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Milei y la Corte Suprema: los fallos pendientes que inquietan al Gobierno y la trama que impulsó a Lijo y Mansilla

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La propuesta del presidente Javier Milei para completar la Corte Suprema de Justicia con el juez Ariel Lijo generó críticas de un sector de la oposición que el Gobierno se vio obligado a responder con una mención a su «especialización en el derecho penal», pero el trasfondo de la decisión es más denso y roza con la expectativa del oficialismo por los fallos que están pendientes más los que podrían darse en el futuro.

A su vez, la polémica y los cortocircuitos políticos que empezaron a verse con la propuesta de Lijo para cubrir la vacante que dejó la jueza Elena Highton de Nolasco, acompañada del anuncio por anticipado del académico Manuel García Mansilla como reemplazante del juez Juan Carlos Maqueda que se jubilaría en diciembre amagan con ser más amplios de lo que se ve hasta ahora.

Las críticas salieron principalmente de la Coalición Cívica y sectores de la UCR y apuntaron contra la nominación de Lijo, al que califican -palabras más o menos- como un supuesto garante de la «impunidad» de la «corrupción K». En tanto, en el kirchnerismo por ahora se centran solo en la cuestión de género por la ausencia de mujeres en la propuesta, pese a ser la oposición más «dura» y frecuentes críticos del mundo Comodoro Py, al que Lijo representa como pocos.

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Todo esto hizo que el clima se enrareciera alrededor del anuncio de Milei en las horas posteriores. «Es posible que esté viendo a una Corte no tan amigable con sus planes y empiece a buscar su propia pata judicial», evaluó ante iProfesional una fuente del Congreso que suele seguir de cerca la relación entre la política y la Justicia.

Lo que están mirando por estas horas en ese ámbito y, según supo este medio, también en el mundo judicial, son las resoluciones que tienen pendientes la Corte sobre el «mega DNU» y la disputa de la Nación con las provincias, por un lado, y la polémica futura por el plan dolarizador. Especulan que las razones profundas del anuncio de Milei sobre Lijo y Mansilla se encuentran allí y en los mensajes que envió en el último tiempo el máximo tribunal al Gobierno.

Milei pone la mira en la Corte Suprema: ¿qué decisiones clave para el Gobierno están pendientes?

 

«La Corte tiene el tema del DNU, tiene la pelea con las provincias que demandaron al Gobierno y a futuro capaz tiene que opinar sobre la dolarización o alguna decisión de ese tipo», repasó ante este portal la misma fuente, al tiempo que recordó que en los últimos meses se vieron algunos roces entre la Casa Rosada y el máximo tribunal que casi pasaron inadvertidos.

Milei espera una definición de la Corte sobre el DNU pero hay otros temas clave para el Gobierno pendientes de fallo

 

En la víspera del rechazo al decreto 70/2023 por parte del Senado, el gobierno de Milei sacó un comunicado en el que, además de advertir sobre el «retroceso» que implicaría su caída, mencionó que el DNU «se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia». Hasta ahora, eso no ocurrió.

La demora de esa decisión obligó al Gobierno a buscar un acuerdo político -todavía en proceso- para avanzar con leyes que blinden el contenido del DNU insignia de la gestión de Milei y apoyarse en gobernadores y en la oposición dialoguista para mantener a raya el peligro de que la Cámara de Diputados lo sepulte definitivamente.

En paralelo, algunos de esos gobernadores tienen reclamos pendientes en la Corte Suprema contra la Nación por la restitución de fondos que la administración anterior de Alberto Fernández o la actual de Milei (a los efectos de la disputa judicial Nación-provincias da lo mismo) les recortó, como Buenos Aires, La Rioja, Misiones, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.

Las definiciones que caldearon el clima entre Gobierno y Corte

 

Mientras esos temas están en la Corte pendientes de resoluciones que de un momento a otro podrían alterar los planes de Milei, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, envió en los últimos meses mensajes cifrados que apuntan al aspecto que más difícil le resulta al Presidente: que estos problemas los resuelva la política.

Hace dos semanas, durante su exposición en el evento anual que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, Rosatti afirmó que «se desafía a la seguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política» y advirtió que «frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial».

Una fuente de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados señaló a iProfesional que en el Congreso también entienden que «la Corte siempre va a preferir que el tema del DNU y la disputa entre el Gobierno y las provincias los resuelva el Congreso y la política en general». El problema es que Milei ya ha mostrado dificultades para avanzar por esa vía.

Rosatti había deslizado que los conflictos deben resolverlos la política y previamente advirtió sobre la dolarización

 

Pero además, en aquella exposición Rosatti también arrojó un comentario que sonó a chicana cuando se refirió a Juan Bautista Alberdi, el prócer favorito de Milei, como alguien «tan citado y tan poco leído» y remarcó que la Constitución «es la carta de navegación de un país» y «en el caso argentino, es también la tabla de salvación cuando el barco parece a punto de naufragar en un mar complejo».

Esa referencia a la Constitución también recuerda que en septiembre del año pasado, plena campaña electoral, Rosatti afirmó que «si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional» justo cuando Milei instalaba el tema que, todavía hoy, genera expectativas en el mercado y hacia adentro del propio Gobierno.

¿Qué implica la propuesta de Lijo y Mansilla para la relación Gobierno-Corte?

 

Es en ese cruce de las decisiones que tiene pendientes la Corte con las definiciones que ha dejado Rosatti donde algunos dirigentes políticos ven el verdadero trasfondo de la propuesta de Milei para que Lijo y García Mansilla ingresen eventualmente al máximo tribunal.

La postulación de García Mansilla, decano de la Facultad de Derechos de la Universidad Austral, sorprendió porque se anticipa a la jubilación de Maqueda que está prevista recién para diciembre, siempre y cuando el magistrado no pida una prórroga para seguir en el cargo a pesar de cumplir 75 años. Hay antecedentes sobre ese mecanismo que lo avalarían.

Pero además de ese movimiento curioso por parte del Gobierno, García Mansilla sobresalió en el anuncio porque a priori parece un juez afín a los principios ideológicos de Milei. Se comentó mucho en las últimas horas su postura en contra del aborto legal pero más notable es que ha expresado en el pasado reciente que la dolarización de la economía es «totalmente compatible» con la Constitución Nacional, a la inversa de Rosatti.

En tanto, Lijo es señalado como un juez cercano a Ricardo Lorenzetti, además de ser conocido por haber tenido a su cargo numerosas causas judiciales sensibles para el poder que han involucrado directa o indirectamente tanto a Cristina Kirchner como a Mauricio Macri, lo que demuestra su habilidad para manejar la siempre difusa relación entre política y Justicia.

La postulación de Lijo generó críticas en una parte de la oposición mientras que la de Mansilla llamó la atención por su perfil

 

Y es aquí donde entra en juego la relación interna de los jueces de la Corte. Rosatti, junto a Carlos Rosenkrantz y Maqueda, integran hoy una mayoría que le quitó influencia en las decisiones a Lorenzetti. Si bien esto no es lineal y las posturas de los jueces varían según el tema sobre el cual deben fallar, en varias de las últimas sentencias importantes se vio esa división.

Esta situación es la que genera suposiciones en el Congreso sobre la posible intención de Milei de empezar a armar un polo más afín a su Gobierno en el Poder Judicial y genera reacciones llamativas en la oposición.

Críticas y sospechas de la oposición, con un ojo en Milei y otro en el kirchnerismo

 

A pesar de ser la oposición más dura a Milei, el kirchnerismo mantiene un llamativo silencio sobre la propuesta del Presidente para la Corte. El espacio que lidera Cristina Kirchner suele estar pendiente de cada paso de la «corporación judicial» y de los antecedentes de cada juez del fuero federal pero, en ese caso, los cuestionamientos se limitaron a la cuestión de género.

En ese contexto, en otro polo de la oposición pusieron un manto de dudas sobre la postulación de Lijo pero no solo por los antecedentes que le cuestionan sino porque deberá pasar el filtro de un Senado donde Milei está muy lejos de una mayoría propia y la bancada kirchnerista es clave para dársela.

El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fue el encargado de poner la mira en ese tema, al expresar que «si llega a la Corte es con los votos del kirchnerismo y si los senadores de Cristina lo votan es porque le garantizan impunidad», al tiempo que pidió que «la UCR y el PRO no se presten».

Toda la Coalición Cívica, espacio que todavía lidera a control remoto Elisa Carrió, apuntó a la nominación de Lijo para la Corte, con la mira puesta en Lorenzetti, históricamente criticado por la ex diputada.

Al ser consultado por las críticas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que «Lijo es el único juez que tiene especialización en derecho penal y ha hecho carrera en el Poder Judicial», al tiempo que destacó la voluntad del Gobierno por completar la integración de la Corte mientras la gestión anterior le promovía juicio político a sus miembros.

Sin embargo, el trasfondo de la decisión de Javier Milei de propone a Lijo para cubrir la vacante actual y de adelantarse con la nominación de García Mansilla agita las especulaciones en un clima político y judicial que ya venía caldeado por las decisiones pendientes los movimientos de un Gobierno que busca avanzar con su programa entre varias dificultades.

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Tras las críticas, La Cámpora se defiende y busca dar un mensaje de apertura en el peronismo

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“La foto de la mesa del Congreso del PJ no es una foto del copamiento de La Cámpora. La Comisión de Acción Política que se armará en el partido será igual. Una mesa variopinta. El nuevo deporte nacional es tirarnos a nosotros. Muchas veces en forma infundada. Somos un espacio político que parece duro pero no lo es”.

Un importante dirigente camporista resumió en esa frase la sensación actual de la organización que conduce Máximo Kirchner, que fue duramente criticada en el último congreso del PJ Nacional, acusada de dejar afuera de las decisiones importantes y las listas legislativas a la mayor parte del peronismo. La mesa de la que habla tenía representantes del PJ Bonaerense, los gobernadores, los sindicatos y el kirchnerismo. Y los cuestionamientos llegan en un momento donde la dirigencia justicialista exige un debate profundo y autocrítico en forma horizontal.

En varios sectores del peronismo apuntan contra el camporismo por sus modales, sus exigencias, sus formas en la gestión del poder y su estilo de negociación en el territorio. No los quieren y les desconfían. Quizás el comienzo de ese distanciamiento haya nacido en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando la agrupación se desperdigó por los distintos resortes del Estado y acumuló poder a toda velocidad, para terminar influyendo en forma determinante en los destinos de la gestión.

El último viernes, en el congreso partidario, los que hablaron apuntaron directamente contra La Cámpora, aunque prefirieron no nombrarla. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; el senador provincial Sergio Berni y el ex gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, tuvieron un punto de coincidencia en sus expresiones: la definición de unos pocos dirigentes sobre el futuro del peronismo. La mesa chica donde el hijo de la ex vicepresidenta tiene una fuerte influencia.

Gray, enfrentando con Kirchner desde hace un puñado de años por la conducción del PJ Bonaerense, dijo que en la última elección “perdió una cúpula de dirigentes cerrada y mezquina”, mientras que Berni, que tiene una relación sinuosa con el camporismo, habló de la “mezquindad de la rosca entre tres y cuatro”. Ambos pidieron elecciones urgentes y con la presencia de todos los sectores, con el fin de desarmar la cúpula de decisiones. La abolición de la lapicera frente a la derrota del pasado reciente.

La agrupación ultra K convocó a cerca de 25.000 militantes para marchar el 24 de marzo por las calles de Buenos Aires La agrupación ultra K convocó a cerca de 25.000 militantes para marchar el 24 de marzo por las calles de Buenos Aires

“¿Se puso solo Berni en las listas? ¿O quién lo puso? ¿Quién hizo la campaña de Agustina Propato en Zárate? Es raro”, reflexionó un peso pesado de la agrupación, en referencia a la candidatura del ex ministro de seguridad bonaerense como senador provincial y de su pareja a intendenta de la localidad bonaerense.

Uno de los que suele criticarlos cada vez con más frecuencia es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que se encolumnó detrás de Axel Kicillof, en una batalla política que todos aceptan y tratan de esconder, lo más que se pueda, debajo de la alfombra. En la orga, como le dicen los militantes y dirigentes, cuestionan al jefe comunal por haber partido el bloque de concejales en Lanús, donde gobierna el camporista Julián Álvarez.

Ferraresi les factura el desgaste a la gestión del Gobernador, la presión para que sea candidato a presidente, la imposición -vía CFK- de un puñado de intendentes en el Gabinete, el internismo y los cierres de listas de la tercera sección electoral. Una foto partida que divide dos formas de hacer política en la provincia y que mantiene la interna viva como un volcán en erupción.

“¿Qué legislador quiere poner en una lista un intendente que rompe un bloque de concejales a una semana de asumir un colega suyo? Es más fácil blanquear que quería un lugar en el Gobierno y no lo tuvo”, explicaron en La Cámpora. En Avellaneda dicen que nunca los convocaron a formar parte del armado gubernamental tal como se había acordado. “No hubo ni construcción colectiva, ni participación de todos”, indicaron. Los pases de factura no se terminan nunca.

En el caso de Gray, en la agrupación ultra K aseguran que nunca se metieron en su territorio. Advierten que la discusión va por otro carril, que tiene que ver con la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ Bonaerense, mandato que el intendente bonaerense impugnó y denunció por considerar que estaba viciado de irregularidades.

La mesa del Congreso del PJ donde aparecen representados todos los sectores del peronismo (Maximiliano Luna)La mesa del Congreso del PJ donde aparecen representados todos los sectores del peronismo (Maximiliano Luna)

A la salida del congreso del PJ, en diálogo con Infobae, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, parte de la mesa chica de La Cámpora, se refirió al tema. “Máximo no fue un presidente que se impuso. Tuvo el respaldo de la mayoría de los intendentes de la provincia”, señaló. Y agregó un mensaje con destino hacia el corazón del peronismo. “Hay que resignificar la frase ‘la unidad hasta que duela’. Tiene que haber unidad para que no le duela a la gente. Pero tiene que ser una unidad coherente”, sostuvo.

Al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, también le apuntan y lo tienen en la mira, porque saben que las críticas hacia ellos salen como misiles de la localidad más poblada del conurbano. “Lo apoyamos en la interna con el Movimiento Evita. Fue el único intendente al que Cristina recibió en las PASO. No sé cuál hubiese sido la historia si jugábamos al revés. Hay críticas infundadas”, sentenció una voz propia con peso en el esquema camporista y que conoce al detalle los acuerdos subterráneos de la política electoral bonaerense.

En el camporismo aceptan errores del pasado pero creen que están demonizados por demás y que en los años electorales han mostrado flexibilidad para construir acuerdos con sectores que los criticaban duramente. Entre los recuerdos aparece la elección legislativa del 2017, cuando el grupo de intendentes denominado Esmeralda, liderado por el entonces jefe comunal de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, llegó a un acuerdo con el kirchnerismo duro para confluir en un espacio que llevó, sorpresivamente, a Cristina Kirchner como candidata a senadora nacional.

También recuerdan la búsqueda de consenso con Alberto Fernández y Sergio Massa en el 2019, cuando se formó la coalición peronista que le ganó a Mauricio Macri, luego de que ambos los habían criticado enfáticamente durante largos años. “Nos dijeron barbaridades y después pudimos acordar”, explicaron en el corazón de la organización. El pasado no se borra, pero se reescribe con omisiones necesarias para cimentar un consenso amplio. De eso se trató el último experimento fallido llamado Frente de Todos.

Máximo Kirchner junto a Juan Grabois y "Paco" Manrique en la marcha del 24 de marzo Máximo Kirchner junto a Juan Grabois y «Paco» Manrique en la marcha del 24 de marzo

Lo cierto es que el camporismo se ganó múltiples enemigos internos por su conducción política en las terminales estatales que gestionaron y por el armado de listas, donde muchos dirigentes del peronismo tradicional quedaron marginados. Incluso, hay una enorme cantidad de dirigentes que los responsabilizan por la crisis política que sufrió Alberto Fernández, cuando el ex ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro presentó su renuncia después de la derrota electoral en las elecciones del 2021. En el camporismo reconocen que hubo jugadas políticas desmedidas y peligrosas. Tarde pero lo asumen.

En La Cámpora dicen que la marcha del 24 de marzo sirvió como ejemplo de la voluntad del espacio político de “tender puentes”, ya que hubo varios dirigentes de otras terminales peronistas que acompañaron una caminata que desde hace años lleva la marca de la agrupación. Que no están cerrados, como les endilgan, y que hablan con todos. Quieren dar una señal de apertura en una etapa donde la discusión es horizontal. Solo los hechos demostrarán si las palabras no se diluyen en el tiempo.

A lo largo de la caminata por Avenida Libertador del último domingo estuvieron los dirigentes sociales Juan Grabois, Natalia Zaracho y Leonardo Grosso; Cecilia Moreau, del Frente Renovador; Carlos Castagneto, del kirchnerismo histórico; Hugo Yasky (CTA), Daniel “Tano” Catalano (ATE) y “Paco” Manrique (Smata), del sindicalismo; y los intendentes Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Federico Achaval (Pilar) y Mariel Fernández (Moreno).

Hay sectores de Unión por la Patria (UP) que confluyen, sin problemas ni resquemores, con el armado ultra K, como también hay terminales del peronismo del interior que miran de reojo a Máximo Kirchner y su agrupación. Es una convivencia compleja donde, en ambas partes, aceptan que habrá choques de intereses de cara al armado electoral del 2025. La discusión sobre la renovación de los liderazgos y la agenda de políticas públicas modificará el mapa peronista a nivel federal. Pero para eso aún falta recorrer un largo camino.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, llamó a armar un nuevo espacio peronista para apoyar la candidatura de Axel Kicillof en el 2027El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, llamó a armar un nuevo espacio peronista para apoyar la candidatura de Axel Kicillof en el 2027

En el camporismo aceptan que hay rispideces con varios intendentes, pero que no sucede lo mismo con los gobernadores. “Nunca nos metimos en sus territorios”, afirman. En cambio, la provincia de Buenos Aires es un mapa donde la agrupación disputa poder con los dientes apretados. Allí se concentra el núcleo político más consistente y el mayor respaldo electoral. No es casualidad que en la organización saquen a relucir las 12 intendencias conseguidas en la última elección. Lo sienten como un premio popular que los legitima.

La jefa del kirchnerismo bajó un mensaje claro en los últimos meses. Planteó, en público y en privado, la necesidad de generar acuerdos parlamentarios con la oposición dialoguista, que permitan reconstituir el financiamiento de las provincias, luego del ajuste de Javier Milei. Esa es la misión que está obligado a seguir Máximo Kirchner y que, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tiene el deber de ejecutar Germán Martínez. Nuevos acuerdos que muestren la capacidad del peronismo para construir mayorías y no quedar como opositores irracionales.

Una definición de un histórico dirigente K, muy cercano al hijo de la ex vicepresidenta, quizás sirva para explicar los motivos por los que el camporismo sigue siendo un actor fuerte en la negociación de listas legislativas y lugares dentro del organigrama del Estado: “No hay kirchnerismo sin Cristina. Y no se puede pensar a Cristina sin Máximo y La Cámpora”.

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Milei y el kirchnerismo buscan confrontar para mantener abierta la grieta y dominar la agenda política

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“Narrativa M” vs “Relato K”. El 24 de marzo llevó al extremo una confrontación de discursos que, cuarenta años después de la recuperación democrática, siguen obstruyendo la posibilidad de una visión amplia y profunda de la dictadura, uno de los períodos más oscuros y trágicos de la historia nacional. Ese contrapunto expuso la versión más ideológica y a la vez tosca de un juego que, en realidad, tiene sentido utilitario y busca sostener en el tablero dos piezas únicas, para dominar el temario político. En estas horas, asoman nuevos ejemplos, desde la disputa por un reciclado anuncio de despido masivo en el Estado hasta la posibilidad de rebautizar el CCK colocando un nombre que sólo irrite a la otra vereda.

La batalla discursiva viste necesidades del momento. La tensión puede correr el foco, en el caso del Gobierno, frente a objetivos que reclaman tiempo -un segundo semestre más aliviado en materia económica- y mientras apuesta a acelerar las negociaciones para cerrar el acuerdo político que tiene que combinar la recortada Ley Bases y alivio fiscal a las provincias.

El kirchnerismo también necesita tiempo en su imaginario de rearmado peronista. Y no sólo como apuesta al deterioro de la gestión de Milei. Por lo pronto, la tensión le permite contener fisuras en la Cámara de Diputados y en el Senado, algo incierto si cierra el pacto político y algunos integrantes del acotado grupo de gobernadores del PJ -tal vez cuatro o cinco de los nueve que suman con algún aliado– terminan jugando fuerte en el Congreso en función de las finanzas de sus distritos.

La recreada tendencia a la “elección” del enemigo como principal estrategia provoca de manera paradójica incomodidad en los dos frentes, según trasciende especialmente en el circuito legislativo. El oficialismo, con graves problemas por su condición de minoría, registra malestar entre espacios dialoguistas y hasta socios -la UCR, Hacemos Coalición Federal y, a veces, el PRO- cuando el Presidente y su círculo más cercano escalan en el discurso contra la “casta”, sin matices. Y en el peronismo/kirchnerismo alimenta tensiones la falta de los márgenes para negociar que requieren las tratativas abiertas o reservadas con las provincias.

El cruce del 24 de Marzo expuso así ingredientes conceptuales y puro cálculo político. La versión más patética volvió a ser la banalización del número de desparecidos en la dictadura. Pero además, representó una vuelta de tuerca, visible quizá como nunca antes, para cristalizar la visión de los 70 en blanco y negro.

El Gobierno hizo explícito un planteo que hasta no hace mucho aparecía más larvado. Su visión “completa” de la historia fue parcial y de manera evidente avala el 76 como reacción frente a la violencia de las organizaciones armadas. Rescata con testimonios el dolor de esas víctimas, que, por cierto, es negado por la otra versión de la “historia”.

Y con la declamada expresión de construir una mirada completa, alimenta el argumento central utilizado para evitar una lectura crítica de la violencia como arma política -incluso en la etapa democrática del último Perón- y no sólo del terrorismo de Estado. Esa reflexión -con algunas primeras expresiones por parte de ex integrantes del PRT-ERP más que de Montoneros- fue abortada especialmente por el kirchnerismo, con el escudo de la “teoría de los dos demonios”. Una especie de encerrona que impedía el rechazo a la violencia como camino políticosin igualarla, por supuesto, a la categoría del terrorismo de Estado.

La foto que difundió CFK el 24 de marzo, junto a Néstor Kirchner, en la ex ESMALa foto que difundió CFK el 24 de marzo, junto a Néstor Kirchner, en la ex ESMA

El mensaje del oficialismo, esperado, alimentó de hecho el discurso cada vez más sesgado de los actos en repudio al Golpe del 76. Y Cristina Fernández de Kirchner no dejó pasar la oportunidad de difundir su mensaje, con protagonismo personal, fotos junto a Néstor Kirchner en el acto de recuperación de la ESMA y alguna chicana al oficialismo. Nada que mostrara el largo camino de la recuperación democrática y de la condena a la dictadura, iniciado con mirada más amplia veinte años antes de su llegada al poder.

Está claro, además, que la confrontación en blanco y negro incluye el pasado pero como parte del juego referido para dominar el tablero político. El ejercicio de Javier Milei es evidente en este primer tramo de gestión, que todavía no cumplió cuatro meses. Son en algunos casos golpes de efecto para mantener expectativas y contener a su electorado, el núcleo propio y la cosecha mayor del balotaje.

Los discursos sobre la reducción del Estado son simplificados cada tanto en anuncios sobre despidos masivos, por la vía de la no renovación de contratos. El último incluyó una cifra impactante: 70.000 empleados. La cifra sobre ese nivel de cesantías en la Administración Nacional fue inmediatamente puesto en duda en medios opositores. Y después, por la vía de fuentes del propio Gobierno, se aclaró que al menos desde fines de marzo, cuando vencen año atrás año miles de contratos, el número sería mucho menor y en función de lo que disponga cada área.

El punto, más allá de las cuentas reales y los peligros que conlleva la generalización de situaciones –desde ñoquis a empleados efectivos-, es que el discurso le resulta útil al oficialismo para mantener ese foco de los recortes del gasto público y, al mismo tiempo, genera el mensaje duro de uno de las organizaciones gremiales, con marca K en su conducción.

También fuerte, en términos simbólicos, es el anuncio sobre la decisión de cambiarle el nombre al CCK. No es un tema nuevo -dio vueltas en la gestión macrista- y la cuestión de fondo, como entonces, es si lo que se busca como objetivo es rebautizarlo de modo tal que exprese una mirada abarcadora y no sólo de la cultura, en lugar de un sello político. El marco general de referencia conspira contra ese sentido.

Las especulaciones y también mensajes en las redes rescataron, otra vez, a Borges, mezclaron chicanas desde posiciones kirchneristas y también incluyeron un reconocimiento al lugar histórico: Palacio del Correo. Más inquietante, como antecedente, resulta el contrapunto representado por la creación del Salón de los Próceres en reemplazo del Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada.

En aquel caso, no sólo la selección de retratos sino el mensaje fue destinado a agregarle combustible a la recreación de la grieta. No fue, como se sigue viendo, un hecho aislado en el juego de dos piezas que se imaginan excluyentes.

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La UBA lanzó una campaña para reclamar por el congelamiento del presupuesto

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una colecta de firmas para mostrar su rechazo al congelamiento presupuestario de las universidades públicas. La convocatoria se desarrolla bajo el lema “Cuidemos lo que funciona. #SomosUBA”.

Con esta campaña, se busca que la comunidad sume su firma en un formulario virtual contra el recorte presupuestario. Podrán participar estudiantes, profesores, no docentes y todas las personas que deseen apoyar. El petitorio será presentado ante las autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso.

La campaña está complementada con un video publicitario que se difundió por redes sociales.

Esta manifestación ocurre semanas después del paro nacional de 24 horas realizado el 14 de marzo, que fue convocado por el Frente Sindical Universitario.

La recolección de firmas se hará de forma virtual. (Foto: NA)
La recolección de firmas se hará de forma virtual. (Foto: NA)

En un comunicado, la UBA expresó su descontento ante las medidas gubernamentales: “El problema presupuestario de la Universidad se planteó a partir de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores del año 2023 al 2024, en el marco de una inflación interanual del 276%. Esto produce que la UBA entre en serio riesgo de desfinanciación durante los próximos meses”, indica.

Hace días, se anunció un 70% de incremento para “gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”, pero desde el centro de educación superior reclaman que esa cantidad solo cubre “el 10% de los gastos que debe afrontar la Universidad para su normal funcionamiento”.

Video Placeholder

El video es parte de la campaña #SomosUBA. (Video: Instagram @uba_ar)

“Esta situación se agrava si pensamos que la UBA, además, tiene a su cargo más de 71 institutos de investigación y 6 centros hospitalarios que atienden a más de medio millón de pacientes por año”, señala el comunicado. Además, las autoridades universitarias alertan que este ajuste se traducirá “en menos clases, menos calidad académica, menos edificios, menos becas, menos servicios en los centros de salud, menos investigación científica y menos seguridad en las facultades”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado hace más de un mes en el que advirtió sobre la “situación crítica de las universidades públicas” y le pidió al Gobierno “incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario” y otras tres medidas fundamentales:

  1. Actualizar los salarios de docentes y no docentes.
  2. Dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas.
  3. Garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

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