que presentó el pedido en marzo pasado y asegura que no fue tratado por decisión del oficialismo. “Si el frente Cambiemos no quiere tratar la intervención de la obra social más grande la Provincia repleta de irregularidades y manchada por la corrupción con el aval estatal, es porque encubre delincuentes”, sostuvo el diputado massista, Pablo Garate, autor del proyecto.

Además, el massismo solicitará la creación de una comisión bicameral que investigue la situación de la obra social del Estado bonaerense, para hacer un seguimiento y control de gestión, y sugerir “la toma de medidas y acciones con el fin de mejorar y optimizar la gestión de la obra social”.

En la maniobra revelada por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), están implicados médicos de IOMA y proveedores, con el aval de los auditores de la obra social, y según los distintos entrevistados para la investigación, la complicidad de los funcionarios de IOMA.

Esta maniobra fue denunciada por la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña antes la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la Provincia, quien la derivó a la Justicia. Actualmente, la investigación está a cargo del titular de la UFI 6 de La Plata, Marcelo Romero, quien tiene al menos identificados cinco médicos involucrados en esta práctica, y ya ordenó una serie de medidas de prueba. Entre ellas, le envió un oficio a IOMA requiriéndole el listado de prótesis adquiridas durante los últimos cinco años, los médicos que las solicitaron, las rechazadas, los motivos y la resolución de los auditores, y un listado de las prestadoras. Más de un mes después, la obra social –cuyo presidente Pablo Di Liscia fue designado por el Ejecutivo provincial- no respondió.

Para el diputado Garate existen “por un lado, sospechas -y ahora pruebas- de evidentes hechos de corrupción, denuncias y damnificados concretos que deben investigarse. Y por el otro, una mala prestación de la obra social para los afiliados, como consecuencia de las irregularidades. Algo que el Gobierno bonaerense debe atender inmediatamente”.

“El objetivo no es sólo investigar las irregularidades, sino también sugerir medidas y acciones para que IOMA funcione plenamente en beneficio de todos los empleados públicos en actividad y jubilados”, señaló el legislador de Tres Arroyos.

En tanto, el presidente de bloque del massimos en la provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman, afirmó:”El miércoles estaremos en el recinto y esperando que Cambiemos y el resto de las bancadas hagan lo mismo para lograr aprobar la herramienta legal que necesita el Ejecutivo para actuar a fondo en IOMA”. Según el Frente Renovador, el proyecto que presentaron en marzo, no se trató por falta de voluntad de Cambiemos.

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Humberto Tumini, el precandidato a presidente de Libres del Sur

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El partido Libres del Sur presentó este viernes, en un salón del barrio porteño de Palermo, la pre candidatura de Humberto Tumini a presidente de la Nación. En cuanto a los referentes chaqueños, estuvieron presentes el pre candidato a gobernador, Carlos Martínez, y la directora del Isepci, Patricia Lezcano.

El lanzamiento abordó como ejes centrales las problemáticas del cuidado del ambiente, la defensa de los derechos de la juventud, los desafíos de la economía popular y la distribución de la riqueza ante la creciente pobreza, los plenos derechos a la igualdad de las mujeres, fundamentalmente al aborto legal seguro y gratuito.

 

En su discurso, el presidente de Libres del Sur señaló: “Luego del fracaso del kirchnerismo, que nos dejó entre otras cosas el treinta por ciento de pobreza en medio de un entramado de corrupción monumental, y del desastre al que nos ha conducido ahora Macri, producto de su neoliberalismo y el lamentable acuerdo con el FMI, nuestro país necesita urgente un rumbo distinto para su economía, su sistema político y su democracia”.

“Si queremos reconstruir credibilidad en la política, la nuestra debe ser una Democracia Participativa. Donde el pueblo no solo se exprese a través de sus representantes, como es hasta ahora, sino que tenga canales concretos de participación y decisión en los grandes temas nacionales, provinciales y municipales. Al mismo tiempo hay que eliminar en serio la corrupción en la política. Impunidad para nadie, aquellos que hayan robado o que roben en el futuro deben ir inexorablemente presos. Nos debemos otro país y es posible hacerlo”, afirmó Tumini.

 

Por su parte, el referente chaqueño Carlos Martínez coincidió con el candidato en que la Argentina “necesita un nuevo rumbo” y agregó que “Tumini es la persona indicada para, dentro de un gran Frente Nacional, conducir los destinos de la nación a un futuro de justicia e igualdad”

Finalmente, Patricia Lezcano dijo que “si queremos vivir en un país con igualdad de género y un pleno respeto a los derechos de las mujeres, Humberto Tumini, como representante de Libres del Sur, es la persona indicada”.

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José Aguilar fue electo como Asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación

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El actual vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, José Luis Alberto Aguilar, fue designado asesor ad-honorem del consejero, Alberto Agustín Lugones, en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución N° 125/18 de la Presidencia del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

La misma se establece en consideración al “Régimen de designación de asesores ad honorem” al que deberán sujetarse los colaboradores designados en tal carácter.

Por ello, el Consejero Alberto Lugones, solicitó la designación de los doctores Abel Sánchez Torres y José Luis Aguilar como asesores ad-honorem, en los términos previstos por la resolución firmada por su presidente, Ricardo Recondo.

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