Connect with us

Politica

El escandaloso final de la YPF de Macri por un negociado

Publicado

on

Una licitación para el transporte de combustible pone en jaque a los trabajadores. Por detrás, se vislumbra un polémico negocio.

 

“Esto es la muerte de la industria naval”, “está en peligro el futuro de miles de trabajadores”, son algunos de los testimonios de las víctimas de lo que podría ser la última jugada de la YPF macrista. Es que la empresa 51% estatal adjudicó una licitación que pone en peligro al aparato de transporte de combustible nacional y que beneficia a los intereses empresariales que vienen del extranjero.

 

 

La firma cambió de proveedor para el transporte de combustibles en el tramo fluvial desde San Lorenzo (Santa Fe) y Barranqueras (Chaco), luego de una licitación pública internacional. Con esta decisión, se dejó de lado a National Shipping, empresa que históricamente realizó el servicio. Según pudo corroborar El Destape, fueron las condiciones bajo las cuales la firma ganadora se hizo de la licitación.

 

 

Quien resultó ganador de la licitación fue Horamar, cuya propuesta contemplaba la incorporación a la bandera argentina de 2 remolcadores fabricados en China y la construcción de seis barcazas tanque de mayor capacidad, con presupuesto datado en astilleros paraguayos. De esta forma, YPF le adjudicó la licitación a un proveedor sin las embarcaciones necesarias para el transporte, no exigió la premisa del “compre nacional” y discriminó a los oferentes locales que si cotizaron con presupuestos solicitados en astilleros argentinos.

 

 

Antes de lanzar la licitación, YPF recibió de parte de National Shipping una propuesta para reducir un 40% los costos del contrato si la petrolera accedía a una renovación. La empresa controlada por el Estado alegó que esa oferta se formalizó sobre el lanzamiento de la licitación, por lo que no había tiempo de frenarla.

 

 

Entonces, la petrolera flexibilizó la condiciones del pliego para evitar reclamos legales futuros. Aún así, National presentó la mejor oferta durante la primera vuelta de la licitación, pero extrañamente —aunque en su derecho— YPF realizó una segunda ronda que finalizó con la adjudicación a manos de Horamar.

 

 

Tal vez sea el apuro del Gobierno en darle beneficios a sus amigos hasta el último día, ya que no hubo argumentos desde la empresa por haber licitado de estas manera un contrato que recién entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

 

 

La preocupación de los trabajadores

 

No se trata de un contrato más para YPF: es el más grande en el segmento de transporte marítimo de hidrocarburos y regula el principal corredor de combustibles del país. Desde el directorio sostienen que la rebaja de costos justifica la decisión. Pero… ¿Cuál es el costo real de beneficiarse por supuestas exenciones impositivas?

 

 

La construcción de barcazas y remolcadores en Paraguay está teñida por un hecho bastante particular que YPF no toma en cuenta: en el país limítrofe, las tareas se realizan bajo los parámetros más precarios que se conozcan en el rubro.

 

 

Trabajo infantil, condiciones de seguridad obsoletas y fuera de cualquier control, y tecnologías que no corresponden a la complejidad que requiere la tarea son algunas de las características de la “industria” paraguaya.

 

 

Desde el sindicato de Flota Petrolera e Hidrocarburífera -que integra la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (Fempinra)- alertaron por la situación. En diálogo con El Destape, señalaron que sienten una “traición” por cómo se han comportado en su rol de proveedor para la empresa estatal durante décadas.

 

 

Cuando YPF fue privatizada en 1992, se dispuso la venta de activos no deseables, entre los que se encontraban incluidos 16 buques tanque que constituían su flota petrolera. El proceso culminó con la adquisición de cuatro buques por parte de los trabajadores, que salvaron su actividad.

 

 

Lejos de presentar una ilógica oposición sindical, en aquel momento propusieron y obtuvieron la siguiente armonización de intereses: los trabajadores se comprometieron a firmar un contrato de transporte con YPF por cuatro años rebajándole (y obligándose a mantener por cuatro años) el 35% de las tarifas de transporte vigentes en el mercado.

 

 

A su vez, los trabajadores pagarían con dicho contrato de transporte el valor de los buques en 48 cuotas iguales y consecutivas. A lo largo de los años, la relación se intensificó a través de mayores beneficios a la empresa estatal, que bajo la conducción macrista rompió con el trato.

 

 

Por el momento, a los actores involucrados involucrados en la licitación no se les comunicó los argumentos que motivaron a la adjudicación para Horamar.

 

 

QUÉ ES HORAMAR

 

 

La empresa inició sus operaciones en 1978 de la mano de Claudio y Carlos López,  y 30 años más tarde- en 2008- se fusionó con Navios Maritime Holdings, una armadora de origen griego que tiene sede en Montevideo y filial en Asunción. La firma europea era subsidiaria de US Steel, una productora de acero que tiene estrechos vínculos con banco de inversión JP Morgan.

 

 

Este holding, que controla que controla distintas navieras como Horamar, pasó a ser también dirigido por los López durante el proceso de fusión. Tiene como presidenta a Angeliki Frangou, una griega con amplios vínculos en Estados Unidos y Londres. Formalmente, Claudio López es director ejecutivo, vicepresidente y director, mientras que Carlos es director comercial, y se encarga de la división de envíos.

 

 

En conversación con este medio, fuentes del área transportista remarcaron que Horamar arrasó con el mercado paraguayo, el paraíso impositivo que eligieron para desarrollarse. Incluso en encuentros con el entorno del propio expresidente Horacio Cartes se hablo de lo “imposible que es sacárcelos de encima”.

 

 

En 2016, los “pitufos” (como son conocidos los López en el ambiente) incorporaron como director encargado de la representación pública e institucional a Pedro Eugenio Aramburu, quien forma parte del estudio de abogados de Pérez Alati, Grondona y Benites & Arnsten. Sus integrantes se dedican al lobby de alto vuelo, por lo que participan en directorios de numerosas sociedades.

 

 

Concretamente, los representantes de los trabajadores afectados señalan que el otorgamiento sería una exigencia por parte de los accionistas de YPF radicados en Estados Unidos con la finalidad de beneficiar a un holding vinculado.

 

 

En ese marco de beneficios, se vería involucrado el propio presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, en comunión con empresarios amigos que habrían apurado la licitación. Entre ellas, por ejemplo, se encontraría el fondo Southern Cross, según apuntaron.

 

 

Golpe a la industria naval

 

Las consecuencias de que las construcciones se hagan el extranjero y no en Argentina golpean de lleno a la industria naval, ya que el contrato prevé seis barcazas y dos remolcadores.

 

 

La presidenta de la Cámara de la Industria Naval (CINA), Silvia Martínez, solicitó que se investigue si se cometieron irregularidades en el proceso licitatorio ante la Oficina Anticorrupción.

 

 

Martínez también rubricó una demanda contra YPF en la Justicia en la que requiere que se secuestre toda la documentación vinculada con el concurso, incluso los mails enviados entre los directivos de la petrolera y Horamar. Las actuaciones recayeron en el Juzgado federal Nº 10 del fuero Civil y Comercial.

 

 

La representante de la industria afirmó a este medio que “esto representa la posible muerte de la industria”. Además, añadió: “Lo grave es que si se permite, todos los armadores van a querer construir en Paraguay para traerlo con arancel cero por Mercosur. Los astilleros argentinos desaparecen”.

 

 

La CINA objeta que YPF, una empresa controlada por Estado, incentivará el desarrollo de la industria naval del país vecino, que es más incipiente y tiene menos capacidad instalada que la argentina.

 

 

Por eso, en sus demandas judiciales denuncia a la petrolera que preside Gutiérrez de incumplir con el artículo 15 de la Ley 27.418 (de Promoción de la industria naval), sancionada hace apenas dos años con respaldo de Cambiemos en el Congreso.

 

 

“Esa Ley sólo permite recurrir a la construcción de buques en el extranjero, previo informe fundado elaborado por la Comisión asesora de la industria naval”, advirtió la cámara naval.

 

 

“Resulta sugestivo el hecho de que además de que no se habría solicitado ese informe, tampoco se consignó en los pliegos de licitación el requisito de que las embarcaciones para prestar el servicio solicitado debían ser construidas en el país”, resaltó el documento presentado.

 

 

A este reclamo se sumó la Fempinra, que presentó  un recurso de amparo para exigir que se declare “ilegal, inconstitucional y nula” en el juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad denunció que la decisión de YPF “pone en riesgo más de 2000 puestos de trabajo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial argentina”.

 

 

En un comunicado, aseguraron no compartir ni comprender estas acciones que “en definitiva terminan perjudicando cualquier posibilidad de que se pueda concretar en nuestro país alguna parte del todo de estas construcciones”.

Politica

Chaco dejó atrás el aislamiento obligatorio y ahora rige el distanciamiento social

Publicado

on

Por

El gobernador Jorge Capitanich presentó a los miembros firmantes del Plan de desescalada el decreto provincial 896/20 en el que Chaco se adhirió al DNU nacional 641/20 que habilita a la provincia a pasar de la fase de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) a la de Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO). La medida es posible gracias a la mejora en los indicadores epidemiológicos durante las últimas semanas.

“Esta no es una decisión unipersonal, es una decisión colectiva, implica trabajar juntos para resolver un problema y lo tenemos que sostener todos, de manera conjunta. Debemos ser absolutamente responsables, tanto de manera individual como colectiva. La participación de todos los actores nos ha permitido mejorar los indicadores y debemos seguir por ese camino”, afirmó el mandatario.

Para definir el cambio de fase, no solo se contempló la situación epidemiológica de cada provincia, sino también las tendencias que describen las variables estratégicas, entre ellas la evolución de casos y fallecimientos, los tiempos de duplicación, el tipo de transmisión, la respuesta activa del sistema para la búsqueda de contactos estrechos y adicionalmente la capacidad de respuesta y de saturación del sistema de atención de la salud.

Participaron de la reunión virtual, la secretaria General de Gobernación, Noelia Canteros; el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; los intendentes Gustavo Martínez de Resistencia, Magda Ayala de Barranqueras, Bruno Cipolini de Sáenz Peña, Liliana Pascua de Enrique Urien, el presidente de la Unión Industrial del Chaco (UICh), Andrés Irigoyen; el presidente de la Federación Económica del Chaco, José Luis Cramazzi; la secretaria general de la CGT Chaco Graciela Aranda; la secretaria general de la CTA Chaco, Belén Rodríguez; Ana Nicora, referente de CTA y Agricultura familiar; la rectora de la UNNE, Delfina Veiravé y el médico integrante del Comité de Emergencia Alberto Barsesa.

“Con este panorama, el Chaco fue la única provincia del país que mejoró todos los factores mencionados, logrando que el departamento San Fernando (único distrito provincial que estaba dentro de la fase ASPO) pasara a encontrarse bajo el régimen DISPO con este nuevo DNU”, dijo el Gobierno. Este cambio se produjo debido a la estabilización de la velocidad de aumentos de contagios y al mejoramiento del tiempo de duplicación de casos, que al jueves 30 de julio era de 49,6 días.

Sin embargo, la disposición aclara que la transmisión comunitaria viral extendida aún continúa vigente en el departamento San Fernando, por lo que se prolongó la prohibición de eventos sociales o familiares en espacios cerrados cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. “Los 15 días que brinda el DNU sobre este punto es muy bueno, porque nos da nosotros capacidad de supervisión y control en el territorio”, destacó el gobernador.

Capitanich valoró la medida como “un avance cualitativo”, debido a que el resto de la provincia ya estaba incorporada al DISPO, “pero había excluido al área metropolitana del Gran Resistencia”, aseguró.

“Estamos muy agradecidos con los trabajadores de la salud, de seguridad y con la gente por el gran esfuerzo, pero también necesitamos entender que la irresponsabilidad de algunos no puede poner en peligro todo ese esfuerzo. Debemos ser absolutamente responsables, tanto de manera individual como colectiva”, señaló Capitanich.

“PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD PARA AVANZAR”

El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, celebró el cambio de fase señalando el impacto positivo en los indicadores, pero instó a continuar trabajando con compromiso para seguir avanzando. “Si bien, hay mucha ansiedad por parte de todos los sectores, tenemos que seguir con el mensaje de responsabilidad y cuidado sin generar preocupación e incertidumbre”, puntualizó.

Martínez valoró también el trabajo entre el Municipio y el Gobierno provincial para evitar aglomeraciones de vecinos. “Coincido con el Gobernador en que no nos tenemos que descuidar. Por eso, la Secretaría de Gobierno de la ciudad está trabajando con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia para establecer mejores protocolos de intervención ante reuniones sociales”, dijo el intendente.

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Hugo Sager, hizo hincapié en los jóvenes “entre 14 y 30 años”, ya que “es allí donde tenemos que hacer mucho esfuerzo porque la mayoría de ellos son asintomáticos y vehículos del virus. Habrá que extremar medidas de concientización para que se tome verdaderamente dimensión de lo que implica”, enfatizó.

Además, el legislador se refirió al Plan Detectar, y expresó que “tenemos que seguir apoyándolo. Tiene que seguir estando en todos los sectores, porque nos despierta cuando estamos aletargados y nos permite ir controlando los focos, permitiéndonos mantener los índices”.

QUÉ IMPLICA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO

Definido por los sucesivos decretos nacionales, el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” será la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con todos los cuidados y resguardos necesarios, y sosteniendo un constante monitoreo de la evolución epidemiológica para garantizar un control efectivo de la situación.

Regirá el DISPO en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva una serie de parámetros epidemiológicos y sanitarios definidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Durante la vigencia del DISPO, las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial, que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del 50% de su capacidad.

La provincia del Chaco, mediante su Plan de desescalada, definió la reglamentación en días y horas para la realización de actividades y los requisitos para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

Seguir leyendo

Politica

La reforma judicial comienza a ser debatida con la presencia de la ministra Losardo

Publicado

on

Por

Desde las 16 la ministra de Justicia participará de una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

El proyecto de ley de reforma judicial que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal en todo el país comenzará a ser debatido hoy en el Senado con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

La intención del oficialismo es escuchar los detalles que la funcionaria desplegará desde las 16 en una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, y luego avanzar en una ronda de preguntas en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición.

Losardo abrirá las audiencias en el Senado, que continuarán durante las próximas semanas.

La intención del oficialismo y de la oposición es agrandar el debate con la presencia de especialistas convocados por ambas bancadas para llegar a la firma del dictamen que podría hacerse en la tercera semana de agosto.

La idea, entonces, sería que el proyecto llegue al recinto de sesiones antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados.

La lista de invitados para las próximas audiencias se dará a conocer hoy al mediodía.

El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal crea la nueva “justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica”.

Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán.

Habrá un sistema de subrogancias con máxima transparencia en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Seguir leyendo

Politica

Alberto Fernández presentará este martes el nuevo Procrear

Publicado

on

Por

La nueva versión del Procrear será detallada por Alberto Fernández este martes desde las 11.30 y contará con $25 mil millones en nueve líneas de créditos.
El presidente Alberto Fernández relanzará este martes el plan Procrear, que presentará un nuevo esquema que estipula una inversión de 25 mil millones de pesos a distribuir en nueve líneas de créditos y que tiene el objetivo de “reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional”, según se informó oficialmente.

Alberto Fernández encabezará la presentación del Procrear a partir de las 11.30 en un acto en la Residencia de Olivos y estará acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, entre otros funcionarios.

De este modo, con el Procrear, el Gobierno nacional “vuelve a sus mejores prácticas, a las que tienen que ver con un programa destinado a llevar de la mano de la vivienda, el derecho al trabajo”, expresó Bielsa a Télam Radio y agregó el plan ofrecerá “nuevas modalidades”, además de mantener las líneas históricas y de concretar entregas de viviendas de forma virtual en diferentes puntos del país, con créditos orientados a la construcción, ampliación y refección de inmuebles, con el objetivo de “reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional”.

“El Procrear ha sido un programa extraordinario y virtuoso que entre 2008 y 2015 tuvo un efecto importantísimo y un gran impacto, no sólo por el acceso a la vivienda sino por la generación de empleo”, recordó Bielsa sobre el Procrear y sostuvo que el plan tiene la impronta de “un buen sello, muy potente, y va a volver a ser muy potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto”.

En ese sentido destacó la importancia del “trabajo conjunto con el sector privado” en el Procrear ya que “el Estado solo no resuelve el problema habitacional” y ratificó el compromiso del Gobierno expresado en “la decisión política y económica de impulsar fuertemente la construcción y la construcción en vivienda” con los créditos.

“Sabemos que es uno de los sectores que más rápidamente reactiva la economía así que hay una fuerte decisión de trabajar en obras públicas, con educación y salud porque las viviendas están pensadas dentro de un hábitat”, aseguró la ministra.

En esta nueva etapa el programa se implementará en toda la Argentina, y las nuevas líneas de Procrear se complementarán con el Plan Nacional de Suelos, lo cual, consideró, “promoverá la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado, que a su vez originarán relaciones formales con las provincias y municipios para poder crear bancos de tierra urbanizada y facilitar el acceso a la vivienda”.

Seguir leyendo

Tendencia